El documento abarca propuestas en materia de educación, salud, seguridad, trabajo e impuestos, entre otras áreas centrales.

Cambios impositivos
En primer término, y a modo de consejo de campaña, el documento elaborado por el Partido Justicialista establece que "la mejor contribución que pueden hacer los tributos a nuestra campaña es pasar desapercibidos. No ser mencionados, ni convertirse en tema".

"Después de cuatro años de Cambiemos, y en la actual coyuntura económica recesiva, todos los sectores tienen motivos para cuestionar la imposición sobre sus actividades y, por otro lado, nuestra historia ayuda poco en la materia", se sincera el documento.

Entre otras líneas de acción, el paper adelanta las siguientes medidas:

- No vamos a aumentar impuestos y sí vamos a redistribuir la carga tributaria, alivianando el peso que hoy tiene el sistema tributario sobre los sectores populares y la franja media, en especial PyMES, asalariados y autónomos, sin deteriorar las finanzas públicas.

- "Contractualizar" los beneficios y alivios tributarios que se otorgaron a las grandes empresas, manteniéndolos en la medida que se verifique el cumplimiento de objetivos de producción, inversión y empleo que se determinen a favor del crecimiento.

- Aplicación de impuestos extraordinarios por dos años: mediante una alícuota especial de Bienes Personales, a los activos reales y financieros radicados en el exterior; a las utilidades del sector financiero, aplicable sobre la rentabilidad sobre los activos (ROA) y sobre los fondos propios (ROE) de cada entidad; a la compra venta de divisas.

- Una mejora sustantiva en la lucha contra el fraude fiscal a partir de la inmediata coordinación de las administraciones tributarias del país, mediante la creación de la Red Federal de Administraciones Tributarias, la  internalización del control "ex ante" y la coordinación internacional mediante la adopción de las iniciativas BEPS.

- Ampliar la devolución del IVA a su máxima expresión: no tiene un costo fiscal significativo en el largo plazo en tanto se limite a los sectores con ingresos más bajos o con tope máximo de devolución.

- Redefinir la estructura de los impuestos internos para alcanzar efectivamente y de modo diferenciado a las manifestaciones de consumo suntuario y superfluo.

- Incorporar un impuesto sobre las transacciones financieras con tasas diferenciadas según los objetivos de política económica, que reemplace al actual "impuesto al cheque".

- Mejorar el gravamen sobre las rentas financieras para darle mayor progresividad al impuesto a las ganancias. No debe ser cedular: debe integrarse al resto de los ingresos computables.

- Redefinir el ajuste por inflación para evitar la multiplicación de quebrantos impositivos y la disminución de la recaudación en la Inspección de Personas Jurídicas.

- Crear un impuesto de alcance nacional sobre la propiedad inmueble, articulado y coordinado con el inmobiliario provincial.

- Recrear un Impuesto al Enriquecimiento Patrimonial a Título Gratuito (impuesto a la herencia nacional).

- Redefinir el sistema de incentivos fiscales mediante bonos de crédito fiscal administrados de forma centralizada.

- Armonizar los sistemas de retención y percepción en todo el país.

- Cumplir la manda VI de la CNA (Nueva Ley de Coparticipación Federal) basada en el principio de concurrencia fiscal.

De esta manera, se busca que al finalizar el mandato de Alberto Fernández se cumplan los siguientes objetivos:

- Situar la Presión Tributaria Total en 32% del PBI. Con 25 puntos en cabeza del Estado nacional y 7 entre provincias y municipios.

- Asegurar a las provincias y la CABA, en conjunto, recursos de origen nacional por todo concepto (automáticos y no automáticos) por no menos del 11% del PBI.

- Elevar la presencia de los tributos provenientes de rentas y patrimonios a no menos del 30% del total.

Las medidas bajo la lupa de los expertos
Julián Ruiz, Socio de R&A - Asesores Tributarios, señaló a este medio que "las propuestas elevadas por los equipos técnicos al candidato a presidente son muy amplias para sacar una conclusión inmediata, menos aún si no se conoce el texto y el alcance de las mismas".

