Horas después de que la Cámara de Casación anulara el rechazo del Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) de concederle la excarcelación a Lázaro Báez, sus jueces cumplieron la orden y firmaron la salida de prisión del contratista K, que fue detenido en abril de 2016, acusado de haber lavado U$S 60 millones. Antes de salir del penal de Ezeiza, El empresario K deberá pagar un caución de 632 millones de pesos, su abogada dijo que no puede afrontar dicha suma. Será el lunes cuando se resuelva si se reduce el valor. El tribunal ordenó que, además de llevar una tobillera electrónica, se presente cada dos semanas en Comodoro Py, y le impidió alejarse del domicilio que declare a una distancia mayor a 100 kilómetros. Se trata de una casa en un barrio cerrado en Pilar.

Luego de más de cuatro años de estar detenido, el dueño de Austral Construcciones quedó muy cerca de irse a su casa con una domiciliaria.

“Hay una fianza pedida por el fiscal de 5 millones y medio de dólares. Si paga la fianza, podrá acceder al arresto domiciliario”, confirmó una fuente judicial.

La decisión del máximo tribunal penal federal del país se tomó porque el fiscal ante el Tribunal Oral Federal 4, Abel Córdoba, aceptó el planteo de su defensa. Los camaristas Javier Carbajo y Mariano Borinsky anularon el rechazo a la excarcelación firmado por el Tribunal y le ordenaron volver a resolver “con razones fundadas para demostrar la invalidez del dictamen fiscal” que avaló la morigeración de la prisión preventiva de Báez.

Además los camaristas remarcaron que la parte querellante en el caso, la Unidad de Información Financiera (UIF), “no se hizo presente” a la audiencia fijada para debatir la cuestión.

El 19 de junio último, el Tribunal que juzga a Báez por lavado de activos en el juicio por “la ruta del dinero K” y tiene a cargo la preparación de otro juicio por otros hechos vinculados al mismo delito rechazó excarcelar al empresario pese al planteo fiscal a favor de conceder el beneficio con tobillera electrónica.

Báez está detenido desde el 6 de abril de 2016. Su defensa argumentó que tiene 64 años, enfermedades coronarias, insuficiencia respiratoria y diabetes tipo 2, lo cual lo pone en situación de riesgo ante la pandemia de coronavirus.