La usurpación de tierras privadas en el conurbano bonaerense tiene su correlato en la provincia de Salta. Grupos organizados toman grandes extensiones de campos sobre los que se asientan y que luego comercializan. Yamila Veleizán, que se hace llamar la “Milagro Sala 2″, pone a la venta las tierras. Cobra entre 15.000 y 50.000 pesos en tres cuotas. Ante la Justicia dice que las “regala”. Estuvo detenida durante una semana y quedó en libertad mientras continúa la causa en su contra. La última vez tomó 100 hectáreas de la finca perteneciente a Robustiano Manero, una empresa frutícola ubicada en el acceso a Colonia Santa Rosa, Departamento de Orán-, sobre la ruta 14 que conduce al pueblo desde la ruta nacional 34. Las parcelas dan contra el paredón que divide la sección “empaque” de naranjas, pomelos y lima de Tahití que tienen como destino el Mercado Central de Buenos Aires.

En Salta, como en otros distritos del país, la Justicia y las autoridades políticas actúan de manera -como mínimo- extremadamente lenta cuando se trata de este tipo de delitos. La familia Manero ya sufrió otras dos usurpaciones de más de 50 hectáreas. Ambos predios se han transformado en precarios barrios populares que llevan el nombre de Gauchito Gil y Sagrado Corazón. En total unas 500 familias viven en ellos.

Las ocupaciones sincronizadas en Colonia Santa Rosa no se centraron sólo en ese sector. Tres días antes tomaron terrenos en el sector urbano ubicado a lo largo de la avenida Robustiano Manero. La inacción estatal quedó en evidencia cuando el intendente Mario Guerra ofreció a los usurpadores otros terrenos disponibles en el asentamiento Las Palmeras.

Audios de WhatsApp que se viralizaron de aquellas tratativas revelan que el ofrecimiento fue rechazado con desprecio. Horas después comenzaron a formarse otras tomas y asentamientos.
Según alguna de las 18 causas que existen contra Veleizán y el “Mataco” Raul Zelaya, entre otras personas, ellos también habrían encabezado las anteriores tomas y vendido las parcelas de manera ilegal, sin ninguna documentación, a algunos argentinos, pero también a una importante cantidad de familias bolivianas llegadas desde otras ciudades, como Tartagal. Sandro Llanos, en cambio, está acusado de usurpar los terrenos que ahora forman parte del asentamiento Sangrado Corazón.

Yamilia Veleizan encabezando una de las tomas más importantes de Colinia Santa Rosa, en Salta

Integrantes de la familia Manero, relatan detalles increíbles sobre lo que sucede alrededor de las tomas de sus 150 hectáreas. Ellos, por ejemplo, siguen pagando los servicios e impuestos municipales y provinciales sobre las tierras tomadas -lo acreditan con documentación-. En sus propias narices los cabecillas de las tomas venden las parcelas como si fuesen de su propiedad. La estafa pudo demostrarse en la Justicia porque en una oportunidad Veleizán hizo un boleto trucho de venta que fue presentado a la Justicia por la mujer timada.

Fue después de un intento de desalojo por parte de la policía. La falsificación de ese instrumento público posibilitó que la fiscal Sofía Fuentes Mayorga ordenara la detención de la “Milagro Sala 2″. Se le imputaron los delitos de usurpación, estafa y extorsión. En la denuncia se relata que Veleizán, junto a otras personas, entre las que se nombra a Guillermina Aramayo, Brian Cresencio Maza y Víctor Guerrero, “ingresaron a la propiedad de la señora Divano de Manero y una vez adentro, cortaron y voltearon árboles con motosierras y machetes a los fines de limpiar el terreno para después dividirlo en lotes, los que son vendidos limpios o no por las imputadas Veleizán y Aramayo, a cambio de dinero” para luego “instalar un precario servicio de electricidad y agua, servicio que es cortado a los compradores de los lotes si no le entregan dinero a la imputada Veleizán cada vez que esta lo requiere”. En el expediente, la fiscal da por probado que los usurpadores “vendían como propios” lotes pertenecientes a Manero.

Después de una semana, la imputada quedó en libertad mientras sigue el proceso en su contra. Mientras tanto, la mujer sigue usufructuando lo ajeno. Recauda también por la luz que suministra a los tres campamentos sobre los que se arroga propiedad. Por ejemplo, el llamado Gauchito Gil. A través de un grupo de chat, Veleizán convoca a los allí asentados para cobrarles por un tendido eléctrico ilegal. Las precarias construcciones están enganchadas del cableado público, es decir, del que paga el resto de los vecinos.

