Uno de los objetivos del nuevo proyecto pyme es reducir la evasión impositiva en las firmas más chicas y la merma en los recursos de la seguridad social.

El Gobierno evalúa en secreto un proyecto de ley para facilitar el empleo formal en las microempresas. Se trata de una iniciativa que ya está en manos del ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, y que contempla una simplificación del pago de las cargas sociales junto con un esquema de contribuciones patronales reducidas. Esto con la reforma laboral en stand by .

De esa manera, las empresas de hasta cinco empleados pagarían sus cargas en función de la facturación, en lugar de la modalidad actual que se aplica por cada empleado, y en teoría se verían tentadas a abandonar la informalidad. El experimento serviría además como un primer antecedente para avanzar luego en el programa más ambicioso de blanqueo que Sica prepara para después de las elecciones.

La propuesta de más de 30 artículos fue elaborada hace tres meses por el Consejo de Asesores del Trabajo, un grupo de expertos que desde febrero asesora al funcionario sobre el régimen de contrato de trabajo, las tendencias locales y globales en el ámbito laboral y los conflictos, así como en los planes de empleo y capacitación. “No alcanza con reducir el monto de las cotizaciones, hay que facilitar el pago de las cargas para promover la contratación en blanco”, reveló a iProfesional una fuente oficial que accedió al texto de lectura reservada.

En la actualidad, un 68% del empleo no registrado se concentra en microempresas, lo que equivale a 3,1 millones de trabajadores de un total de 4,7 millones en esa situación. Para fomentar el blanqueo, el borrador prevé un sistema simplificado similar al del regimen especial del servicio doméstico, con el pago electrónico de aportes y un sistema de bandas con cotizaciones fijas, en este caso por nivel de ventas. Esto permitiría reducir los costos no salariales y evitaría la contratación de un contador para liquidar sueldos.

En su articulado se sugiere además la posibilidad de acordar convenios laborales que contemplen la situación del sector, un viejo anhelo de los industriales y empresarios mercantiles. En efecto, fueron tenidas en cuenta las sugerencias de representantes de la UIA, las cámaras de comercio y el gremio de la actividad, encabezado por Armando Cavalieri, de buen diálogo con Macri. Aunque no habría un regimen laboral por fuera de Ley de Contrato de Trabajo. “No es un proyecto flexibilizador”, aseguran en el Gobierno.

El ministro avanzó la semana pasada en la discusión de otras dos iniciativas laborales en el marco de la comisión de diálogo social. Se trata del proyecto para regular el teletrabajo tal como lo reveló iProfesional en exclusiva y un regimen laboral especial para los trabajadores de las plataformas digitales. En ambos casos el foco está puesto en las nuevas formas de empleo en sectores autoexcluidos en buena medida de la legislación laboral.

El “miniblanqueo” en estudio surge ante las dificultades para formalizar empleo, una de las metas planteadas por Macri desde el inicio de su gestión que se vio frustrada por la crisis económica. El Gobierno ya había puesto el ojo en el sector en su paquete de “leyes de transformación productiva”, una presentación que trascendió en febrero y generó polémica por representar el costo laboral con una imagen en la que un grupo de ejecutivos de rasgos blancos sostiene a una multitud de empleados con rasgos mestizos.

La idea era mostrar que solo un 20% de los contribuyentes aporta el 99,4% de la recaudación fiscal. En ese marco, los funcionarios proponían un nuevo marco tributario con foco en las micropymes, que generan el 45% del empleo nuevo cada año. El combo preveía también la condonación de deudas por cargas sociales, la reducción de multas y la derogación de la indemnización agravada por empleo no registrado.

Esos puntos fueron incluidos en el proyecto de blanqueo que Sica fue a defender en mayo al Senado, pero que terminó sin tratarse ante la falta de respaldo de la CGT y los empresarios tras cambios de último minuto. En los últimos días, el ministro de Producción y Trabajo, sin embargo, avanzó en forma parcial en su estrategia al aprobar una resolución que flexibiliza las multas a las empresas fuera de regla con sus obligaciones laborales. Un paso más en dirección a una eventual condonación.

La medida coincide con los recientes reclamos empresarios para “descontratar”. “En las microempresas industriales se perdieron 6.128 puestos registrados en los últimos tres años, es necesario repensar los esquemas para fomentar la generación de empleo en las más pequeñas y revertir la situación”, dijeron desde la UIA. Por otra parte, la Cámara de Comercio (CAC) y la de la mediana empresa (CAME) exigen desde hace tiempo un tratamiento tributario por tamaño de empresa, en particular de las cargas sociales.

