El aumento trimestral diferenciado de las jubilaciones, pensiones y demás prestaciones sociales con relación a la fórmula suspendida representa para el Gobierno un ajuste fiscal de 5.100 millones de pesos por mes o $ 15.500 millones entre marzo y mayo. Los aumentos van del 3,8% al 13% según el nivel de haber y en promedio, el incremento global representa el 8% de la masa total frente al 11,56% de la fórmula suspendida. Son casi 8 puntos menos.

Los $ 5.100 millones se descomponen en un ajuste de $ 5.500 millones para los jubilaciones y pensionados, mientras para el resto de las prestaciones – pensiones no contribuciones, asignaciones y AUH que reciben el 13% - hay un mayor gasto por casi $ 400 millones de acuerdo a los cálculo fiscales del CEPA (Centro de Economía Política Argentina).

En junio, si se repite el mismo esquema, con el nuevo aumento trimestral por decreto, el ajuste fiscal podría incrementarse otro tanto, sumándose al recorte anterior. Esto llevaría la merma en el gasto de Seguridad Social a $ 100.000 millones en todo el año. De ese modo, dependerá de la nueva fórmula que apruebe el Congreso en el segundo semestre que ese ajuste fiscal se incremente o no.

Con esos números se confirma que detrás de la suspensión de la fórmula de movilidad hay un tema fiscal clave porque el Presidente Alberto Fernández sostuvo que los aumentos de la fórmula anterior no podían ser afrontados. En consecuencia, se desprendía que el dinero total por los aumentos trimestrales de marzo y junio debía ser inferior a los devengados de la fórmula anteriores --que se puso en práctica con el aumento anunciado- aunque con el criterio de otorgar mayor proporción de aumentos a los que menos ganan, en detrimento del resto.

Esta diferenciación por tramos de haberes ya se aplicó porque los jubilados y pensionados que ganan hasta 19.068 pesos recibieron por “única vez” un bono de hasta $ 5.000 en diciembre y otro enero y $ 2.000 los que cobran la AUH. Y el resto no tuvo ningún plus. Esos bonos, que no se integraron al haber, representaron un total de $ 45.000 millones, y compensaron una pequeña parte de la pérdida del 20% que tuvieron durante la gestión del Gobierno anterior. No obstante, incluso considerando esos $ 45.000 millones, queda un ajuste fiscal de más de 50.000 millones de pesos.

El ajuste fiscal es clave de cara a las negociaciones de la deuda ya que tanto los acreedores como el FMI reclaman un sendero fiscal que garantice los pagos futuros que surjan de la reestructuración de esa deuda. Otra parte deberá provenir de la restitución del IVA a un conjunto de alimentos, del recargo del 30% a la compra de dólares y de los aumentos de impuestos aprobados en la Ley de Emergencia. 

Por su parte, el achatamiento de las jubilaciones y pensiones abre una “grieta” en la pirámide previsional. Es que del aumento anunciado el viernes se desprende que los que cobran el haber mínimo recibirán 197 pesos más por mes o $ 592 en el trimestre con relación a la fórmula suspendida. En cambio, ya con $ 20.000, el jubilado o pensionado pierde $ 352 por mes o 1.056 entre marzo y junio. Esta merma se acrecienta a $ 2.204 mensuales o $ 6.612 en el trimestre para los que cobran $ 40.000, salta a $ 4.056 mensuales o $ 12.168 en el trimestre para los haberes de $ 60.000 hasta alcanzar los $ 7.760 mensuales o $ 23.280 trimestrales para los que perciben $ 100.000.

Sobre 7,5 millones de jubilados y pensionados, 4,8 millones (incluyendo las pensiones no contributivas) tendrán un leve recorte con relación a la pérdida del 19,5% de la fórmula suspendida. Y el resto – 2,7 millones de personas --tendrá una pérdida adicional, en mayor proporción entre los que más ganan. Este último segmento de jubilados y pensionados sería el sector que podría hacer reclamos en la Justicia con el fundamento de la afectación de derechos adquiridos por cuanto el 11,56% corresponde al período devengado julio-septiembre de 2016 ya que esa fórmula se aplicaba con un retraso de seis meses.