La Argentina, si acepta sentarse nuevamente a negociar en enero con los fondos buitre, no reconocerá un reclamo de más de u$s 10.000 millones, que es el que los acreedores ya contabilizan en el listado confeccionado prolijamente por el "special master" Daniel Pollack. Por el contrario, y al menos en una primera etapa, el Gobierno de Cristina de Kirchner sostendrá como única alternativa posible de llegar a un acuerdo que los holdouts acepten los mismos términos que el canje de 2010. Esto es, una quita del 66% y la emisión de títulos públicos de deuda a un plazo no menor a 10 años, lo que implicaría una diferencia entre lo que se demanda y lo que se ofrece de al menos u$s 6.500 millones. Esto quiere decir que la Argentina les reconocería a los fondos buitre una ganancia de más del 350% entre lo que pagaron por los bonos (un máximo del 50% de su valor nominal) y lo que recibirían, mientras que si se les pagara lo que les reconoció el juez Thomas Griesa en su fallo de 2012, la ganancia superaría el 2.000%. 

La orden presidencial, tomada durante los días de convalecencia en Olivos, es que la posición del país no cambie en cuanto a la oferta final a los acreedores. Esto aunque ya no tenga vigencia la cláusula Rights Upon Future Offers (RUFO). El Gobierno basa su estrategia en que, según los datos que maneja, supera el 60% el apoyo popular a su posición de dureza contra Paul Singer y compañía. Por otro lado, el ministro de Economía, Axel Kicillof, confía en que el dominio que se mostró en la última parte de 2014 sobre el mercado cambiario, a partir del mayor control policial sobre el sistema financiero y los dólares conseguidos vía China, sojeros y la licitación del G4 para fortalecer las reservas, le da al país mayores espaldas para encarar una negociación. Según lo que se le escuchó a la Presidente, la alternativa de no acordar con los fondos buitre si éstos no aceptan una quita sustancial muy cercana al canje de 2010, es una opción razonable. Luego, eventualmente, la decisión final quedaría para el próximo Gobierno. 

Lo que indignó en Olivos es el monto de más de u$s 10.000 millones reclamado por los fondos buitre; los que, aparentemente, tienen el aval de Pollack. Al menos esto es lo que percibieron los abogados del estudio Cleary, Gotlieb, Steen & Hamilton (CGS&H), Jonathan Blackman y Carmine Bocuzzi. Esa cifra, que hasta ayer parecía superar los u$s 11.000 millones, incluye una indexación habilitada por Griesa sobre el monto nominal original de los títulos públicos argentinos en default desde 2001 más los intereses impagos, más los intereses por el derecho que tendrían los acreedores por el dinero que no pudieron ganar en el sistema financiero internacional porque la Argentina no pagó luego del fallo del juez de 2012; más las actualizaciones de capital, más las multas y punitorios. Es así como de un monto original de unos u$s 1.100 millones en febrero de 2012 (según los reclamos de NML Elliott, Olifant, Aurelius, ACP Master y los 13 argentinos que vencieron en el juicio), la cifra autorizada por Griesa trepó en agosto de 2014 a u$s 1.660 millones y treparía a los u$s 1.800 millones para el recálculo que el juez haría hacia el primero de enero. El problema se agravaría si finalmente, como parece que sucederá, Griesa (por recomendación de Pollack) habilita el mismo mecanismo de actualización para todos los bonistas en default que fueron presentándose en el bufete neoyorquino del "special master" en Park Avenue y que ya superarían los u$s 7.000 millones (incluyendo a Elliott y el resto de los reclamantes originales). Es sobre ese monto que se realiza el cálculo de actualización de Griesa, lo que llevaría la cifra final por encima de los u$s 10.000 millones. 

La cifra que avalaría el dúo Griesa/Pollack no sólo indigna al Gobierno argentino sino que espantaría además a los bancos, financieras y empresarios privados que eventualmente pudieran realizar algún intento para comprar la deuda a los fondos buitre y luego negociar con la Argentina la emisión de un bono.

Según un cálculo primario, los fondos buitre y los holdouts reclamarían una cifra de entre u$s 10.000 o u$s 11.000 millones, mientras que la Argentina estaría dispuesta a ofrecer u$s 3.500 millones máximo.