El Ministerio de Hacienda dispuso realizar una transferencia a las empresas productoras de petróleo y a las provincias hidrocarburíferas de $116,10 por barril de petróleo entregado al mercado local durante los últimos 30 días, en compensación por el congelamiento de precios dispuesto por Mauricio Macri por decreto. Además, ofrece a los productores de biodiesel unos $2.017 por tonelada producida. En total, se calcula que Estado podría liberar unos $1.750 millones en subsidios extra.

A través de la Resolución 552/2019 de la Secretaría de Energía publicada este lunes en el Boletín Oficial, los montos establecidos se abonarán en un 88% a las empresas productoras de petróleo y en un 12% a las provincias en cuya jurisdicción se encuentre la concesión en la cual se haya producido el petróleo. La compensación ya había sido adelantada por este diario a principios de mes. La novedad es que se ordenó liberar los fondos por la producción desde mediados de agosto a mediados de septiembre.

Con 500.000 barriles diarios, la producción en petróleo acumula 15 meses de crecimiento interanual ininterrumpido. Se estima que la medida tendrá un impacto fiscal de alrededor de $ 1.740 millones para compañías y gobernadores petroleros en un solo mes.

El último informe del Instituto Argentino de Energía “General Mosconi” en base a datos de ASAP reveló que los subsidios energéticos devengados aumentaron 70% ($ 34.429 millones) en el acumulado a junio de 2019 respecto a igual periodo del año anterior. Cammesa recibió $ 36.899 millones, IEASA (exEnarsa) $ 24.900 millones y el Plan Gas (Resolución N° 46 MINEM) $ 9.800 millones.

También determinó una transferencia a las empresas productoras de biocombustibles beneficiarias del régimen de promoción, equivalente al 6% del precio establecido por Energía para agosto último, aplicable a la producción entregada al mercado local durante todo el mes.

La semana pasada, luego de varios meses sin precios de referencia, la Secretaría de Energía elevó el valor del biodiesel para reactivar el sector y evitar más suspensiones en las 54 plantas productoras. La mezcla obligatoria con gasoil que se utiliza en el mercado interno se fijó en $33.618 por tonelada.

Un importante productor de biocombustibles celebró el aumento de la tonelada, pero estimó que el valor final para operar con normalidad y en línea con el mercado internacional se debería haber ubicado en $38.000. “Por debajo de ese número, ninguna pyme está en condiciones de vender”, expresó ante la consulta de Ámbito.

Con estos subsidios se aportarían unos $2.017 complementarios por tonelada, hasta llegar a $35.635, unos $2.365 (6,6%) por debajo del nivel que esperan los empresarios locales. En promedio, el sector pyme de biocombustibles produce 3.500 toneladas por mes. El total de las plantas alcanzan las 4.000 toneladas mensuales.A $2.017 en subsidios, se estima que el Gobierno desembolsará unos $ 7 millones adicionales a los recursos para petroleros. En breve se conocerá una postura unificada del sector sobre el pedido del Gobierno de desistir de los reclamos judiciales a cambio de cobrar el extra.

Las petroleras y las provincias deberán renunciar a juicios para cobrar los subsidios
El Decreto 566, sustituido por el 601, estableció que las entregas de petróleo crudo efectuadas en el mercado local hasta el 13 de noviembre próximo deberán ser facturadas y pagadas al precio convenido entre las empresas productoras y refinadoras al día 9 de agosto último, aplicando un tipo de cambio de referencia de $46,69 por dólar, y un precio de referencia Brent de u$s59 por barril.

Hacienda precisó que para recibir la transferencia de dinero las empresas productoras de petróleo y de biocombustibles y las provincias deben renunciar a su derecho de litigar contra el Estado, ya sea en los tribunales locales o los internacionales.

La nueva resolución indicó que las firmas deberán acompañar una declaración por la que se obliguen a mantener indemne al Estado por cualquier acción, reclamo administrativo, judicial, extrajudicial o arbitral, en la Argentina, en el extranjero y en el ámbito internacional, de sus accionistas o sociedades controlantes, contraladas o vinculadas, relacionadas a la aplicación de los Decretos 566 y 601.

Hasta ahora el reclamo judicial más visible fue el de Vista Oil & Gas, que lidera Miguel Galuccio. En su demanda, la petrolera exigió que la nulidad inmediata del DNU. No cuestiona el congelamiento de precios, sino la forma en que se hizo, poniendo toda la carga sobre los productores y pesificando el crudo local. En la empresa apuestan al diálogo, aunque admiten que no había otra alternativa que la judicialización. La prioridad es proteger a los inversores, afirman.

El Gobierno defendió el congelamiento del precio del petróleo criollo
La norma especificó que "para sostener el nivel de actividad y empleo y proteger al consumidor durante este período excepcional, corresponde atenuar el impacto que las medidas establecidas por los decretos 566 y 601 generaron en las empresas productoras de petróleo así como en las de biocombustibles, en razón de la mezcla obligatoria de dichos productos con los combustibles fósiles dispuesta por la ley 26.093".

También recordó que ante la magnitud de los recientes acontecimientos económicos financieros de público conocimiento, el Poder Ejecutivo adoptó una serie de medidas específicas necesarias para proteger a los usuarios y consumidores, en alusión a los decretos antes mencionados.