El Grupo de Trabajo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) constató que Argentina no cumple los artículos de la Convección contra el soborno y que el país "no ha aplicado las recomendaciones que se le hicieron en 2001". 

Entre ellas, figuraba la introducción de la responsabilidad corporativa para el soborno exterior, la creación de una jurisdicción nacional contra estos delitos y la rectificación de varias deficiencias para perseguir el soborno trasnacional. 

Los expertos de la OCDE visitaron Argentina durante este año, pero no pudieron hablar con algunos responsables de la lucha contra el soborno, por lo que indicaron que el país será objeto de un nuevo informe de etapa a finales de 2016. 

Además, el Grupo de Trabajo mostró su inquietud por "las deficiencias estructurales en el sistema de justicia penal" que persisten desde que el país fue sometido a una anterior evaluación en junio de 2008. 

La lentitud de las investigaciones judiciales es uno de los problemas detectados, al igual que la falta de independencia de los magistrados para detectar y combatir el soborno en el extranjero, como ponen de manifiesto los contactos entre miembros del Ejecutivo con jueces y fiscales, sometidos a "presiones" mediante procesos disciplinarios. 

El informe también constata el número "extraordinariamente alto" de vacantes entre los jueces, al tiempo que señala que "las autoridades policiales argentinas no han reaccionado con prontitud a las denuncias de soborno exterior reportados por los medios de comunicación". 

Las normas argentinas son "inconsistentes y enrevesadas" lo que "dificultan y retrasan" la labor de los funcionarios, indica el estudio, que señala que "pocas empresas argentinas tienen protocolos contra el soborno exterior más allá de limitados códigos éticos". 

La OCDE señala, además, que "el Gobierno argentino no ha hecho todos los esfuerzos necesarios para elevar el nivel penal del soborno trasnacional". 

Pese a todo, el Grupo de Trabajo constata "limitados esfuerzos" desde su última visita al país, como la reciente adopción de un Código de Procedimiento Penal, la creación de unidades fiscales para apoyar a los jueces en estos casos y la puesta en marcha de grupos de expertos en la materia.

Fuente:FMFleming