El Gobierno nacional anunciará hoy al mediodía el aumento para las jubilaciones que regirá desde marzo: habrá un incremento mayor al 11,56% para quienes perciben el haber mínimo, de $ 14.067,93. El porcentaje se irá achicando conforme más alta sea la escala de haberes, y quienes cobran más de 50 mil pesos serán los más perjudicados. 

Pero mientras achata la pirámide, el Ejecutivo trabaja en una moratoria previsional para enviarla al Congreso este año. Aún no hay fecha, pero la decisión política está tomada. Se buscará que más personas sin aportes puedan recibir un beneficio de Anses. 

La Anses está en etapa de recepción de propuestas para esa moratoria. La CGT acercó la suya y el gremio Secasfpi (de los empleados del organismo) hizo lo propio. La idea oficial es avanzar en el segundo trimestre con el tema. 

La actual moratoria, que es la creada por Cristina Kirchner y a la que el macrismo le hizo modificaciones, vence en 2022. En Anses estiman que, por ejemplo, hay unas 250.000 mujeres que por año cumplen los 60 años y estarían en condiciones de ingresar a la nueva. 
 
Este proyecto de ley sería más abarcativo, dado que vendría acompañado por un blanqueo de empleados no registrados. Se sumaría una exención del pago de contribuciones patronales durante un año para las pymes que incorporen trabajadores. 

El aumento que viene
Mientras tanto, el incremento a los jubilados que se anunciará hoy a las 18 -otorgado en forma de suma fija- será mayor para 5,25 millones de jubilados y pensionados, que son el 76% del total (un universo de 6,85 millones de personas)
 
 
En el Gobierno aseguran que ese 76% recibirá un alza mayor a la que debería corresponder por la cláusula de ajuste que fue suspendida con la megaley sancionada por el Congreso en diciembre pasado, que daba 11,56%.

El detalle, escala por escala, de cómo será el corte para determinar quién recibe cada porcentaje estaba guardado bajo siete llaves. Y esta tarde será develado por el titular de Anses, Alejandro Vanoli, en Casa Rosada. 

Lo único certero que fue reconocido ayer incluso por fuentes del Gobierno fue que los que cobran más $ 50 mil serán los más perjudicados. Tendrán aumento nominal, pero este podría ser de “uno o dos por ciento, que es lo mismo que nada”, dijo una fuente. 

 
El 25% del universo que será perjudicado por incrementos menores está repartido en escalas. El haber máximo es $ 103.000. Hay haberes superiores, de algunas leyes especiales, y aquellos que están por sentencias judiciales contra los que el Gobierno irá en otra instancia, con proyectos que enviará al Congreso.

Reacciones
En el Ejecutivo saben que se vendrá un vendaval de críticas, principalmente de la oposición. Sin embargo, descartan una judicialización masiva y asumen que hay varios fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que anticipan sentencias a favor del Gobierno.
 
Mauricio Macri cambió la fórmula de Cristina Kirchner. Ahora hay una ley de emergencia de Alberto Fernández que la suspende por 180 días. Pero además de esa ley de emergencia está vigente la ley de Solidaridad Previsional (24.463) de 1995, que en su artículo segundo dice que las prestaciones se pagarán de acuerdo con las partidas presupuestarias, es decir, dependiendo de los recursos existentes. En este caso, el Gobierno está administrando con el Presupuesto 2019. 

“Judicialización va a haber, pero el Estado qué va a decir: tenemos ley de Solidaridad Previsional que sigue vigente y tenemos una ley de emergencia fiscal, económica, previsional, financiera, social, la 27.544”, dijo una fuente consultada. Por eso, en la Casa Rosada están tranquilos de que las causas no van a prosperar.

 
Vanoli y el ministro de Trabajo, Claudio Moroni (de quien depende Anses) estuvieron ayer en Casa Rosada reunidos con el presidente Fernández y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Terminaron de afinar el anuncio. 

Allí se habló, de mejorar la equidad distributiva. Se busca no replicar la desigualdad que ya existe en el mercado laboral. Vanoli y Moroni dieron herramientas discursivas a Fernández para defender la decisión: el 40% de cada jubilación se paga con plata del fisco que ingresa por vía de impuestos, no por aportes. 

 
El presidente Alberto Fernández aseguró ayer que va a “cumplir” con lo que prometió. “La Argentina está en una situación de hambre y pobreza que nos obliga a prestarles, a quienes lo sufren, una especial atención”, dijo ayer. 

Confirmó que cuando se conozcan los aumentos a las jubilaciones, ahí la opinión pública podrá ver que el Gobierno “prioriza” al sector que peor está. “Ellos van a cobrar más de lo que hubieran cobrado con la fórmula anterior”. 

En paralelo, la titular del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (ex PAMI), Luana Volnovich, está terminando con el Ministerio de Salud la elaboración del vademécum de los medicamentos que serán gratuitos para los jubilados.

Perdió 50% el poder de compra de medicinas
El poder de compra de la jubilación mínima en relación al precio de los medicamentos, significó una caída del 50% entre mayo de 2015 y noviembre de 2019, afirmó un informe difundido por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

Sin embargo, el declive se reduce 8 puntos porcentuales en diciembre de 2019 teniendo en cuenta la reducción y posterior congelamiento de precios de los medicamentos decretada por el Gobierno y el incremento jubilatorio de ese mes.

Los medicamentos aumentaron 455% entre mayo de 2015 y enero de 2020, mientras que el haber jubilatorio mínimo lo hizo 268,1%.