Alberto Fernandez apura una reforma de la Justicia federal. Asegura no querer echar a nadie, pero sí pretende ordenar el funcionamiento de ese poder pues considera que “lo que pasa ahí es un estropicio”.

Por eso, en las sesiones extraordinarias a las que convocó al Congreso de la Nación para el verano, pretende que se debata una ”Reforma Judicial” para avanzar de inmediato con cambios en la Justicia. Casi con la misma celeridad con la que avanzó con la Ley de Emergencia. Quiere acción y que, desde febrero mismo, haya un funcionamiento distinto.

El fuero sobre el que pretende realizar cambios no es permeable a las transformaciones. Mucho menos, a los que se dispongan desde otro lado y no, desde su propio seno. En este caso, desde otro poder, el Parlamentario, con una orden y proyectos determinados desde el Ejecutivo.

Pero el cambio comenzó y parece ser irreversible. El Dr. Fernández trabaja este tema personalmente: los temas de Justicia asegura conocerlos como pocos (sigue sin abandonar sus clases como profesor de Derecho Penal en la UBA), así como reconoce a los actores claves de ese poder. Y para eso, confía en pocos. Primeramente, en Marcela Losardo, su ministra del área y con quien compartió estudio jurídico desde que ambos salieron de la facultad. Después en Gustavo Béliz, otro abogado que se ha transformado en una de las pocas personas que influencian en serio en el ánimo y la opinión del Presidente.

Béliz se ha curtido, con su salida estrepitosa del gobierno de Néstor Kirchner -tras el Stiuso Gate- y ha estudiado la situación de la Justicia argentina, desde su lejanía geográfica en Washington y Uruguay, trabajando en el Banco Interamericano de Desarrollo, exilios involuntarios del abogado y periodista. A esa tríada solo se suma Santiago Cafiero, quien como ministro coordinador pondrá en marcha el funcionamiento de la maquinaria burocrática, una vez que la reforma judicial logre superar el paso por el Congreso.

Alberto quiere que la Justicia no sea más un sitio “inhóspito”, esto entendido como lugar desagradable para poder estar o habitar y que no ofrece seguridad ni abrigo o protección. En el esquema peronista (esto es, la suma de todas las variables pejotistas más el kirchnerismo) consideran que la Justicia federal fue, en los últimos cuatro años, un lugar donde se persiguió a los opositores. “No puede haber más Bonadios”, es la consigna que se escucha en los principales despachos de Casa de Gobierno, en referencia a jueces a los que les tocan siempre las causas más calientes, como arguyen que le pasó a Cristina Kirchner con el magistrado Claudio Bonadio.

Esta lectura merece ser increpada por lo que sucedió en la era K: no imperaban los Bonadios pero sí los Oyarbide, esto es, el magistrado federal Norberto Mario Oyarbide, quien -por ejemplo- dictó la falta de mérito del matrimonio Kirchner en la causa por enriquecimiento ilícito en tiempo récord y sin mover un solo papel ni requerir medida de prueba alguna. Y que años después, dijo haber actuado presionado, algo que posteriormente desmintió, todo esto en tiempos del macrismo y cuando el veterano juez federal se había transformado más en una figura de la farándula que en un prestigioso hombre del Derecho.

Cuando se le pregunta sobre esto a Alberto Fernández, él retruca: “No debe haber jueces que sobresean a los que gobiernan. Pero tampoco, que persigan a los opositores, como pasó durante el macrismo”.
La reforma que pergeñan con celo extremo Fernández, Losardo y Béliz pretende impulsar el sistema acusatorio, esto es apurar la implementación racional del procesal penal. O sea, más jueces federales (licuando así el poder de la docena actual de magistrados que se ocupan, centralmente, de las causas de corrupción) y todo el poder de instrucción a los fiscales.

En el caso de los jueces, el proceso es más sencillo: con una ley, se cambia la denominación a los magistrados y se puede sumar al lote de jueces federales a los del fuero penal económico y/o a los de instrucción: así, habría más jueces como los 12 actuales de Comodoro Py con el mismo Código Procesal Penal.

Y aquí aparece una "interna" o diferencia de parecer: Béliz prefiere que se sumen más jueces de instrucción, criterio compartido por la Asociación de Magistrados. En tanto, operadores judiciales de peso, como Javier Fernández (hoy en la AGN) y el ex radical Darío Richarte ven con mejores ojos -en virtud de su influencia en ese fuero- a los jueces penales económicos.

En el caso del cambio en el trabajo de los fiscales es más engorroso pues dependen de poner en marcha un plan que les destine más recursos y que mueva empleados o dotación, de un juzgado a una fiscalía, algo más engorroso en el Poder Judicial.

Algo de esto había comenzado, paradójicamente, la última gestión presidencial bajo el ministerio de Germán Garavano. Los nuevos modos, estipulados en el nuevo Código Procesal Penal, para los fiscales ya se están impulsando por provincias, como el caso de Salta y Jujuy. Ahora, pasaría también a efectuarse en los distritos de Santa Fe y Mendoza. En todos estos nuevos procesos, el fiscal aumenta su participación y acota el poder de acción de los jueces.

Así, habría un nuevo panorama en Comodoro Py, el mote que recibieron los tribunales federales debido al nombre de la calle del barrio de Retiro donde está emplazada esa mole edilicia. Ese lugar es tierra de dominio de los jueces federales, con sus autos y excepciones como la bicicleta del fiscal Federico Delgado.

El misterio del manejo del proyecto también llega al Congreso. Las sesiones extraordinarias de enero están citadas para el día 22 pero podría haber un adelantamiento, con la dificultad de movilizar a los empleados legislativos de apuro, en medio de vacaciones y licencias.

Cuando esa metodología se resuelva, el texto del proyecto llegará a las manos de Cristina Kirchner, titular del Senado; de Sergio Tomás Massa, presidente de la Cámara de Diputados, y de Máximo Kirchner, jefe de bloque de los diputados del Frente de Todos. Ellos deberán llevar adelante la aprobación de la reforma judicial y manejar los debates con la oposición, que se anticipan calientes. ¿Volverá para esa discusión Elisa Carrió, licenciada y con anticipo de jubilación definitiva para el mes de marzo? Seguramente no se lo perderá la intensa diputada, ahora nuevamente opositora.

¿Habrá consulta con los Kirchner al respecto? No parece, pues hay coherencia de pensamiento entre Alberto y Cristina sobre la actualidad del fuero penal argentino. La difusa discusión sobre el término “Lawfare” y las liberaciones de presos K de los últimos días, a tono con el cambio de viento y criterio de los jueces, parecen haber despejado los nubarrones judiciales sobre el universo kirchnerista.