La Argentina negociará con los bonistas toda su deuda en divisas emitida con legislación extranjera. Esto incluye el monumental pasivo emitido en la era Mauricio Macri, pero también el residual heredado de los años de Néstor Kirchner, y que fue emitido para salir del default declarado por Adolfo Rodríguez Saa en diciembre de 2001.

En total la suma que se negociará llega a los u$s70.000 millones, de los u$s80.000 millones sostenidos con el sector privado bajo legislación extranjera. Los otros 10.000 millones de dólares corresponden a avales de colocación, compromisos de financiamiento y deuda directa con bancos, los que no necesariamente tienen que ingresar en el llamado que se hará efectivo la próxima semana.

La decisión de incluir o no este último monto se tomará este fin de semana, antes de la confección final de la oferta que hará pública Martín Guzmán y que, en líneas generales, presentará en sociedad el presidente Alberto Fernández cuando el próximo domingo hable ante la Asamblea Legislativa inaugurando las sesiones ordinarias del Congreso Nacional.

Si bien el número a negociar impacta, es un 38% del total de la deuda pública que debe el país y que en total alcanza los 324.037 millones de dólares, según el último dato consolidado del Ministerio de Economía a diciembre de 2019, equivalente al 88% del PBI argentino. Luego, en importancia, se ubica la deuda con organismos internacionales, por un total de 72.680 millones (y que incluyen los u$s44.000 millones del préstamo stand by al fondo Monetario Internacional) y unos 46.352 millones emitidos en pesos bajo legislación nacional. Sin embargo, ese 38% condiciona al resto de la deuda argentina, ya que (junto con la del Fondo) es la que resulta impagable en el mediano plazo y que debe ser, inevitablemente, reestructurada. Y con una quita considerable en cuanto al capital e intereses.

La primera decisión política que había tomado el Gobierno era renegociar sólo la deuda emitida durante el gobierno de Mauricio Macri, y que llega a unos u$s50.000 millones, incluyendo todos los bonos diseñados en los tiempos de Luis Caputo como secretario de Finanzas primero y ministro después. La intención primaria, especialmente de parte del kirchnerismo, era la de plantearle al mundo que son únicamente los títulos públicos lanzados por la gestión macrista los que el país no puede pagar, dejándole en claro a los acreedores que poseen este pasivo, especialmente los fondos de inversión que llegaron al mercado local de la mano de Caputo, que son corresponsables de la nueva debacle financiera del país. Y que en consecuencia deben hacerse cargo del fuerte castigo que les llegará, bajo el nombre de una quita de las acreencias y extensiones de los plazos de pago.

Fue la presencia funcional como actor protagónico del proceso del Fondo Monetario, lo que hizo cambiar la estrategia. Los técnicos del FMI que fiscalizaron hasta la semana pasada los números locales, encabezados por la Julie Kosack, directora adjunta del departamento para el Hemisferio Occidental, y el encargado del caso argentino, el venezolano Luis Cubeddu; establecieron que ante los acreedores no puede haber distinciones sobre en qué gobierno se emitió cada tipo de deuda sino que el criterio general es que el total de los bonos lanzados bajo jurisdicción extranjera son impagables. Incluyendo la emitida durante el gobierno de Néstor Kirchner para salir del default, y que suma unos u$s20.000 millones, especialmente concentrados en el principal bono que debe el país: el Cupón PBI por el que se adeudan unos u$s12.787 millones. La misión del FMI determinó que la definición de “no sustentable” de la deuda es general y no excluye pasivos emitidos por diferentes gobiernos, sino que haya sido emitida en jurisdicciones extranjeras. Kosack y Cubeddu, con el aval de la jefa del organismo, Kristalina Georgieva, le aclaró al Gobierno que no debe haber distinción y que todo el pasivo debe entrar en revisión general, con lo que al Ejecutivo no le quedó otra opción que incorporar los bonos emitidos para salir de la crisis de 2001. No será fácil para el Gobierno presentar este capítulo. No es común que un país deba renegociar el default más importante del mundo (el de 2001 bajo el canje de 2005) y luego volver a llamar a los tenedores de esa deuda para reestructurar lo estructurado. El consuelo es que la mayoría de los acreedores son bancos y fondos de inversión y que queda muy poco de los antiguos poseedores originales de la deuda caída en desgracia luego del colapso de la convertibilidad.