Gobierno y los cinco gremios docentes de alcance nacional avanzan en un acuerdo que se sellaría mañana y que alcanzaría para garantizar el lunes próximo el inicio del ciclo lectivo en casi todos los distritos del país.

En su rol de empleadora, la Casa Rosada ofrecería una suba de entre 12 y 15 por ciento del salario inicial docente, que es hoy de $20.250 y que sirve como piso de referencia.

Además, se pactaría el pago de cuatro sumas fijas no remunerativas de $1250 cada una, entre marzo y junio, y un compromiso de revisar el trato para el segundo semestre. No se habilitará la cláusula gatillo, que permite un ajuste automático en línea con la inflación.

Con alguna resistencia gremial, se postergaría además para el segundo semestre la negociación de un alza del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), un beneficio de $1210 que reciben todos los maestros y que sería la bala de plata que se guardaría el presidente Alberto Fernández para destrabar los conflictos provinciales que amenacen extenderse.

El monto del Fonid es de $1210 y no se actualiza desde 2016. Los gremios lo distinguen como el atajo para resolver los conflictos distritales, ya que lo reciben todos los maestros del país, que son 1.200.000, aproximadamente. Se percibe por cargo, pero puede cobrarse hasta dos veces por cada docente. En algunos casos representa entre el 6 y el 8% del salario total. Antes se percibía por 10 meses, pero desde 2019 se abona todo el año a partir de una concesión del macrismo para evitar una escalada de la conflictividad durante el año electoral.

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, recibirá mañana, a las 16, a los dirigentes de los cinco gremios de alcance nacional. Se trata de los jefes de la Ctera, UDA, Sadop (privados), AMET (técnicos) y CEA. Dos referentes de los sindicatos más influyentes reconocieron  que la paritaria está cerca de resolverse y que "no hay chances de que se active una medida de fuerza nacional".

Es decir, las clases comenzarían el lunes próximo salvo en las provincias que arrastran protestas por el retraso del pago de sueldos, como Chubut (ver aparte), o reclamos por la eliminación de la cláusula gatillo, como Tucumán. Hay también conflictos sin resolver en Mendoza y Santa Fe.

Las discusiones salariales en las provincias se paralizaron a la espera de las fichas que mueva la Casa Rosada. Es lo que sucedió con la negociación bonaerense tras un primer desencuentro entre la gestión de Axel Kicillof y los gremios provinciales por la postergación de un pago correspondiente a 2019.

La oferta que Trotta pondrá mañana en la mesa sería aceptada por los cinco gremios, cuyos referentes se mostraron en las negociaciones previas mucho más proclives a un acuerdo que cuando negociaban con el macrismo.

De todos modos, en algunos sectores sindicales generó disconformidad la posible postergación de la suba del Fonid y que las sumas fijas sean montos no remunerativos. "Son cifras marginales cuando el Gobierno debería ser el modelo a seguir como empleador. Es una oferta más de coyuntura que para resolver el problema salarial de fondo. Habría que pensar en un salario más colectivo, que beneficie a los docentes activos, pero también a los pasivos, como los jubilados", planteó Sergio Romero, jefe de UDA y secretario de políticas educativas de la CGT.

En paralelo, el Gobierno adelantaría para abril el Consejo del Salario, la mesa tripartita a la que asisten representantes del Estado, de las principales cámaras empresariales y de las centrales obreras y los trabajadores de la economía popular. Allí se resolverá el aumento del salario mínimo, que es hoy de $16.875. Ese monto, además, sirve como referencia para los salarios iniciales de los docentes (que deben encontrarse un 20% por encima) y sobre las jubilaciones, dado que la ley marca que los haberes jubilatorios no serán inferiores al 82% del salario mínimo, vital y móvil.

De todos modos, surgen hoy versiones opuestas sobre la actualización automática del sueldo docente atado a esta referencia. Desde el Gobierno lo desconocen, ya que lo consideran inválido desde que se restituyó la paritaria nacional y se dio de baja el decreto de la anterior gestión que modificó la ley de financiamiento educativo. Para los gremios, en cambio, esa letra chica sigue vigente. Es uno de los pocos puntos en los que aún no hay acuerdo.