Los jueces trataron de evitar que este texto llegara al Parlamento, pero fracasaron a pesar de las gestiones ante la Casa Rosada de jueces de la Corte y de legisladores. Hasta ayer no quisieron expresarse públicamente hasta tener una postura conjunta. Se pronunció solo el juez Ricardo Recondo, vicepresidente del Consejo de la Magistratura, que calificó la medida de "inconstitucional".

De todos modos, los jueces no rechazan de plano la idea, sino que buscan amortiguar sus consecuencias. Algunos jueces federales, que no están cerca de la jubilación y no militan en la Asociación de Magistrados, se mostraron proclives a aceptar estos cambios en función de una mayor equidad.

La negociación entre el Gobierno, el Congreso y los jueces se realizó en varios frentes. Por un lado, los magistrados acudieron a la ministra de Justicia, Marcela Losardo, con quien tienen buena relación. También conversaron con Vilma Ibarra, secretaria legal y técnica de la Nación. Al mismo tiempo, el presidente de la Asociación de Magistrados, Marcelo Gallo Tagle, se reunió la semana pasada con el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, para hablar de temas institucionales, y sus colaboradores juran que no tocaron el tema jubilaciones.

Preocupados, los jueces buscarán esta semana reunirse con los miembros de la Corte, con Recondo y con los legisladores de todas las bancadas para tratar de contener lo inevitable.

La acción sobre los jueces de la Corte es analizada con particular atención, ya que el proyecto que circuló el viernes pasado deja a los jueces de la Corte fuera del alcance del recorte. Esto generó suspicacias entre los magistrados.

El proyecto que ingresó al Congreso (se tratará primero en Diputados) dice que los jueces que se jubilen no cobrarán el 82% móvil del último salario, sino que se calculará el 82% sobre el promedio de lo que cobraron durante los últimos 10 años. Sería un 60% del sueldo de un juez en actividad, según los cálculos. Es la principal objeción que tienen los jueces al proyecto.

La iniciativa, además, prevé la suba de edad de jubilación de 60 a 65 años. Asimismo prevé un incremento del 7% en los aportes. De este modo, llegaría al 19% del salario total. Actualmente, el porcentaje de aportes es del 12%. Los jueces están proponiendo que el incremento sea de un 6% y que el 3% lo paguen los jueces activos y que 3%, los pasivos, es decir, los que ya se jubilaron. Esta solución no es vista con agrado en la Corte, donde ya le avisaron al Gobierno que si modifican el cálculo a futuro podrían prosperar, pero si tocan los haberes para atrás se vendría una catarata de amparos. Son cerca de 7000 jueces ya jubilados los que serían afectados si prosperara esta iniciativa.

Resistencia en el Gobierno

En el Gobierno resistieron las propuestas de cambio que acercaron los jueces. Vilma Ibarra tuvo la postura más dura y Losardo, la más dialoguista. De todos modos, la última la palabra la tuvieron Alberto Fernández y Cristina Kirchner. El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, también se puso duro: "Que hagan juicio", desafió. Por eso en el Gobierno sondearon meses atrás a la Corte para ver cómo terminarían esos procesos.

Julio Piumato, el jefe del gremio de los judiciales, se declaró en estado de alerta y movilización y llamó a las asociaciones de magistrados a expedirse sobre esta cuestión, que alcanza a sus afiliados. El Gobierno de todos modos conversa con el Sitraju, el sindicato judicial cercano al kirchnerismo que conduce Vanesa Silley.

Piumato dijo que para su gremio el esquema "resultaría aún más elitista porque excluye a prosecretarios jefes, administrativos y categorías similares". Piden además que no se consideren de "privilegio" los regímenes especiales, como se conoce a aquellos que tienen un sistema propio aun cuando aporten a la Anses.

El proyecto oficial incluye al personal del Servicio Exterior alcanzado por las mismas reformas que les quita el 85% móvil sobre el último salario y les pagarían el 82%, pero calculado sobre un promedio del sueldo de los últimos 10 años. Además, establece que "la prestación de servicios en los destinos considerados peligrosos o insalubres no será computada doble" en el cálculo jubilatorio.

Para justificar los cambios, el Gobierno explicó que hay 16.760 jueces y funcionarios que aportan en promedio $32.600 al mes y que los jubilados son unos 7000. Funcionarios y magistrados en actividad perciben un haber medio de 289.000 pesos, excluidas las pensiones. La mayor jubilación es de $770.100, lo que implica 55 veces el haber mínimo y siete veces el haber máximo del sistema corriente.

En el caso del Servicio Exterior, hay 1100 funcionarios que aportan $39.000 por mes y 700 beneficiarios que perciben mensualmente un haber medio jubilatorio de $396.000, sin considerar las pensiones. La jubilación de mayor cuantía es de $616.476.

El Gobierno dijo que pretende "correcciones" al régimen especial para magistrados y funcionarios del Servicio Exterior para "lograr de manera gradual, y considerando las peculiaridades de la carrera, un mayor grado de homogeneidad con el régimen general".

Entre los cambios propuestos para los jueces se destacan además el aumento escalonado de la edad mínima jubilatoria, el incremento de los años de servicio con aportes requeridos en los cargos que dan derecho al beneficio jubilatorio, el aumento de los aportes personales adicionales y la uniformización de la base reguladora de la jubilación ordinaria con la del régimen general, así como de los requisitos y condiciones de acceso a las pensiones por fallecimiento.