Con poca expectativa la CGT acudirá a la reunión del Consejo del Salario, el jueves, con la hipótesis de máxima de reclamar una suba alineada con el valor actual de la canasta básica de bienes y servicios, que supera los 31 mil pesos, lo que implicaría un ajuste de más del 140 por ciento, tal como adelantó este diario.

Sobre esa base la discusión de cada año se encamina, al igual que en 2018, a una resolución unilateral del Ministerio de Producción y Trabajo más cercana al 28% de incremento que logró encarrilar el Gobierno este año para algunas de las paritarias de los sindicatos más afines.

El planteo de la central obrera fue blanqueado ayer por su secretario adjunto, Andrés Rodríguez. El jefe del gremio de estatales UPCN confirmó que los referentes de la organización que cada año participan de las reuniones del Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil llevarán la posición de exigir ese monto desde los actuales 12.500 en que está fijado el piso salarial para los trabajadores formales del sector privado que no cuentan con un convenio colectivo.

En igual sentido, el estacionero Carlos Acuña, cosecretario general de la CGT, ratificó que la expectativa será “la misma del año pasado, de igualar el salario mínimo a la canasta básica” aunque admitió su presunción de que la conversación correrá igual suerte que en aquella oportunidad. Para el Gobierno el salario mínimo es clave no sólo por el universo limitado de beneficiarios directos (se calcula que unos 200 mil trabajadores) sino, sobre todo, porque de su variación dependen, de forma directa, los ingresos de los docentes del sector público, los jubilados y los perceptores de planes sociales.

Por primera vez en años habrá coincidencia en el grueso de la representación sindical. Además de la CGT irá con el mismo planteo la comitiva de la CTA de los Trabajadores, la fracción de la central alterna que lidera el docente Hugo Yasky. De hecho, Héctor Daer y Yasky acordaron además reclamar la aplicación inmediata de la suba planteada sin estirarla en cuotas y también la puesta en funcionamiento de una comisión existente para el monitoreo de los despidos y la actividad industrial. Si se repite la dinámica de años anteriores los empleadores, representados en las principales cámaras patronales, objetarán esa suba y aguardarán el laudo unilateral de Producción y Trabajo.

El año pasado la cartera que lidera Dante Sica debutó en el Consejo del Salario (las dos ocasiones anteriores habían sido presididas por Jorge Triaca) con la fijación por resolución de una suba del 25 por ciento y la promesa de una revisión durante la vigencia del aumento. Con una inflación que a fin del año pasado ya mostraba un ritmo de licuación total del ajuste la CGT llegó a pedir la reapertura de las deliberaciones del Consejo pero la respuesta oficial nunca llegó. Para julio, último mes de vigencia del salario mínimo pactado el año pasado, la inflación ya había acumulado una suba interanual de más del 55 por ciento.

“Consideramos que un salario en 12.500 pesos es muy bajo y tiene que, por lo menos, satisfacer la canasta básica que, según los últimos guarismos está en el orden de los 31 mil pesos, así que posiblemente refrendemos en conjunto esa posición”, explicó Andrés Rodríguez en radio El Destape. El estatal opinó de paso sobre las medidas que había anunciado Mauricio Macri el miércoles a las que encuadró “dentro del campo electoralista” y dijo que si bien llevarán “un poquito de alivio” aclaró: “no sé si van a alcanzar”. Antes de que el jefe de Estado diera a conocer esas medidas la “mesa chica” de la CGT se había reunido en UPCN para acordar un planteo conjunto a favor de que el Gobierno decretase, como hizo en noviembre pasado, un aumento de emergencia a través de un bono a trabajadores del sector privado y también estatales. Y, de paso, con alcance para los jubilados.