Lo hace con estas palabras intimidatorias: “A todos los que tengan el terreno en el barrio Gauchito Gil, hoy importantísima reunión, ahora. Cuatro de la tarde en punto. La persona que no llegue a ir al terreno, lamentablemente le tengo muy mala noticia. Desde ya, muchas gracias”.

En este caso el que no paga, es desalojado. Así lo denunció Rosa Mamani, una ciudadana boliviana con seis hijos que primero vivió en otra toma, ubicada en la ciudad de Embarcación, donde hay varios asentamientos, algunos de ellos de pueblos aborígenes que reclaman la “posesión o dominio de sus tierras”. Dos de estos asentamientos ya fueron desalojados.

“Esta mujer nos roba. Nos roba a los que menos tenemos. Nos obliga a pagarle 1200, 1.600 pesos por la luz para no desconectarnos y echarnos de nuestras casitas. Digo nuestras porque ella nos vendió. Luz que a esta señora Yamila no le cuesta nada porque estamos todos colgados pero la señora igual nos cobra, y si no le pagamos, nos hecha con sus matones. Ojalá que la metan presa. Le dimos los pocos centavos que teníamos y nos engañó. No es justo tampoco. Ella hizo mucho daño. Ahora nos quieren desalojar y le dimos los pocos pesitos que teníamos. Ella no escarmienta, estuvo detenida una semana pero no escarmienta, sigue vendiendo los lotes. Dice que no le tiene miedo a nadie y es verdad”, dice Mamani.
En el programa “Mates con pucho”, Veleizán hizo referencia a los días que pasó detenida y no faltarón las ironías en su relato y las amenazas con los “Derechos Humanos” (sic): “La pasé bien presa. Obvio. Fui detenida porque la policía, mis amigos los policías, me hicieron una causa por amenazas y disturbios en la vía pública. Yo no amenacé. Yo no me resistí. Esos canas de mierda, esos canas hijos de puta que no hacen una mierda cuando están choreando, pero para venir a atropellar a la gente, para eso están los canas. Yo ya hablé y Derechos Humanos va a hacer rodar muchas cabezas de policías. La Policía Federal va a venir a poner orden acá y van a tener muchas cabezas para cortar. La gente usurpó los terrenos porque no tienen techo. Y les aviso, no hay desalojo para nadie. Para nadie. A nosotras nos dicen ’las muñecas de la mafia’, porque tenemos mucha plata, ja ja”.

Lo dijo el 17 de agosto. Ese mismo día, pero a las 17:55, una nueva denuncia en su contra ingresaba a la Justicia. Una vez más, el cargo era por presunta “estafa”. La denunciante, Jesica Noemí Rodríguez, declaró bajo juramento que en junio pasado, en la toma denominada Gauchito Gil, Veleizán le cobró primero 300 pesos para “marcar el terreno”, y otros 800 para “la conexión de luz y agua”. Más tarde le exigió 500 pesos “para los papeles porque ella decía que era la encargada de hacer el censo”.

“Después de eso -continúa la denuncia- la encartada -Veleizán- fue detenida por personal policial. Cuando salió nuevamente fue a pedir dinero. Nos reunió a todas y nos dijo que nos quitaría los lotes a todos los que no la apoyaron y que le deberíamos dar 500 pesos nuevamente”. La denuncia quedó radicada en la Fiscalía Penal Colonia Santa Rosa y aún no tuvo una derivación judicial directa.

Las denuncias contra Veleizán no son nuevas. Comenzaron en el año 2015 cuando otro sector de la finca de la familia Manero, que iba a ser utilizada para la construcción de la terminal de ómnibus también fue usurpado por “la puntera”. La obra municipal nunca se hizo y las parcelas terminaron convertidas en un nuevo barrio popular. A partir de entonces no deja de sumar causas judiciales.

Si bien su sostén político -en caso de tenerlo- no está claro, aunque hay quienes la vinculan al oficialismo provincial, parece lógico el razonamiento de quienes sostienen que la “Milagro Sala 2″ tiene “pierna”. La familia Manero no es desconocida en la zona. Todo lo contrario. Se los considera “fundadores” del pueblo, ya que en 1935 donaron parte de sus tierras para que construyeran allí sus viviendas los primeros pobladores. Corría el año 1935.

Nota gentileza del Diario Infobae