En el debate formal del proyecto que modifica las jubilaciones de privilegio de jueces y diplomáticos en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, el oficialismo anuncia modificaciones y discute con la oposición la incorporación de una cláusula temporaria que aclare el resguardo para los magistrados que ya cumplen con los requisitos para jubilarse y evite una "catarata de renuncias". El interbloque de Juntos por el Cambio condiciona su apoyo a la iniciativa a ese punto.

En sus exposiciones, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni; el Secretario de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi; y el Director del ANSES, Alejandro Vanoli anunciaron algunas modificaciones claves. Entre ellas, dejar la edad jubilatoria de mujeres judiciales en los 60 años -como hasta ahora- y elevar a 65 la de los varones, de forma escalonada.

Además, retocaron el artículo 17 para clarificar la forma en que se van a calcular los aportes. Y fijaron que se aplicará el 82% móvil sobre el promedio de las remuneraciones –de los últimos 10 años- actualizadas al valor del salario correspondiente a cada categoría del cargo vigente al momento del cese. Es decir, teniendo en cuenta los sueldos actuales y no lo que percibió cuando desempeñó esa actividad.

A su vez, eliminaron el inciso que estipula la necesidad de haberse desempeñado como mínimo 20 años en el Poder Judicial o en el Ministerio Público, aunque sostiene el requisito de haber trabajado, como mínimo, 10 años de forma continua o 15 de manera discontinua.

También incluyeron la eliminación del inciso A del artículo 16 de la ley 24.018 que permitía que magistrados y funcionarios jubilados pudieran ser convocados como reemplazos en casos de licencias o vacancias.

Sin embargo la incorporación de una cláusula transitoria -que especifique que los jueces que ya están ahora en edad de jubilarse mantendrán la posibilidad de hacerlo más adelante pero con el régimen de privilegio actual- desató fuertes cruces. 

“Planteamos que la reforma se dé a futuro, para nuevas generaciones. Y que los que ya pueden jubilarse ahora, lo puedan hacer más adelante bajo las reglas actuales", explicó el radical Alejandro Cacace. Así, dicen, se evitará la "renuncia masiva" de más de 200 magistrados que, en la oposición, enmarcan dentro de "un ataque al Poder Judicial" para provocar su "vaciamiento". 

Pero desde el Gobierno plantearon que el proyecto ya contempla la situación de los magistrados que cumplen con los requisitos para jubilarse.

“Son innumerables los magistrados que al cumplir los 60 años y cumpliendo los requisitos necesarios iniciaron el trámite de jubilación, han obtenido el beneficio y suspendieron hasta el momento que ellos deciden cesar (su trabajo)”, remarcó el secretario de Estado de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi, y aclaró: “Los que no hicieron ese trámite pero hasta el día anterior a la promulgación de esta ley cumplan con los requisitos de la ley actual vigente, conservarán sus derechos. No están afectados. Eso está en el mensaje de elevación (de la ley) con toda claridad. No se afectan los derechos adquiridos de ninguno de los funcionarios en condiciones hoy de adquirir ese beneficio, sea que se jubilen hoy o continúen trabajando hasta los 75 años, que es el límite que fija la Constitución para requerir un nuevo acuerdo del Senado”.

Sin embargo, ante el pedido del diputado Pablo Tonelli (PRO) para que se incluya entonces una cláusula transitoria que especifique el tema, Goñi respondió: "Aclarar lo obvio no nos parece ni conveniente ni prudente, creemos que es suficientemente claro".

El radical Luis Pastori, retrucó: "Esta cuestión es determinante. Si no lo quieren ponerlo, tenemos todo el derecho a sospechar que el Ejecutivo tenga otro objetivo: que los jueces se vayan y queden estas vacantes para ser cubiertas".

Otro punto que el oficialismo analiza es la incorporación a los regímenes especiales de una categoría más de trabajadores, hoy no contemplados en el convenio original y tampoco en el proyecto que envió el Ejecutivo a Diputados. Concretamente, incorporar los cargos de pro-secretario y jefe de despacho.

Ese punto es un reclamo del interbloque Unidad Federal que conduce el mendocino José Luis Ramón, quien presentó un proyecto en esa línea, con el aval del secretario general del gremio judicial, Julio Piumato.

También el Frente de Todos analiza, la incorporación de topes a las jubilaciones, como tiene el sistema general. "Porque por trampas legales hay jueces de Cámara cobrando 900 mil pesos", aducen en el Frente de Todos.

En la comisión expondrán, además, Marcelo Tagle de la Asociación de Magistrados; Carlos Rívolo, de la Asociación de Fiscales; Alberto Lugones, del Consejo de la Magistratura; Julio Piumato, de la Unión de Empleados de la Justicia (UEJN) y Marieta Russo, del Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJU), entre otros.