El oficialismo en el Senado dio media sanción esta noche -por unanimidad y con la ausencia de Juntos por el Cambio, el proyecto de ley que reduce la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires por el traspaso de las funciones de seguridad durante la gestión anterior. Antes de la votación, la oposición abandonó el recinto virtual en disconformidad con la norma y con el protocolo de sesiones virtuales.

Al inicio de la sesión, se puso en consideración el decreto que prorroga la realización de sesiones en carácter remoto o virtual mediante videoconferencia en tanto persista la situación de emergencia sanitaria. El nuevo decreto parlamentario, firmado por la presidenta de la Cámara alta, Cristina Fernández de Kirchner, autoriza mayor presencia de senadores en el recinto.
El mismo fue aprobado con el apoyo del Frente de Todos con 42 votos a favor y el rechazo de Juntos por el Cambio que había solicitado una mayor presencia de legisladores en las bancas. "Nosotros pretendíamos acordar lo básico, una minoría rotativa de las bancadas que garantizara la presencia federal, y no pudimos hacerlo. No vamos a sentar el precedente de pedirle permiso al secretario parlamentario para poder sentarnos en nuestras bancas", argumentó el titular del interbloque opositor, Luis Naidenoff.

“Está perfectamente claro que estas sesiones, y las decisiones que estamos tomando, son absolutamente válidas. Es indispensable que el parlamento pueda funcionar para llevar adelante las políticas públicas”, justificó el titular de la bancada oficialista, José Mayans, al aclarar el voto afirmativo de su espacio.

La iniciativa, que ajusta la coparticipación porteña, fija un monto de $24.500 millones para que la Ciudad se haga cargo de las funciones y competencias de seguridad y baja así un punto más a la coparticipación del distrito, que ya se había visto recortada por un decreto previo del presidente Alberto Fernández.

Al tomar la palabra como miembro informante, la senadora del Frente de Todos, María de los Ángeles Sacnun, sostuvo que este proyecto “no se trata ni de odios, ni de revanchismos. Se trata de recomponer lo que dice la Constitución Nacional en cuanto a la necesidad de disminuir la brecha que existe entre las distintas provincias, de trabajar con mayor solidaridad e igualdad”.

La legisladora santafesina remarcó que "los recursos que le otorgó Macri a (el jefe de Gobierno porteño, Horacio) Rodríguez Larreta, con aquel traspaso de funciones "fueron excesivos". "Nadie pudo justificar de donde salió el coeficiente de 3,7" puntos de coparticipación (que luego se redujo a 3,5 y Fernández recortó al 2,4) "que determinó los fondos que recibió la Ciudad en 2016", indicó.

En tanto, el senador de Juntos por el Cambio por la ciudad de Buenos Aires, Martín Lousteau, salió al cruce de ese argumento y afirmó que el proyecto es un "castigo" a "un distrito políticamente esquivo" para el peronismo.

Además, criticó que esa reducción de fondos se da "en un contexto en que cae la recaudación y suben los gastos" y agregó: "El impacto de la pandemia en la Ciudad es de 20% del presupuesto y ahora ustedes le agregan otro tanto, a un distrito que un montón de argentinos de todos lados utilizan".

Por su parte, el senador del Frente de Todos por Córdoba Carlos Caserio aseguró que los 24.500 millones para las funciones de seguridad que establece el proyecto son "un monto adecuado a la realidad y los valores de esta transferencia", al tiempo que planteó que la Ciudad debería "devolver el excedente" que recibió en 2016.

En tanto, el entrerriano Alfredo de Angeli, señaló: "No vamos a legalizar el arrebato de los fondos a la Ciudad de Buenos Aires. Después van a ir por los de otras provincias".

El senador oficialista Jorge Taiana, que sesiona desde el recinto, sostuvo: “resulta obvio y manifiesto que a la Ciudad de Buenos Aires se le ha dado casi el triple de los recursos necesarios para pagar esa seguridad que se estaba transfiriendo. Fue un premio para la ciudad y un arrebato hecho por Macri, quien le otorgó miles de millones por debajo de la mesa a Rodríguez Larreta sin dar explicaciones y sin enviarlo al Congreso” .

Al momento de los cierres, el titular de la bancada opositora, Luis Naidenoff, indicó que "nunca es fácil lograr acuerdos en materia de recursos en la Argentina". "Cuando no hay concertación y hay despojo unilateral y ruptura de reglas de juego democráticas en materia de federalismo fiscal, la Corte fallará a favor de las provincias", advirtió.

En tanto, el jefe de la bancada kirchnerista, José Mayans, insistió en que "la Nación está recomponiendo sus recursos, la CABA recibe más de 300 mil millones de pesos por parte del Gobierno Nacional. Estamos corrigiendo algo que ha sido sumamente injusto".

El texto enviado al Senado por el Poder Ejecutivo determina ahora que el Presupuesto General de la Administración Nacional de cada ejercicio fiscal contemplará el financiamiento de los gastos para las fuerzas de seguridad de la Ciudad.

La propuesta especifica además que la suma se dividirá en cuotas mensuales que se transferirán desde el Tesoro Nacional hacia la Ciudad y su actualización se realizará en forma trimestral.

Los senadores de Juntos por el Cambio anunciaron que votarán en contra y apuntan principalmente a que la transferencia de esos recursos no es "automática" sino que depende del Poder Ejecutivo de la Nación.

En tanto, el proyecto de Economía del Conocimiento, que incentiva la actividad de empresas que apliquen el uso del conocimiento y la digitalización, recibió modificaciones en su tratamiento en comisión en el Senado.

Entre los cambios que introdujo el Frente de Todos se propone un esquema de tramos para el beneficio en Impuesto a las Ganancias para las empresas del sector: el texto original preveía un descuento del 60% para todos y ahora se plantea que ese porcentaje sea para las empresas chicas, mientras que sería de 40% para las medianas y sólo del 20% para las más grandes.

Además, se incorporó una definición más detallada de los servicios profesionales alcanzados por el régimen de promoción y se estableció que accederán "únicamente en la medida que sean de exportación y que estén comprendidos" en rubros como "jurídicos y contabilidad, traducción, publicidad, diseño, arquitectura y recursos humanos".

También, se estableció que el bono fiscal a otorgar a las empresas alcanzadas, que equivaldrá al 70% de las contribuciones patronales, será intransferible y por 24 meses, no aplicable para Ganancias.

Para acceder a los beneficios las empresas deberán acreditar que el 70% de su facturación del último año está vinculada a las actividades promovidas o presentar un caso ante la Autoridad de Aplicación cuando no alcance ese porcentaje.