Desapercibido dentro de un paquete de decisiones que adoptó en el último acuerdo, la Corte Suprema incluyó un duro revés hacia el holding de la familia del presidente Mauricio Macri. Y lo dejó expuesto dentro de una de las causas que mayores dolores de cabeza le ha traído a su administración: el expediente por la deuda con el Estado de Correo Argentino SA.

El máximo tribunal declaró en pocas líneas “inadmisible” un recurso de queja presentado por SOCMA en una causa civil de las múltiples que corren en paralelo al concurso en la justicia comercial. El impacto de la decisión de la Corte no solo está marcada por los montos en juego por un seguro de caución ligado a la malograda explotación del servicio postal, sino porque deja debilitada la posición de la empresa respecto de la batería de juicios contra el Estado con los que ha logrado estirar indefinidamente el pago de la deuda, lo que derivó también en una investigación penal por posibles ilícitos.
La discusión se remonta al pliego de concesión de Correo Argentino SA por los servicios “postales, monetarios y telegráficos” donde se le exigía a la empresa que contrate un seguro de caución que le permita garantizar el cumplimiento de sus obligaciones respecto del Estado Nacional. El argumento para su recisión durante el kirchnerismo fueron precisamente los cánones impagos por los que ahora la fiscal comercial Gabriela Boquín denunció un ruinoso acuerdo, cuyo plan de pagos proyectaría una condonación de la deuda por $70 mil millones a favor de la firma de la familia Macri.

El seguro se formalizó con Aseguradora de Créditos y Garantías por la suma de $42.735.000 pesos-dólares al momento de suscribirse y el Estado era el asegurado por incumplimientos empresarios. A la vez, en marzo de 1999, la aseguradora firmó con SOCMA una denominada “carta de fianza” por la cual la empresa insignia del Grupo Macri se convirtió en “avalista, fiadores solidarios y lisos y llanos y principales pagadores, con renuncia a los beneficios de exclusión y división, de todas y cada una de las obligaciones contraídas por Correo Argentino SA con Aseguradora de Créditos y Garantías SA en virtud de los contratos de seguros de caución instrumentados”. Esa fianza equivalía al 54.42% de cualquier monto que la aseguradora le reclamara al Correo. El restante 45.58% era garantizado por SIDECO Americana, la otra empresa del holding familiar.

Esto significaba que el seguro de caución impediría que el Estado sufriera pérdidas por incumplimientos de la empresa. Pero que a su vez, la garantía de pago con respecto a la Aseguradora se había puesto en cabeza de SOCMA que asumía las obligaciones con respecto a Correo Argentino SA. Pero cuando el Poder Ejecutivo rescindió en 2003 el contrato de concesión con el Grupo Macri, el Estado comenzó a reclamar la ejecución del seguro por la suma de la poliza. Así fue que Aseguradora de Créditos y Garantías consideró que quedaba liberado en los términos del acuerdo y por eso intimó a Correo Argentino SA a pagar la suma asegurada –superior a los 42 millones de dólares- “y/o a liberar la garantía” y a SOCMA a que también abone el porcentaje correspondiente de la fianza que había comprometido con Correo, cuya cifra era $23.256.387.

Con el Correo en concurso preventivo y con supuesta incapacidad de pago (situación que se extiende hasta hoy sin que se decrete la quiebra), la aseguradora entendió que el Grupo Macri debía responder por las sumas aseguradas para resarcir al Estado. De esta forma se inició la demanda de Aseguradora de Créditos y Garantías contra SOCMA que tuvo un fallo en contra en primera instancia. Pero que esa sentencia fue revocada por la Cámara de Apelaciones del fuero civil a favor del reclamo de la aseguradora. SOCMA apeló a la Corte y fue rechazada por lo que ahora deberá hacer frente al reclamo.