El viernes, el fiscal Arrian había solicitado el desalojo “urgente” al juez Ricardo Calcagno, que rechazó la medida por entender que primero había que detener a los imputados de la toma Blanca Gallardo y a su hijo, Juan Carlos Oyarzo. Finalmente este lunes Arrien presentó la Impugnación a la decisión de Calcagno ante el juez Marcelo Alvarez Melinger quien ordenó el desalojo “inmediato”.

Durante tres días funcionarios de Seguridad y de la Justicia rionegrina se dedicaron a planificar el operativo mientras aguardaban una respuesta de la Justicia provincial. En total se involucraron más de 200 personas entre agentes y funcionarios de distintas carteras. En el campo había unas 50 personas lideradas por Gallardo y Oyarzo. Algunas tenían en su poder armas blancas, trascendió.

Gallardo es considerada una machi sin título por su comunidad y ejerce el curanderismo en el barrio San José de El Bolsón. Es el más duro del pueblo.

Los agentes tuvieron a su disposición teléfonos satelitales, modernos equipos de comunicaciones para geografías apartadas como esta, cámaras de video que registrarán todos los acontecimientos, mapas virtuales del sector, drones, información climática, entre otros, que les permitieron obtener una panorámica privilegiada del escenario y sus actores. También estuvieron presentes dos ambulancias.

“Nosotros, nuestra comunidad no nos vamos a mover de acá. Nos costó mucho para volver a nuestro territorio después de la estafa que le hicieron a mi papá que lo dejaron en la calle”, había advertido días atrás Gallardo.

El segundo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Luis Pilquiman, calificó a la acción de exagerada y criticó el papel que cumplió la gobernadora de la provincia Arabela Carreras en el proceso de desalojo. “Ella ha tenido expresiones muy antimapuches y en términos muy despectivos para la gente y la verdad que nos preocupa esa situación”, indicó Pilquiman.

El funcionario, que trabaja con la ex senadora Magdalena Ordan, expresó sentirse únicamente preocupado por los mapuches pero no se pronunció acerca del estado de los Soriani y los Mayer que estaban impedidos de moverse. El funcionario fue señalado en reiteradas ocasiones por las autoridades provinciales como un firme colaborador de la violenta usurpación en villa Mascardi que cumplirá 3 años el mes próximo.

Mientras tanto, tres integrantes de las dos familias propietarias soportaron un duro sitio de parte de los mapuches. Este lunes comenzaban a tener falta de alimentos al punto que debieron sacrificar gallinas y otros animales el fin de semana. Martín Soriani y los hermanos Débora y Pablo Mayer, dieron a conocer el domingo un video en el que describían su desesperada situación.

Los miembros de la lof Gallardo Calfú reclamaban el territorio basándose en una supuesta estafa que habría sufrido el dueño original, Félix Gallardo Calfú en 1980, por parte de Miguel Soriani. Aseguraban contar con la colaboración del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Sin embargo, los tribunales de Río Negro no avalaron los dos reclamos realizados en distintos momentos por los mapuches.

De acuerdo al abogado de los Soriani, Jorge Paolinelli, en 1969 Félix recibió los derechos de ocupación del terreno de manos de Aurora Reyes de Candia, integrante de los ocupantes del predio desde la década del 40. Gallardo Calfú era peón de la familia Candia y la cesión fue un obsequió en agradecimiento por sus labores. En 1980 el campo pasó legalmente a manos de Soriani mediante escritura pública. Blanca inició acciones legales en 2006 y la Justicia se expidió a favor de los Soriani en 2013 y en 2014 donde se ratificó el primer fallo.