Son 35 personas involucradas directamente en el caso de corrupción dentro de la petrolera, donde miembros del directorio de la estatal cobraban coimas a cambio de asegurar una distribución de obras entre grandes constructoras.

Investigadas por la policía y el ministerio público federales, en una operación bautizada "Lava Jato" (lavado a chorro), se calcula que los "desvíos" de recursos de la compañía alcanzan los 500 millones de dólares. Los nombres de los enjuiciados ponen de relieve el alto nivel de las cúpulas empresariales comprometidas por esa mafia interna de la petrolera, que se combinaba además con los partidos tanto oficialistas como de la oposición. Parte del dinero obtenido a partir de sobrefacturaciones de las obras pagas por Petrobras, iba a engrosar las arcas de las organizaciones políticas en forma ilegal. Según denunció el procurador general Rodrigo Janot, ese modus operandi criminal se había enquistado en el seno de la dirección de la petrolera a partir de 1985. Y desde entonces parece haber servido a lo largo de todos los gobiernos, sin excepción, incluidos los de Fernando Collor de Melo, de Fernando Henrique Cardoso y de Lula da Silva.

La lista de enjuiciados incluye al ex director de la estatal Paulo Roberto Costa, quien se acogió a la "delación premiada" a cambio de ver su tiempo de prisión condonado en un futuro. La policía había descubierto que el hombre tenía cuentas en el exterior por 23 millones de dólares, algo que no se podía explicar por el ahorro de los salarios que recibía en su función. También está el cambista Alberto Youssef, a través de quien se realizaron las grandes transferencias de dinero hacia bancos suizos. Tras elegir también la "delación  premiada", este empresario aguarda una pena reducida.  Entre las constructoras, están representantes del más alto nivel en las grandes del sector. Por ejemplo, figuran el presidente y vice de OAS, un holding fundado en el estado de Bahía hace casi 40 años pero que hoy tiene alcance internacional. Su Ceo, José Aldemário Pinheiro Filho, está en la lista de los acusados de delitos económicos graves. También entró en la causa Agenor Franklin Magalhães Medeiros, presidente del área internacional de OAS. Otra constructora muy conocida, a nivel nacional y en el mundo, es la Camargo Correa: el presidente del directorio de la compañía, João Ricardo Auler, figura entre los reos. Tan mentada como las anteriores es la Galvao Engenharia: su presidente, Dario de Queiroz Galvão Filho (miembro de la familia dueña del grupo), será sentado también en el banquillo judicial. El titular de Mendes Junior, Sergio Cunha Mendes, vio su nombre en la lista. Y otro tanto ocurrió con Gerson de Mello Almada, vice-presidente da Engevix Engenharia.

El procurador Deltan Dallagnol, quien coordinó la fuerza-tarea del ministerio público federal en este caso, señaló que "Petrobras fue víctima de un gran esquema" de coimas, de asociación ilícita y de lavado de dinero. Youssef y sus empleados tuvieron como misión "realizar el nexo entre las constructoras y los directores de la estatal".  Según el letrado, "para que el cártel pudiera funcionar y se pudiera maximizar la ganancia de forma abusiva, era preciso cooptar muchos agentes públicos". La procuración se encuentra, según Dallagnol, "en una guerra contra la impunidad y la corrupción". Señaló, también, que esos lucros inmensos contrastan con la falta de recursos para la población que "clama por salud, educación y saneamiento básico".

En Estados Unidos, donde el caso de Petrobras es acompañado en forma directa por los inversores internacionales, varios estudios de abogados iniciaron "acciones colectivas" contra "fraudes informativos" cometidos por la petrolera. Ahora son media docena que se sumaron al inicial Wolf Popper. Están en línea con este estudio de Nueva York la oficina de Glancy Binkow & Goldberg;  Rosen Law Firm; Pomerantz Law Firm; Brower Piven e Khan Swick & Foti (KSF). Todas ellas procesaron a Petrobras por posibles violaciones de las leyes federales del mercado de capitales.

Fuente: FMFleming - Clarín