Una maniobra legal podría beneficiar a la vicepresidenta Cristina Kirchner y su familia, quienes podrían recuperar el control del y de otras propiedades confiscadas por la Justicia.

La abogada Silvina Martínez pidió al Tribunal Oral Federal (TOF) 5 que revea la decisión de otorgarle a la funcionaria la posibilidad de volver a explotar el hotel y cobrar el alquiler de varias propiedades. Según la letrada, el juez Daniel Obligadomantiene un "tratamiento preferencial" a los pedidos que hace el abogado de la vicepresidenta, Carlos Beraldi. El magistrado dispuso devolver a la familia el control de Los Sauces y de la casa de Máximo Kirchner en Río Gallegos.

Martínez pidió, por el contrario, rever la devolución de las propiedades, solicitó que los interventores sigan administrando los bienes y que se mantengan las medidas cautelares. La denuncia será ampliada esta noche en el programa La Cornisa, que conduce el periodista Luis Majul por LN+.

Hasta ahora, la causa contiene medidas cautelares que le impiden a los socios de la empresa Hotesur, Cristina Fernández y Máximo y Florencia Kirchner, recuperar los que consideran sus bienes y además hacer usufructo de ellos.

"Esta medida (contraria a la oportunamente dictada por el juez de instrucción y ratificada por las instancias superiores) no solo beneficia a la familia Kirchner permitiéndoles recuperar la administración y usufructo de todas sus propiedades, inclusive sus hoteles, sino que perjudica a los procesos judiciales en marcha donde se investiga no solo el enriquecimiento de la familia Kirchner sino también maniobras de lavado de dinero que involucran a dicho establecimiento", denunció Martínez en una carta dirigida al tribunal. Y agregó: "Esta medida se toma luego de que la familia Kirchner reclamara ante la Justicia diferentes acciones en torno a la administración y usufructo de las propiedades y nuevamente el Tribunal parecería querer congraciarse con los procesados".

Martínez es "amicus curiae" -amiga del tribunal- de la Causa Hotesur. Los amigos del tribunal pueden consular el expediente y sugerirles medidas a los fiscales y jueces.

La abogada advirtió sobre la "gravedad institucional" de la decisión, que "perjudicarán el proceso" judicial en curso. Además, subrayó que la maniobra "contaría con la inacción de la [Unidad de Información Financiera] UIF, quienes están a cargo de funcionarios del Poder Ejecutivo".

Las medidas de intervención administrativa fueron impuestas, en su momento por los jueces federales de instrucción Claudio Bonadio y Julián Ercolini. Además, fueron confirmadas por todas las instancias posteriores. Es decir: Cámara Criminal Correccional Federal y la Cámara de Casación.

Obligado es el mismo juez que autorizó la prisión domiciliaria del exvicepresidente Amado Boudou, condenado por haber querido apropiarse de Ciccone. También benefició a uno de los parteros del centro clandestino de detención de la exESMA, al médico Carlos Capdevila, con el argumento de que podría ser contagiado de coronavirus.