En esta segunda audiencias de indagatorias en el juicio por la defraudación cometida por Oil Combustibles junto a la AFIP, Ricardo Echegaray continúa declarando. La semana pasada se había definido como un “muerto civil” por las acusaciones que recaen en su contra, y acusó a la Justicia de “perseguirlo políticamente”. Este jueves, el ex titular del fisco dijo que demostrará su inocencia, acusó a Leandro Cuccioli -el actual Administrador Federal- de “preparar testigos para el juicio” en su contra. Para justificar a la petrolera de Cristóbal López y sostener que “no acumulaba deuda”, Echegaray mencionó que “otras empresas tienen deuda, como IECSA (ex firma de Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri), y mencionó a Mirtha Legrand y Dolores Barreiro.

En la causa se analizaron los períodos comprendidos entre mayo de 2013 a agosto de 2015. El Gobierno reclama una deuda que supera los 10.000 millones de pesos a través de una demanda civil que es parte del juicio. Según la pericia contable, ese monto se conforma por la deuda impaga (4.200 millones de pesos) y los intereses correspondientes (6.000 millones), en función de los cálculos oficiales.
López y De Sousa fueron procesados como partícipes necesarios del delito de defraudación agravada por haber sido contra el Estado. Echegaray, como coautor.

Por esta causa, el empresario K y su socio se encuentran con prisión preventiva, que ya cumplió un año. Ahora, el juicio oral está a cargo del TOF 3, integrado por los jueces Fernando Machado Pelloni, Javier Ríos y Andrés Basso con la intervención del fiscal Juan García Elorrio: La AFIP es querellante.
Sin embargo, en la investigación se sostuvo que “existió la maniobra de corrupción por la cual desde la Administración Federal de Ingresos Públicos, los funcionarios encargados de administrar las rentas de la Nación, encabezados por el titular del organismo, Ricardo Echegaray, defraudaron a través del Impuesto a los Combustibles Líquidos (en adelante ICL) de modo sistemático, deliberado y permanente al Estado Nacional, en beneficio de los empresarios Cristóbal Manuel López y Carlos Fabián De Sousa, ocasionando un perjuicio a la administración pública superior a los 8 mil millones de pesos".

Echegaray reiteró que esto no fue así, y para justificar a Oil Combustibles dijo que otras empresas también tienen deudas “tienen deudas IECSA (ex empresa de Ángelo Calcaterra) y también tienen deuda Mirtha Legrand, Dolores Barreiro”, enumeró ante el Tribunal. Dijo que “no está mal que tengan deuda, hay muchas empresas y personas a las que se les dieron planes, es normal”. La mención de la famosa conductora y la modelo sorprendió, pues Echegaray conoce mejor que nadie las obligaciones del secreto fiscal.

El ex titular de la AFIP ya se había justificado la audiencia anterior: "No tuve ni siquiera una reunión con estos señores -López y De Sousa- por un plan de pagos" de su millonaria deuda. "Yo no trato con estos señores. Ni López ni De Sousa ingresaron a mi casa ni les di audiencia en AFIP. No estamos conociendo acá, en esta desgracia injusta." "¿Diagramé un plan sin verlos, por telepatía, por Internet? Busquen, no hay nada", desafió Echegaray. "Es una locura pensar que hacés un plan para beneficiar a dos personas", insistió.

Hubo alrededor de 300 planes de pago que no podría explicar qué hacían con el dinero para entrar en mora”. La frase quedó repiqueteando luego de que el extitular de la AFIP Ricardo Echegaray comenzara a ventilar parte de los nombres de las personas físicas y jurídicas que accedieron a planes de pago particulares bajo el denominado Artículo 32, cuestionado en juicio sobre Oil Combustibles y sus accionistas Cristóbal López y Fabián De Sousa. Las menciones del exfuncionario, distribuidas con timming durante la audiencia de 5 horas y que sorprendieron al auditorio también repercutieron en el mundo empresario. Enseguida comenzaron a sonar los teléfonos para ver si habían sido mencionados ante el Tribunal Oral Federal N°3. Echegaray apenas enumeró un listado –no tan aleatorio- que equivale apenas al 10% de los 1648 planes de pago para refinanciar deudas impositivas que su gestión otorgó como parte de “una política de Estado” y que solo conocieron dos rechazos: uno fue célebre, Ciccone Calcográfica.

