Las audiencias recién se reanudarán el lunes 4 de noviembre tras los comicios y cuando la ex presidenta ya pueda estar sentada en el banquillo como vicepresidenta electa.

La nueva fecha de reanudación la fijó el Tribunal Oral Federal 2 integrado por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu. En principio es porque tiene sobrecargada la agenda, informaron desde la Justicia. El próximo lunes 14 no habrá audiencia por ser día no laborable. El 21 de octubre uno de los integrantes del TOF 2 había pedido licencia y el 28 tampoco habrá audiencias porque ese día el Tribunal fijó el inicio de otro juicio oral en una causa con detenidos a quienes se les está por vencer la prisión preventiva.
Las audiencias, entonces, se reanudarán el lunes 4 de noviembre con indagatorias a los acusados. Ese día deberá dar explicaciones el ex ministro de Planificación Julio De Vido. El ex secretario de Obras Públicas, José López, se negó a declarar al igual que Carlos Kirchner.

El listado de indagatorias previsto por el TOF 2 ubica a Cristina Kirchner última en el listado. Con los plazos postergados de las audiencias, seguramente su testimonio quedará recién para el próximo año.

La postergación del juicio oral, el primero que enfrenta la ex Presidenta en un caso de corrupción, se da justo en medio de un clima de reacomodamiento judicial tras el resultado de las PASO en las que Alberto Fernández se impuso sobre Mauricio Macri. En las últimas semanas, además, fueron liberados ocho presos kirchneristas que tenían prisiones preventivas en diferentes expedientes. En esa lista se anotan Cristóbal Lópex, su socio Fabián De Sousa; el dueño de Electroingeniería, Gerardo Ferreyra; Fernando Esteche, el ez jefe del Ejército K César Milani; el supuesto testaferro de Daniel Muñoz Carlos Cortés y el ex interventor de Yacyretá Oscar Thomas. 

En el juicio, además de Cristina Kirchner, están siendo juzgados Lázaro Báez, José López, Julio De Vido, Nelson Periotti y Carlos Kirchner, primo del ex presidente, entre otros. Este último era el único detenido con prisión preventiva que quedaba en la causa y también fue excarcelado este miércoles por el TOF2, con el voto en disidencia del juez Basso.

El ex ministro de Planificación De Vido, el ex secretario de Obra Pública, como el empresario Lázaro Báez están detenidos con prisión preventiva, pero en otras causas penales que no dependen del Tribunal Oral Federal 2.

El expediente investiga el direccionamiento de la obra pública a favor de Báez en Santa Cruz. Con su empresa Austral Construcciones fue el principal constructor. Según el dictamen acusador, la firma lograba cobrar con mayor rapidez los contratos incluso cuando las obras no se terminaban. La causa arrancó por una denuncia de Vialidad, que comandaba Javier Iguacel, tras la salida de la ex presidenta del poder.

A la candidata a vicepresidenta del Frente de Todos se la procesó por ser "jefa de una asociación ilícita" junto con otros funcionarios de distintas reparticiones que tenían a su cargo el presupuesto, otorgamiento y control sobre la obra pública vial.

Durante la instrucción, a cargo del juez Julián Ercolini, se determinó que el grupo Austral de Báez fue beneficiado con 51 contratos viales por $46.000 millones "plagados de irregularidades administrativas, sobreprecios y falta de controles". Por ello, se habla de un "direccionamiento" a favor del conglomerado del empresario K.

La acusación sostiene que se configuró un esquema "de beneficios exclusivos" para Báez. Así, el dueño del Grupo Austral se convirtió en el "empresario de obra pública vial más beneficiado" por las "gestiones presidenciales de Néstor y Cristina Kirchner". A los ex presidentes se los apunta como los responsables de "diseñar la maniobra" y de "erigir a su amigo personal" como contratista del Estado.

La "operación criminal" fue, según los fiscales, el medio que utilizaron los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner, para "pervertir su función" y utilizar el Estado para "enriquecerse a costa del trabajo de la comunidad".

Según la investigación, el delito se materializó en cuatro etapas: la inmersión del amigo y socio presidencial en el negocio de la construcción vial, la exportación de una estructura provincial montada con gente de confianza a un nivel nacional (en el ministerio de Planificación Federal), la mayor concentración económica de obra pública vial de nuestro país en el sur, y el direccionamiento de la adjudicación de la obra pública y el diseño de un esquema de "beneficios exclusivos y permanentes en favor de Báez en detrimento de las arcas del Estado".