El presidente Alberto Fernández dio ayer mayores detalles sobre la voluntad del gobierno nacional de avanzar en un esquema de “empresa mixta” para Vicentin, similar al de YPF, una vez que se haya llevado a cabo la expropiación. El Presidente se adelantó, así, a la probable discusión sobre lo dificultoso de buscar en YPF un administrador para un eventual fideicomiso. En rigor, hace unos días, el Gobierno le había encomendado al directorio de la petrolera, que se estudie la posibilidad de que sea la división Agro la que se encargue, timoneada por Gabriel Delgado, del manejo de un fideicomiso con bienes de Vicentin.

Sin embargo, en esa reunión entre los directivos de YPF, habrían surgido algunas observaciones, no sólo en el fondo de la cuestión, sino también en la forma a adoptar.
En declaraciones a Radio 10, el Presidente señaló que “el único instrumento que advierto para rescatar Vicentin es la expropiación, porque el Estado no tiene otro elemento, porque por ley los bancos públicos no pueden capitalizar deuda”. Reconoció Fernández que “YPF Agro no es una sociedad anónima” y que “YPF que es una empresa cuyo objetivo es la explotación básicamente de hidrocarburos”. Además mencionó que “el vínculo de YPF y la agricultura tiene que ver con productos que YPF tiene para la fertilización del campo pero no la explotación agrícola y mucho menos la exportación de cereales”.

A lo señalado por el Presidente, que hace al fondo de la cuestión, se suma un detalle no menor: la única forma de que, como se había señalado la última semana, YPF se hiciera cargo de la administración de un fideicomiso, es un cambio en el estatuto, algo demasiado complejo en la mirada de los funcionarios de la petrolera.

Por eso se entiende que Alberto Fernández haya salido ayer a darle una forma concreta, posible y probable a la idea, al señalar que luego de la expropiación la forma definitiva de Vicentin se forjará a imagen y semejanza de YPF, es decir, con capital mixto.

El Presidente aseguró que el Gobierno está “intentando rescatar una empresa que está al borde de la quiebra”, algo que es necesario hacerlo mediante una expropiación “por una cuestión de transparencia” y que “el objetivo más prioritario es que la empresa vuelva a producir y exportar, como corresponde”.

“Yo no puedo pensar en un país que necesita crecer en default y tampoco puedo ver impávido cómo se cae una empresa de la talla de Vicentin, donde los mismos accionistas dicen “no tenemos cómo salvarla”, que no pueden hacerse cargo de nada y me piden que el Estado se haga cargo sin necesidad de dictar una ley de expropiación, pero uno debe hacerlo por una cuestión de transparencia exclusivamente”, afirmó Fernández.

También sostuvo que el mercado agroexportador “es muy importante” y que “por eso nosotros rescatamos a Vicentin de lo que es un camino seguro al precipicio, que termina con la quiebra de Vicentin o con el pase de Vicentin a manos privadas y capitales extranjeros”.

“Yo advertí -agregó- que el riesgo es muy grande y que seguramente al Estado no le haría mal tener una empresa testigo como es YPF en el mercado de hidrocarburos, una empresa testigo no supone la intervención sobre otras empresas”.

Dijo no creer que haya que “dictar normas para regular más allá de lo que ya existe en el mercado granario”, pero que sí el Estado puede tener “una empresa que de algún modo promueva el desarrollo del sector”.

“Intento rescatarla porque allí hay 2.600 productores agrícolas estafados, porque hay 2.000 personas que trabajan, porque la ciudad de Avellaneda vive de Vicentin, porque es un operador muy importante en el mundo cerealero y en la exportación de cereales de Argentina y porque ese mercado es estratégico para el desarrollo económico argentino y en ese contexto tiene mucho sentido que el Estado tenga una empresa testigo”, concluyó el mandatario.

Por su parte, los accionistas de la compañía emitieron ayer una solicitada que calificó de “injusta, arbitraria e ilegal” la intervención ya que “inhabilita todas las negociaciones que la compañía venía llevando adelante para alcanzar una solución en el ámbito privado y deja como única opción, la estatización de la empresa”.

“La intervención y el proyecto de expropiación que sostiene el actual gobierno en cabeza del presidente Alberto Fernández, viola las garantías constitucionales, elude de manera arbitraria la independencia de poderes de una Nación y pone en jaque la confiabilidad en las instituciones que requiere toda República democrática”, aseguraron los accionistas.