La Unión Industrial Argentina (UIA), pieza clave del Grupo de los Seis, confirmó la estrategia oficial y prometió abordarla junto con el sindicalismo, luego de que la CGT también diera esta misma semana un primer aval a la iniciativa que había adelantado este diario digital . En tanto que la Cámara de Comercio, incluso sin haber sido informada del plan, se comprometió a “acompañarlo, siempre dentro de un marco de razonabilidad”.
La propuesta, que por ahora maneja el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, con un sector reducido del equipo de Alberto Fernández, apunta a generalizar en la primera etapa del año el mecanismo establecido por dos decretos de aumentos de $ 4.000 para trabajadores del sector privado y para estatales, de modo tal de diferir el arranque de las negociaciones formales entre empresas y gremios y apaciguar de ese modo las expectativas inflacionarias.

El plan requeriría de la aprobación uniforme de cámaras empresarias (industria, comercio, construcción, sector financiero y agro) y centrales obreras (CGT y las dos versiones de la CTA) para lograr un compromiso de sostén del poder adquisitivo de las categorías salariales más bajas y postergación de las subas en porcentaje para un período más cercano a la segunda mitad del año. Ese ordenamiento está previsto definirlo en los ámbitos de debate que impulsará el Ejecutivo en búsqueda de un acuerdo de precios y salarios y en el Consejo de Desarrollo Económico y Social, pendiente de una ley de creación.

“Hubo conversaciones preliminares con los actuales funcionarios aunque todavía no hay definiciones. De nuestra parte hay voluntad de diálogo para encontrar una solución y alternativas en la lógica de sumas fijas planteada por el Gobierno”, lo confirmó ayer Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de la Unión Industrial. El dirigente, titular además de la cámara de industrias alimenticias (Copal), inscribió la iniciativa en “la búsqueda de acuerdos que pudiesen significar una modulación concertada en la evolución salarial” como parte de un plan mayor tendiente a “la estabilización macroeconómica”.

Funes condicionó el avance de la propuesta a la definición de un tratamiento diferenciado “para pyme y economías regionales” con inconvenientes para pagar los aumentos, para las que dijo que será necesario “un financiamiento a través de créditos a tasa blanda, por debajo de la expectativa inflacionaria”. También planteó la necesidad de que sumas fijas y paritarias “se autoexcluyan voluntariamente y no se superpongan” para garantizar que las empresas podrán absorber los ajustes.

La UIA, aunque favorita del Gobierno para explorar una nueva dinámica salarial, tiene un inconveniente de base que la diferencia de otras patronales: sus integrantes totalizan unos 800 convenios colectivos de trabajo (a diferencia de los otros protagonistas del Grupo de los Seis, con una paritaria en cada caso) por lo que su pronunciamiento puede ser sólo indicativo para sus asociados y no vinculante.

En tanto que en la Cámara de Comercio, su secretario, Mario Grinman, aseguró desconocer la iniciativa y sólo tener referencias “por medios periodísticos”, pese a lo cual concedió: “si las sumas fijas que eventualmente proponga el Gobierno son razonables no veríamos inconveniente en firmarlas. Tienen que estar en línea con lo que podría salir de una paritaria y no ser un monto absurdo imposible de pagar para los comerciantes”, aclaró. El directivo puso su propia condición: “siempre defendemos el poder adquisitivo del asalariado y que el aumento sea el mayor posible. El problema es lo que está por arriba de eso, que es lo que se lleva el Estado como cargas sociales. Si el Estado pone su parte todo será más fácil”, añadió.