El kirchnerismo analiza si amplía la base para que paguen "un aporte patriótico" las personas con grandes riquezas. El Frente de Todos anunció que el llamado “impuesto a la riqueza” para afrontar gastos generados por el COVID-19 sería presentado en el mes de junio pero se estaría demorando por la decisión de ampliar la base de personas alcanzadas. La idea original era que pagaran quienes declararon bienes al 31 de diciembre del año pasado por $200 millones pero el piso podría bajar a $150 millones.

Altas fuentes del bloque admitieron que se retomó la discusión interna y que parte del kirchnerismo prefiere que más gente contribuya con el financiamiento de los gastos extraordinarios que demanda la pandemia.
En el Frente de Todos dicen que el proyecto no crea un nuevo impuesto sino un aporte extraordinario por única vez, la cámara de inicio será la de Diputados. De los 257 integrantes de la cámara baja, 119 pertenecen al Frente de Todos. Juntos por el Cambio tiene 116; el Interbloque Federal tiene 11; la izquierda dos; el Movimiento Popular Neuquino una y Unidad y Equidad Federal, ocho. Los no oficialistas suman 138.

Máximo Kirchner conversa por estos días no solo con intendentes propios sino también con legisladores de otros bloques en búsqueda de consenso. Tanto Mario Negri como Cristian Ritondo, jefes del interbloque de Juntos por el Cambio y del PRO respectivamente, le transmitieron a Sergio Massa su negativa a sentarse a discutir iniciativas conflictivas mientras se sesione en forma remota. En la agenda común sólo tienen un tema consensuado como la nueva Ley de Economía del Conocimiento.

Diputados y senadores más cercanos al pensamiento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner coinciden en la necesidad de avanzar en “una herramienta muy justa que los que más tienen pongan más, hay multimillonarios que con poco esfuerzo podrían contribuir mucho”.

Hasta ahora todos los detalles que trascendieron fueron los que dio el diputado Heller. Si el impuesto extraordinario tuviera como base $200 millones, lo pagarían unos 11.300 argentinos. Si tuviera como base $150 millones, serían unos 13.000 o más y se acercarían a la propuesta de la izquierda.

La alícuota arranca en 2% y se aplicaría en forma gradual hasta un máximo de 3,5% para quienes declararon un patrimonio superior a $3.000 millones hasta el 31 de diciembre del año pasado.