La cita es el lunes a las 9.30. Cristina Kirchner estará sentada en el estrado y el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) escuchará con atención sus palabras. No leerá. “Nunca lo hizo ni cuando inauguraba las sesiones legislativas, menos ahora”, señalaron desde su entorno. Será lo más parecido a aquellos discurso plagados de detalles, que brindaba cuando era presidenta de la Nación, pero éste será un contexto  diferente: declarará por primera vez en un juicio por corrupción donde se la acusa de ser jefa de una asociación ilícita. Su indagatoria no será transmitida en vivo por TV como requirió y su defensa tendrá dos ejes centrales: el descargo político, diciendo que "le armaron" la causa y un intento de hacer desestimaciones técnicas a las principales pruebas del expediente.

En la Sala AMIA, la misma en la que Amado Boudou escuchó la condena en su contra por la compra de la ex Calcográfica Ciccone, y también donde Julio De Vido fue sentenciado a cinco años y ocho meses, por administración fraudulenta en la Tragedia de Once, declarará en un caso de corrupción, Cristina Kirchner, sin determinar aún si aceptará responder preguntas. 

 El juicio que inició el 21 de mayo, tiene a trece imputados entre ellos a la ex presidenta, a Julio De Vido, Lázaro Báez, José López, Carlos Kirchner, entre otros, quienes están siendo juzgados por el direccionamiento de la obra pública a favor del empresario K.

La electa vicepresidenta, a ocho días de asumir, se defenderá ante una audiencia que promete ser concurrida después que el TOF 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, con el voto en disidencia de éste último, decidió no transmitir en vivo su declaración.

Al menos dos los ejes de su defensa, según allegados a la ex Presidenta. Por un lado, hará énfasis en el componente político donde reiterará que fue víctima de una “persecución política y descarada” como dijo en su escrito cuando fue procesada en esta causa. Siempre apuntó a Mauricio Macri, quien montó “una campaña permanente y sistemática de descrédito”, también como ya planteó. En su alegato, podría referirse a su latiguillo del "lawfare" (guerra judicial).

En reiteradas ocasiones, Cristina Kirchner señaló que las causas judiciales en su contra, buscaban “tapar la crisis económica” del gobierno de Cambiemos.  A la fecha acumula siete causas elevadas a juicio oral, más de nueve procesamientos (siete por corrupción) y cinco pedidos de prisiones preventivas. 

La acusación en su contra, en este caso, sostiene que fue jefa de una asociación ilícita, "junto con otros funcionarios (...) y Lázaro Báez” que tenía por objeto “sustraer y apoderarse ilegítimamente de fondos públicos asignados, a la obra pública vial en Santa Cruz, a través de la defraudación al Estado y el lavado de dinero". La cifra por los 51 contratos que recibió el empresario K, asciende a $ 46.000 millones.

Sin convalidar ninguno de los planteos, siempre desestimó la realización del juicio, donde se señaló que en su rol de Presidenta, “continuó con la dirección, ejecución y subsistencia de la matriz de corrupción en la obra pública vial” que "inició con Néstor Kirchner" en el 2003.

Hace semanas, la ex Mandataria prepara su descargo, en base a los escritos presentados en este expediente. Su defensa había solicitado la nulidad del juicio y de las acusaciones, pidiendo que todo se remita a Santa Cruz, donde Lázaro Báez debía ejecutar las obras. Se argumentó que los hechos ya fueron investigados en el sur y que se estaba ante un "doble juzgamiento".  

¿Qué postura ya tomó ante el caso? Que su procesamiento responde a "un pronunciamiento que solo puede ser entendido en el marco de acontecimientos de una gravedad institucional que no registra antecedentes".

Alimentando esta idea, la ex Presidenta ya había desestimado la auditoría de Vialidad Nacional respecto a la adjudicación de la obra pública vial en Santa Cruz, porque consideró que las pruebas fueron “tergiversadas”, algo que posiblemente reitere. El TOF 2 ordenó una auditoría sobre 5 casos testigos. Para los peritos oficiales hubo sobreprecios de U$S 200 millones, pero la perito por parte de Cristina, concluyó que no hubo irregularidades.

Cristina Kirchner ya dijo que no favoreció a Báez, ni que fue el que más obra pública recibió. Y continúa sosteniendo que no sólo no existieron sobreprecios sino que en la causa se buscó "enjuiciar políticas de Estado" en relación a las partidas presupuestarias y la planificación de obra pública. El lunes muchos de estos planteos volverán a oírse.