Los camaristas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia sufrieron un revés judicial este miércoles luego de que la Cámara Federal porteña designara autoridades para las dos salas de apelaciones de la justicia federal de la Ciudad y los excluyera. Los jueces se tomaron una licencia extraordinaria mientras su caso es revisado por la Corte Suprema, que comenzará a abordar el tema el próximo martes.

La decisión proviene de puertas adentro de Comodoro Py, tras una acordada que hicieron los dos únicos integrantes que quedaron en esta Cámara, Martín Irurzun y Mariano Llorens, luego de que sus colegas -al igual que Germán Castelli- fuesen desplazados por decisión del Senado, con mayoría oficialista, ya que la oposición se retiró del recinto.

“Teniendo en cuenta que aún existen reclamos judiciales pendientes de resolución definitiva en torno a la misma cuestión, corresponde adoptar las medidas necesarias e imprescindibles para atender los asuntos en trámite ante esta Cámara”, sostuvieron Irurzun y Llorens en una acordada, citada por Télam.

Así, ratificaron que la presidencia de la Cámara seguirá a cargo de Iruruzun y la vicepresidencia de Llorens. A su vez, y ante la “actuación colegiada de las salas como alzada jurisdiccional”, el primero será juez subrogante en la Sala I y el segundo hará lo propio en la otra sala. El problema es que Llorens se encuentra internado desde hace una semana, con una neumonía provocada por un cuadro positivo de coronavirus, por lo que no podrá resolver nada en los próximos días.

“Debido a la actual composición del Tribunal resulta necesario, en lo que hace a la Sala I de esta Cámara, adecuar el procedimiento para los casos en los que corresponda la actuación unipersonal”, aclaró la acordada.

Y agregó que “para actuar en dichos casos se procederá a asignar Sala y vocalía respectiva, de conformidad con la reglamentación dictada al respecto” en tres acordadas previas firmadas en 2017.

En este sentido, la designación de autoridades apuntaría a asegurarse de que no colapse la Justicia ante la falta de jueces, ya que las causas siguen llegando y los camaristas desplazados ya no pueden seguir firmando, porque lo que hagan va a ser sospechado de nulidad.

El caso
Bruglia y Bertuzzi integraban un Tribunal Oral Federal con sede en Comodoro Py y fueron trasladados durante el gobierno de Mauricio Macri para cubrir dos vacantes en la Cámara Federal porteña, la primera instancia de revisión de lo actuado por los doce juzgados federales de instrucción del fuero de excepción. Entre otros delitos, estos juzgados tramitan causas por corrupción en la función pública, narcotráfico y trata de personas.

Por su parte, el juez Castelli pasó de un Tribunal oral de San Martín a uno oral federal de la Capital.

Los camaristas argumentan que su nombramiento en el tribunal de alzada está avalado por una acordada de la Corte del año 2018. Se refieren a la acordada 7, del 11 de abril, cuando la Corte Suprema dispuso que los magistrados “que ya fueron trasladados podrán seguir actuando hasta que sus pliegos se debatan en la Cámara Alta”. Este pronunciamiento significaba que hasta que el Gobierno no enviara sus pliegos al Congreso, los jueces podrían continuar en esos cargos.

El oficialismo cuestiona el traslado de un total de diez jueces durante la gestión macrista, al argumentar que se decidieron sin cumplir una serie de requisitos necesarios. Entienden que no se respetaron las jurisdicciones, las competencias ni las jerarquías, y que faltó la aprobación del Senado. Por eso, es ese cuerpo legislativo el que ahora los podría devolver a su lugar de origen.

En tanto, para la oposición se trata de una maniobra de “impunidad” de algunos miembros del Gobierno actual, ya que los camaristas habían fallado contra Cristina Kirchner y Castelli debía juzgarla en la causa de “Los cuadernos de las coimas”.

Lo que está en juego ahora son los traslados, ya que por decisión del oficialismo, Bruglia dejaría la Cámara para volver al Tribunal Oral Federal 4, Bertuzzi regresaría a un Tribunal Oral Federal de La Plata, y Castelli pasaría a un Tribunal de San Martín.

“Si me quieren sacar que lo hagan a empujones, delante de la gente”, planteó en TN el juez Castelli. A su vez, cuestionó que “todo el aparato estatal está puesto en desplazarlo de manera ilegal de su cargo” y calificó como “una vergüenza” la medida que impulsa el Gobierno.

Ahora, los camaristas apuestan a la decisión que pueda tomar la Corte Suprema en función de los amparos que presentaron.