El Gobierno reducirá cuatro puntos en las contribuciones patronales de los empleadores que tomen a nuevos trabajadores. También dispondrá descuentos en ese gravamen por regiones de modo tal de impulsar la creación de nuevo empleo y apuntalar la reactivación económica en la salida de la pandemia. Se trata de un capítulo central de las medidas que Alberto Fernández anunciará en los próximos días como parte de un programa económico más amplio tras la reestructuración de la deuda con los acreedores privados.

La medida retoma un criterio vigente en 2001 en los denominados “planes de competitividad” que ideó el entonces ministro Domingo Cavallo y en la modificación por zonas geográficas que plasmó en el decreto 814/01 para alentar la contratación con un abaratamiento de los costos impositivos, y que más tarde se intentó de manera ocasional en varias administraciones y con suerte dispar. En el caso de las nuevas contrataciones el descuento tendrá un plazo de acogimiento y una vigencia de al menos un semestre del beneficio.
En la actualidad, y desde la sanción en diciembre pasado de la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública (27.541), las contribuciones patronales quedaron fijadas en 20,4% para las grandes empresas de servicios y comercio y de 18 por ciento para las del sector industrial y las pyme. Ambas alícuotas modificaron a su vez un esquema que el gobierno de Mauricio Macri había logrado aprobar a través de su reforma fiscal de diciembre de 2017 que proponía una convergencia gradual, hasta 2022, sin distinciones por regiones ni dimensiones de los empleadores.

El nuevo sistema que lanzará el Gobierno y cuya letra chica todavía prepara el Gabinete económico contempla, además de la baja de los porcentajes para esos casos, la continuidad del mínimo no imponible vigente respecto de los primeros 7 mil pesos de cada salario, a los que cada empleador puede sumar otros $ 10 mil por toda la nómina, un número que sólo representa un alivio para los microemprendimientos y las pequeñas compañías. Los detalles de la norma, que se cristalizará en un decreto, se analizan en los ministerios de Trabajo, a cargo de Claudio Moroni, y Desarrollo Productivo, de Matías Kulfas.

El beneficio para los nuevos empleos creados está en la misma línea del anuncio del Ejecutivo acerca de la posibilidad de reconvertir en subsidios los créditos tomados para el pago de salarios en la última etapa del programa de Asistencia para el Trabajo y la Producción (ATP). En la primera línea del Gabinete confirmaron que los empleadores que produzcan un incremento neto de su nómina de personal (no cuentan los recambios de trabajadores que no modifiquen o reduzcan el número de asalariados) obtendrán un descuento en torno de los cuatro puntos en las contribuciones.

Según los técnicos que trabajaron en la implementación de los cambios el descuento estará disponible por unos siete u ocho meses a partir de su publicación en el Boletín Oficial. Una vez obtenida por parte del empleador, la vigencia de la rebaja será no menor a seis meses, ampliaron. El nuevo porcentaje transitorio, que estará en torno de 16% para las grandes empresas y de 14% para pyme e industriales, regirá además sobre el monto por encima del mínimo no imponible de $ 7.000 por cada sueldo más 10 mil pesos por la nómina total.

En cuanto a la rebaja por regiones, la otra modificación que se producirá sobre las contribuciones patronales, el modelo a retomar es el del decreto 814 de 2001 que les permitió a los empleadores “computar como crédito fiscal del impuesto al valor agregado (IVA)” los montos del gravamen. En Trabajo explicaron que el criterio para la distribución del beneficio será apuntalar economías regionales y zonas donde el Gobierno entienda necesario dinamizar el mercado laboral.

Aunque se trata de una medida que remite a la gestión del exministro Cavallo en el equipo económico destacaron que las reducciones de contribuciones patronales demostraron ser eficaces en contextos puntuales y siempre y cuando fueran resueltas por un período acotado de tiempo y, sobre todo, atadas al compromiso de generación de nuevos puestos de trabajo. En el Gobierno admiten que nociones como “productividad” quedaron asociadas a períodos de flexibilización laboral y ajustes económicos pero destacan que aplicadas con un criterio virtuoso no deberían representar pérdidas de derechos ni un desfinanciamiento de la seguridad social.

Mini pacto social
En tanto, mientras dilata la convocatoria a un acuerdo económico y social, el Ejecutivo podrá mostrar hoy desde las 11 una suerte de versión en escala de ese ámbito en la primera reunión de la Comisión Tripartita de Formación Profesional en el Ministerio de Trabajo, con la participación de Moroni, del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y del encargado de la cartera educativa, Nicolás Trotta. El encuentro contará con la participación de representantes de la CGT, la Unión Industrial Argentina, las dos CTA, la Cámara de Comercio, la Confederación de la Mediana Empresa, la Corriente Federal de Trabajadores y la Organización Internacional del Trabajo. La comisión, que encabeza Moroni, tiene como propósito la generación de “consensos para el diseño, planificación y evaluación de las políticas públicas, líneas de acción y programas que integran el Plan de Formación Continua” de esa cartera.