Pero el dato adicional es que hubo una veintena de petroleras también incluidas en agencias descentralizadas de “Grandes Nacionales”, algo que hasta ahora nunca había surgido a lo largo de la investigación del juez Julián Ercolini. Petrobras Argentina, YPF, Pluspetrol SA, Glaco, Petroplastic SA, Servicios Auxiliares Petroleros SA, Petrolera LF Company SRL, Petroaike, Petroquímica Comodoro Rivadavia SA, Petrolera El Trébol SA, Petróleos Sudamericanos, Tecpetrol. Según el exfuncionario, todas ellas se hallaban distribuidas en agencias de acuerdo a zonas donde habían fijado domicilio, además de una serie de UTE a las que se les asignó una oficina local y tuvieron una agencia ubicada en Neuquén por estar explotando en el área de Vaca Muerta. De esta forma apuntó a derribar la presunta “excepcionalidad” de Oil Combustibles respecto a estar “oculta” en la Agencia Palermo con respecto a los controles que debían efectuársele.

La explosiva declaración replicó en los pasillos de la AFIP por la expresa mención a varios de los funcionarios que Alberto Abad encumbró cuando sucedió a Echegaray el 10 de diciembre de 2015. A su sonora denuncia sobre la “preparación” de testigos, la inquietud giró en torno a quienes Echegaray mencionó con nombre y apellido y que serán los primeros testigos en el juicio apenas culmine la etapa de indagatorias para las que resta aproximadamente un mes. Juan Carlos Santos –subdirector de Operaciones Impositivas de Grandes Contribuyentes Nacionales- fue el primer apuntado. Aseguró que mintió bajo juramento en sus informes y en la diferenciación que hizo sobre los controles que hubiera implicado que Oil Combustibles esté en grandes contribuyentes y no en una agencia. Pero Néstor Sosa, encargado del área de Auditoría de AFIP fue uno de los principales blancos: sus informes fueron clave para la construcción de la hipótesis delictiva por supuesta defraudación contra la administración pública que encaró el fiscal Gerardo Pollicita.

Constituyeron el principal insumo de pruebas hasta que el TOF 3 incorporó la pericia oficial de la Corte que puso en crisis varios de los supuestos y montos que se habían tenido por certeros sobre la deuda de Oil Combustibles. “No hay antecedentes en toda la historia de AFIP sobre un informe sobre planes de pago hechos para un contribuyente en particular”, apuntó Echegaray. Se refirió al informe especial que había realizado por el jefe del departamento de investigaciones de grandes contribuyentes Jorge Schiaffini.

El ex-AFIP sugirió que había realizado ese informe sobre Oil sin expresar el “interés fiscal” que es el objetivo de esas pesquisas para determinar la deuda. Apuntó que hizo “inteligencia comercial” sobre los giros dentro del grupo empresario Indalo.

“En la historia de la AFIP, ¿Cuántos Artículos 32 fueron declarados nulos? ¿Cuántas veces se hicieron auditorías a los contribuyentes de manera particular, individual, frente al otorgamiento de planes de pago?”, lanzó Echegaray a modo de pregunta retórica. Afirmó que se hicieron “cosas que la AFIP no puede hacer”. Leando Cuccioli, actual titular y sucesor de Abad también será testigo de cargo en el juicio oral.

Eliseo Devoto, jefe de Jurídicos del organismo recaudador fue otro de los apuntados. No solo por la supuesta reunión a alta escala para “enderezar” testimonios, sino por haber firmado cada una de las actuaciones que permitieron impulsar la causa hasta la etapa de juicio junto a Pollicita.

Al día siguiente de que se revelara el contenido de la pericia oficial hubo lamentos en los pasillos de AFIP: hicieron trascender que quizás los actos administrativos que agigantaron la situación de Oil Combustibles por su repercusión pública debieron ser encarados “de otra manera”. El interrogante es si alguno podría manifestar esa incomodidad durante el debate y ante los jueces que deben emitir sentencia.