En tribunales, descuentan que la reforma judicial que encarará la administración de Alberto Fernández ya está en marcha, aunque no se haya anunciado el cómo. El principal indicio que interpretan no es sólo la nominación de Daniel Rafecas como procurador general, sino la cobertura de cargos con injerencia judicial que tienen línea directa con Cristina de Kirchner. La reforma la encabezará ella, interpretan. Ademas, hacen cálculos respecto de las modificaciones en el diseño organizacional que tendrán los tribunales más políticos del Poder Judicial. Las opciones contemplan siempre una suerte de dilución del poder de los jueces federales de Retiro.

Hasta la candidatura de Rafecas como jefe de los fiscales, las especulaciones estuvieron dadas en torno de lo que el Gobierno de Fernández propondría respecto de la Justicia después del discurso de asunción. Pero cuando los demás casilleros ligados al accionar judicial comenzaron a completarse con nombre propios, magistrados concluyeron que la vicepresidenta es la que tendrá un peso específico en torno del diseño. La intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por parte de Cristina Camaño; el cargo de titular de la Oficina Anticorrupción para el fiscal Felix Crous; la Secretaría de Justicia a cargo de Juan Martín Mena; la jefatura de la AFIP para Mercedes Marcó del Pont; y la designación de Gerónimo Ustarroz, como la representación oficial en el Consejo de la Magistratura, ratificaron la teoría de que es Cristina la “dueña” de ese objetivo planteado por Fernández ante la asamblea legislativa.

Por eso, conciden en que más allá de del proyecto que sea enviado al Congreso, la reforma integral de Comodoro Py ya está en marcha. “En Economía puede haber dudas, pero en lo judicial, la reforma ya está diseñada de principio a fin”, sostuvo un operador respecto de lo que se empieza a visualizar. El plan es mucho más sofisticado que una absolución indirecta en las causas que más podrían preocupar a la expresidenta, sino profundos cambios en la lógica de funcionamiento de los tribunales que abarcan a jueces pero que atacan la matriz de funcionamiento del fuero más político desde sus entrañas.

El plan que podría cristalizarse en un proyecto de ley y que es más factible parte de la base de una fusión entre Comodoro Py y el fuero penal económico, conocido por ocupar un edificio contiguo sobre la calle Inmigrantes. El antecedente radica en una vieja idea de unificar ambos fueros, divididos en lo que se reconoce como una especialidad de la Justicia federal, que ya tenía la especialidad penal tributaria entre sus atribuciones. No habría dificultad en reconocer como federal al penal económico, algo que internamente es ya reconocido en su materia federal. El resultado sería que se duplicarían los juzgados federales de instrucción: de 12 (con al menos dos vacantes por delante) para pasar a ser 23, lo que modifica totalmente uno de los aspectos más cuestionados respecto de los sorteos para asignación de causas.

También duplicarían la cantidad de salas de Cámara, transformándolas en cuatro y llevando a los Tribunales Orales Federales de 8 a 12, en total. Eso generaría el efecto de diluir el poder de los jueces, uno de los elementos clave a considerar en el diagnóstico que la política hace del manejo de la Justicia. Sin embargo, no considera que el penal económico es uno de los fueros que también se encuentran en relación directa con el accionar de servicios de inteligencia, sobre todo en lo relativo a contrabando, Aduanas y narcotráfico, uno de los cuestionamientos principales de Fernández.

De todas formas, la idea del Gobierno es acelerar al máximo la implementación del Código Procesal Penal para que llegue a la zona de Retiro en un plazo máximo de dos años, un lapso crucial para que se considere acelerada la delegación de las investigaciones en manos de los fiscales y que se relegue a los jueces a garantizar la legalidad del proceso, sin el poder e injerencia que hoy detentan.

Un segundo escenario podría sumar además de la fusión una prórroga de jurisdicción de los principales juzgados federales del conurbano. Eso daría como resultado la incorporación de los tribunales radicados en San Martín, Morón, Lomas de Zamora, y San Isidro con sus respectivas Cámaras y tribunales orales. El riesgo de ese diseño implica invadir ecosistemas propios que funcionan con su propia lógica distrital y que importan una dificultad para amalgamarlos.

El tercer y cuarto escenario apelan a una iniciativa que en su momento había sido apuntalada por Gustavo Beliz en su primera gestión durante el gobierno de Néstor Kirchner. La misma idea había sido recogida por la UCR cuando Ernesto Sanz sonaba como ministro de Justicia de Cambiemos. Eso era tomar a lo que se considera un “híbrido” como la Justicia penal nacional u “ordinaria” como federal y así “federalizar” a los juzgados penales nacionales de la Capital Federal. Las diferentes opciones radican en considerar un traspaso para los juagados que hoy están vacantes, lo que generaría la chance irresistible para cualquier gobierno de ocupar esos cargos con designaciones propias. El resto, irremediablemente y en base a fallos de la Corte Suprema, terminarían en la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, algo que resisten.

La disyuntiva es política: los fondos tendrán que ser sustentados por la administración de Horacio Rodríguez Larreta confrontado con las provincias si se niega. La opción de máxima es que vacantes o no, todos los juzgados tengan el status de federal. El resultado de esa juzgada ampliaría sustancialmente la dimensión de la Justicia federal disminuyendo a la mínima expresión el poder de Comodoro Py. Junto a penal económico, totalizarán 86 juzgados de instrucción, 9 salas de Cámara y un total de 42 tribunales de juicio más 7 salas de Casación. Con baja probabilidad de concreción, significa patear el tablero total en la fisonomía de la justicia, uno de los puntos a los que apuntó Fernández en su discurso pero que Cristina tiene en mente como uno de los principales obstáculos con los que se topó en el llano y que ahora piensa corregir desde el poder.