"Sin perjuicio de ello, como primer aproximación al tema habrá que decir que cualquier sistema tributario va a fracasar en la medida que se incremente –aún más- la presión fiscal respecto de los contribuyentes de siempre, en detrimento de ampliar la base tributaria de los mismos", agregó.

Es importante recordar que la AFIP ha dicho que se presume una evasión del 30%, lo que equivaldría a u$s10.500 millones anuales al tipo de cambio actual. Para aquellos sujetos, no existe presión tributaria. Más aún, son ajenos a cualquier tipo de imposición. En ese punto hay que hacer especial hincapié.

"Entre las medidas más relevantes destaco el reemplazo del Impuesto al Cheque, que resulta nefasto para la formalización de la economía mediante la bancarización de la misma", detalló el experto.

"Respecto del Impuesto sobre los Bienes Personales, creo que el incremento de alícuotas va a generar salidas hacia destinos que graven más amigablemente la tenencia de activos -o no lo hagan- a través de cambios de residencia o estructuraciones societarias que permitan el desapoderamiento de los bienes", especificó Ruiz.

"Dentro de los cambios propuestos hay que prestar especial atención a la creación de un Impuesto a la Herencia Nacional. Es un impuesto directo y corresponde a las provincias su regulación. De hecho, la Provincia de Buenos Aires tiene vigente el Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes", advierte Julián Ruiz.

En este último caso, si bien se trata de un impuesto que otorga progresividad al sistema tributario, habría que ver como se implementa para evitar la existencia de doble imposición.

"Me parece loable la intención de armonizar los sistemas de retención y percepción en todo el país porque son generadores permanentes de saldos a favor que succionan capital de trabajo ilegítimamente a las empresas. En igual sentido, celebro la decisión de finalmente sancionar una nueva Ley de Coparticipación Federal", considera el experto.

Como negativo, debe observarse que redefinir la manera en que se computa la inflación para evitar quebrantos impositivos implicaría una distorsión manifiesta sobre las diversas bases imponibles, más aún considerando la situación actual.

Debe hacerse hincapié que todas estas modificaciones van a requerir la sanción de leyes por parte del Congreso que así lo ratifiquen. "No bastará con la voluntad de unos cuantos para imponer una mega reforma tributaria, más aun cuando la última de tal envergadura fue realizada sólo 3 años atrás", advirtió el tributarista.

En tal sentido, habrá que brindar seguridad jurídica, fundamentalmente para los inversores que vinieron a producir a Argentina, como es el caso de Vaca Muerta.

"En general, los sistemas no son malos o buenos por sí mismos, sino que dependen de cuan real sea la capacidad contributiva que se mida. Sería bueno que todos tributen en la medida de sus posibilidades y, no, en función de necesidades de recaudación", concluyó Ruiz.

En tanto, Alberto Romero, consultor tributario, señaló a este medio que como una primera aproximación "sería saludable una importante y significativa reducción del gasto público que permita dar un respiro a la presión tributaria que soportan particulares y empresas.

Asimismo, Romero dejó en claro que no debería modificarse el impuesto a la renta financiera. Al respecto fue categórico: "Debería eliminarse". También señaló que el impuesto al cheque debería poder ser computado como pago a cuenta de Ganancias. "Considero que no es una solución adecuada reemplazar el impuesto a los débitos y créditos bancarios por un nuevo impuesto a las transacciones financieras", agregó.

Como punto positivo, Romero destacó que se hace imperioso "armonizar los sistemas de retención y percepción en todo el país, para así reducir los montos a favor de los contribuyentes".

En tanto, Romero enfatizó que "sigue siendo muy alta una Presión Tributaria Total en 32% del PBI", respecto al objetivo a cumplir al finalizar el mandato de Alberto Fernández.

Por último, Romero dejó en claro que "cualquier suba de alícuota sobre los Impuesto sobre los Bienes Personales terminará recayendo sobre la clase media, ya que los que tiene un considerable patrimonio recurren al armado de un trust o al cambio de residencia fiscal".