A medida que se acerca el 10 de diciembre, día de la asunción del presidente electo Alberto Fernández, el equipo económico del Frente de Todos avanza en la definición de un paquete de acciones con la que buscan reactivar la economía. Para ello, también buscan la recuperación del salario y producir una desaceleración de la inflación.

Los ejes son para recuperar el mercado interno y mantener el equilibrio fiscal, pero con más impuestos y sin recortar el gasto público.

En tal sentido, una de las primeras medidas que se anunciarán será el regreso a la implementación de las retenciones móviles a las exportaciones del sector primario.

Aunque Alberto Fernández lo dejó trascender y luego se echó hacia atrás por la repercusión negativa, lo cierto es que se está analizando el aumento del impuesto a los bienes personales, con una alícuota diferencial para aquellos que ingresaron al blanqueo con inversiones en el exterior.

Asimismo, está en estudio una modificación de la escala en el impuesto a las ganancias en general, con la mira en poner una mayor presión sobre las grandes empresas y holdings. En el análisis de los referentes económicos de Alberto Fernández se encuentra el dejar sin efecto, algunos aspectos de la reforma tributaria que promovió y se logró aprobar en 2017, y que aliviaba los impuestos a sociedades. Es que desde el entorno del mandatario electo señalan que no se cumplieron los objetivos y que se produjo una caída en la recaudación.

Por otra parte, y tal como lo había anticipado el coordinador de los equipos técnicos de Alberto Fernández, el Dr. Nicolás Trotta, se buscará introducir cambios en impuestos para promover una baja de la presión tributaria sobre las pequeñas y medianas empresas. Ese costo fiscal sería compensado con una mayor presión sobre las grandes firmas.

Una de las medidas del gobierno de Mauricio Macri que generó un conflicto con las provincias fue la eliminación del IVA de la canasta de productos alimenticios, aplicada después de las elecciones primarias para evitar el impacto de la fuerte devaluación. En tal sentido, en el Frente de Todos estudian dar marcha atrás con la reducción general y la exención se implementaría para los beneficiarios de la Anses y también con el uso de la tarjeta de débito y crédito, pero ya no en forma directa, como ocurre actualmente.

Seguirá el cepo

En lo que se refiere a la intervención del Estado en el mercado cambiario, entre los referentes económicos del Frente de Todos (como Marcó del Pont) entienden que el actual cepo continuará. No obstante, se le agregarían algunas variantes: aplicar un sobrecosto como pago a cuenta tributario en los consumos de las tarjetas de crédito y débito en el exterior, similar al esquema que se implementó entre 2012 y 2015 durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner.

Por otra parte, también se impondría una restricción de seis meses de inmovilidad al ingreso de capitales del exterior.

Asimismo, está en estudio la aplicación de mecanismos para subsidiar el préstamo hipotecario y de consumo ya que no se piensa seguir trabajando con los tipos de crédito denominados UVA.

Se promoverá el desarme final de las Leliq, reemplazándolas por otro instrumento de regulación de liquidez, con tasas más bajas, aunque por encima de la inflación.

El Congreso también jugará un rol central, ya que existen dos leyes que se impulsarán en el corto plazo: una nueva ley de alquileres, que aumente la carga tributaria sobre aquellos que posean más de dos propiedades y una norma sobre supermercados, la llamada ley de góndolas, para que haya más competencia de productos en los grandes puestos de venta.

En tanto, habrá una revisión en cuanto al tema de las importaciones y se ejercería un mayor control, se aplicaría de vuelta el sistema de las declaraciones juradas anticipadas de importación (DJAI).

En cuanto a los precios de los combustibles, se aplicaría la opción que existe en la normativa actual, que permite variar el impuesto sobre el sector hasta en un 10% para amortiguar el impacto de cambios en el precio internacional del petróleo sobre el valor de las naftas.

El gobierno electo también trabajará sobre el proyecto de Presupuesto ya elaborado, que está en el Congreso, pero se le harán modificaciones con incremento de partidas para las áreas de Salud, Educación y Prestación Social y el aumento de algunos subsidios. Es por ello que se prevé que el gasto público en 2020 podría tener una suba mayor que la prevista.

Hay que tener en cuenta que este paquete de medidas estaría enmarcado en un acuerdo económico y social, que en principio sería por seis meses, que iría más allá de un acuerdo de precios y salarios.

Dicho acuerdo incluiría topes a las paritarias también. En ese sentido, habrá congelamiento tarifario en ese período, en principio, lo cual podría implicar un aumento del gasto en subsidios.

En cuanto al frente externo, habrá una negociación para reestructurar la deuda con los acreedores. Es por ello que desde el Frente de Todos consideran importante el llamado del presidente Donald Trump a Fernández y el ofrecimiento para que su equipo de trabajo en el FMI se ponga a colaborar con la nueva gestión. Es que el peso de los Estados Unidos es determinante en el organismo de crédito internacional.

Se reunió por más de una hora con el economista Lavagna quien lo asesoró

Una de las reuniones más importantes que tuvo Alberto Fernández, post elecciones, fue con uno de sus competidores: el economista Roberto Lavagna. El presidente electo visitó el jueves pasado al exministro de Economía de Eduardo Duhalde y de Néstor Kirchner, en su departamento céntrico de la Capital Federal. “Es un hombre muy inteligente”, transmitió Fernández a su entorno, que niega un ofrecimiento al exministro de Economía.

Sin embargo, reconocen que Alberto Fernández se asesora con Roberto Lavagna. En el encuentro entre ambos, Lavagna trazó un diagnóstico preocupante de la herencia económica que dejará el macrismo y a la que el presidente electo espera superar con un paquete de “buenas noticias” que se instrumentará en los primeros 100 días de gobierno.