Recaudación, en la mira

Uno de los objetivos del nuevo proyecto pyme es reducir la evasión impositiva en las firmas más chicas y la merma en los recursos de la seguridad social. Las contribuciones patronales aumentaron un 31% interanual en junio, por debajo de una inflación del 55% en el mismo período, un dato de la AFIP que revela el impacto que tuvo sobre la recaudación la pérdida de empleo y los efectos de la reforma tributaria de 2017 (Ley 27.430). Algunas estimaciones prevén incluso la pérdida de $600.000 millones hasta 2022.

La paradoja es que el borrador secreto comparte un espíritu similar al esquema tributario propuesto por el equipo del exministro de Trabajo Carlos Tomada, en su agenda “urgente” presentada la semana pasada. Allí se plantea aplicar descuentos fijos por empresa, de modo que impliquen una carga social mínima para las microempresas, otra reducida para las pyme, y un incremento para las grandes, junto con la restauración de la alícuota a las grandes empresas de servicios. Una reforma de la reforma.

La normativa vigente fijó un mínimo no imponible para las cargas empresarias de $12.000, ajustado por inflación que desde enero es de $17.509. Y también se estableció un camino gradual de aplicación por el que en 2018 la detracción fue de $2.000 por empleado y en 2019, $7.003,68, según la resolución 3/2018 de la Secretaría de Seguridad Social. Los montos equivalen a un 20% y un 40% de la base imponible en cada caso, que en 2022 llegará al 100%, mientras que los aportes se calculan sobre el excedente.

Tomada cree el esquema actual produjo una sensible caída de la recaudación de la seguridad social y atenta contra la sustentabilidad del sistema. La crítica apunta contra la unificación paulatina de las alícuotas de las contribuciones en el 19% en el 2022, prevista en la reforma, cuando antes eran del 21% para grandes empleadores de servicios y 17% para el resto. Esa convergencia, sumada al cómputo de los descuentos por trabajador, generaría más beneficios relativos para las compañías de mayor dotación.

“La reforma genera una fuerte baja de la alícuota a las grandes empresas, pero no tanto a las micro. Nosotros en cambio proponemos un mínimo no imponible por empresa que reduzca el costo laboral a las micro y por otra parte que aumente la recaudación más que con el sistema anterior”, explicó a este medio Diego Schleser, investigador del CETyD-IDAES-UNSAM y uno de los colaboradores de Tomada.

El otro actor interesado en el blanqueo y en fortalecer la recaudación es el FMI. Luego de la cuarta revisión del acuerdo, el organismo pronosticó un incremento de los ingresos impositivos, incluidos los correspondientes a las cargas sociales. Si bien los técnicos redujeron su proyección de crecimiento de la economía, la mejora en ese aspecto fiscal obedecería a la expectativa de una recuperación de la actividad, el empleo y el salario a partir del 2020.

Los especialistas, con todo, desconfían de que los incentivos impositivos sean la receta para reducir la informalidad laboral. El exdirector del INDEC, Luis Beccaria, sostiene que los planes de regularización oficiales podrían tener efecto en grandes y medianas empresas, con mayores riesgos a ser penalizadas por las autoridades y mejores posibilidades de afrontar los costos de la formalidad. Pero aún así no hay evidencias de la intensidad del impacto de la baja del costo sobre la inversión, el crecimiento y el empleo.

En las empresas más pequeñas, en tanto, las dudas son mayores ya que la reducción del costo podría ser insuficiente debido a la incertidumbre sobre el futuro, porque el ocultamiento de la relación laboral puede ser parte de una cadena más amplia de evasión impositiva, o bien por la baja rentabilidad. Todos aspectos que reflejan una estructura productiva con fuertes restricciones para disminuir en forma signifitiva el trabajo no registrado.

En ese escenario, los cambios tributarios no parecen haber tenido una incidencia positiva sobre el mercado laboral. El trabajo informal aumentó de 33,9% en el primer trimestre de 2018 a 35% en igual período de 2019, según los datos del INDEC. Mientras que desde la aprobación de la reforma fiscal en diciembre de 2017 hasta mayo pasado, el empleo formal se redujo en casi 300.000 puestos, de acuerdo con las cifras publicadas ayer por el Ministerio de Producción y Trabajo.