Después de cuatro años y medio en el Penal de Ezeiza, Lázaro Báez obtuvo el arresto domiciliario. Fue después de pedir ante la Cámara de Casación la morigeración de su prisión, señalando que no puede hacer frente a la fianza de 386 millones de pesos que le había fijado el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) que lo juzga por lavado de dinero. La Sala IV del máximo tribunal penal resolvió concederle el beneficio del arresto en uno de sus domicilios, algo que ya le había sido otorgado en marzo de este año en uno de los expedientes donde se lo procesó.

Será ahora el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) -responsable de llevar adelante el caso de la Ruta del Dinero K y las causas conexas M&P (donde Báez tiene prisión preventiva) y El Entrevero (donde le habían concedido domiciliaria)- el que dirima la situación, indicando si Báez podrá dirigirse al domicilio fijado con la morigeración de su arresto, o si esperan a que pague la fianza fijada para que se haga efectiva su plena libertad. 

La Cámara de Casación ya había ordenado reducir la fianza que le habían fijado al empresario K, y citó en aquella oportunidad una serie de aspectos que debían contemplarse sobre la situación judicial de Báez: en dos causas por lavado conexas con "la ruta del dinero K", Báez cuenta con una excarcelación firme y también con una prisión domiciliaria firme -desde marzo de este año- "que fuera concedida al imputado por razones de salud y por el prolongado tiempo que lleva detenido en prisión preventiva -4 años y 4 meses en prisión preventiva".

Por otro lado, en este caso dos fiscales solicitaron conceder la morigeración de su arresto, y con los plazos excedidos de la prisión preventiva también se indicó que aún no cuenta con una sentencia en el juicio que inició en octubre de 2018.

Con este telón de fondo, la Sala IV de la Casación integrada por los jueces Mariano Borinsky  y Javier Carbajo volvió a resolver. El TOF 4 sostuvo que debe pagar 632 millones de pesos como condición para que Báez obtenga su libertad. Entonces, sus abogados señalaron que no puede hacer frente a dicha cifra, por lo cual requirieron un arresto domiciliario sin pagar fianza.

Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza en donde se encuatra Lázaro Baez. Foto: Luciano Thieberger

Una vez más, fue la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal la que resolvió sobre la situación, y decidió revocar la resolución del TOF 4 y conceder el arresto domiciliario a Lázaro Báez. Para obtener su excarcelación, deberá pagar la fianza fijada. Pero con la resolución de los camaristas, quedó más cerca de dejar el Penal con una morigeración de su prisión preventiva. 

Los jueces tuvieron en cuenta el informe de la Dirección de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, que se pronunció favorablemente respecto de las “condiciones propuestas por Lázaro Báez para su residencia y el acompañamiento de la persona ofrecida como garante”.

Por otro lado, tuvieron en consideración un informe médico elaborado por el personal especializado del Servicio Penitenciario Federal, en el que explica que, por las patologías de Báez y su negativa a realizarse controles cardiovasculares, no puede asegurarse que el contratista no contraiga coronavirus.

Hubo otro informe ponderado por los camaristas, respecto al estudio socio ambiental practicado el 22 de julio de 2020, según el cual “se encuentran dadas las condiciones psicosociales para que Báez ingrese a la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica”.

Entonces, los jueces Borinsky y Carbajo se remitieron a una resolución de marzo, en la que el juez Sebastián Casanello concedió el arresto domiciliario a Báez en uno de los expedientes por lavado de dinero vinculados con la Ruta del Dinero K. Así, otorgaron al empresario el arresto domiciliario, que será monitoreado a través de una tobillera electrónica una vez que se efectivice.

Lázaro Báez había fijado como domicilio una de sus 1.214 propiedades. Se trata de una casa en un barrio privado de Pilar, escriturada a nombre de Badial SA -una de sus empresas investigadas por lavado de dinero-. La casa con pileta climatizada, está valuada en aproximadamente en U$S 500.000.

Si bien el empresario K cuenta con un patrimonio -según el Tribunal de Tasación de la Nación (TTN)-, de U$S 205 millones, el mismo se encuentra embargado en al menos siete causas radicadas en Comodoro Py. En la mayoría de ellas, está procesado por lavado de activos. Por ello, al estar todos sus bienes cautelados y sus empresas intervenidas, no puede utilizar ese patrimonio para pagar una fianza. Sólo tiene como opción, un seguro de caución o que un tercero se haga cargo de la fianza impuesta para su excarcelación.

El ex socio comercial de Cristina Kirchner, ingresó a la cárcel en abril de 2016 y a la fecha afronta dos juicios orales. El primer conocido como la Ruta del Dinero K, donde las querellas y el fiscal solicitaron penas que van desde los ocho a los doce años y ahora se encuentran en etapa de alegatos las defensas. Por otro lado, desde mayo de 2019 comparte con la vicepresidenta el debate oral por el presunto direccionamiento de la obra pública, por parte del gobierno kirchnerista, a favor de su grupo empresarial: 51 licitaciones por $ 46.000 millones.