En medio de las negociaciones entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional, el Tesoro tiene previsto pagarle hoy al organismo un vencimiento de alrededor de u$s300 millones
La cancelación de la cuota trimestral se realizará con el objetivo de no entorpecer el proceso de diálogo, ya que la intención oficial es cerrar un acuerdo con el tiempo suficiente para encarar luego las negociaciones con el Club de París, cuyo plazo máximo es mayo de este año.

Los pagos que tiene que hacer la Argentina al FMI están nominados en Derechos Especiales de Giro (DEG) y evolucionan en función del valor del dólar, el euro y el yuan. Cálculos oficiales estiman que la cuota de la semana que viene podría rondar entre u$s305 y u$s320 millones, una cifra para nada despreciable que puede ponerle aún más presión a las reservas. Si bien durante los primeros 18 días de enero el Central logró hacerse de dólares en el mercado, a partir del 19 de enero tuvo que vender en cinco de las nueve jornadas que operó. El peor registro fue el martes, cuando se desprendió de u$s80 millones. Sin embargo, a pesar de estos registros, el saldo favorable de enero ronda los u$s235 millones, una marca por debajo de los u$s608 millones de enero.

A lo largo de 2021 el gobierno debería hacer seis pagos al FMI por un monto total de u$s5.072 millones, de acuerdo a un relevamiento realizado por la consultora Ecolatina en base a datos del Ministerio de Economía. El primero es en febrero por u$s305 millones, el siguiente es en mayo por u$s296 millones, el tercero es en agosto por u$s346 millones, el cuarto sería en septiembre por u$s1.867 millones, el quinto en noviembre por u$s389 millones y el último en diciembre por otros u$s1.867 millones. En el programa original firmado entre Christine Lagarde y Nicolás Dujovne, el grueso del repago estaba concentrado entre 2022 y 2023, porque entre ambos años Argentina se había comprometido a pagar alrededor de u$s44.000 millones.

Este cronograma, sin embargo, se verá modificado. El acuerdo de Facilidades Extendidas del FMI -al que aspira la administración nacional-, contempla un plazo de repago de entre 8 a 10 años. Según especialistas y académicos, este tipo de programas suelen tener una mayor cantidad de condicionalidades estructurales que el stand-by, que brinda solamente entre 3 y 5 años para cancelar el préstamo. Es por estas condicionalidades -que implican conversaciones ríspidas alrededor de la política fiscal, cambiaria y monetaria-, que las discusiones suelen ser más duras y complejas. Entre los temas más difíciles de acordar entre Guzmán y el Fondo están el déficit fiscal, la manera de financiarlo (sobre todo por el peso de la emisión monetaria en la macroeconomía) y la política tarifaria.

El proceso de diálogo entre la Argentina y el FMI formó parte de la agenda del presidente Alberto Fernández de las últimas semanas. El 21 de enero mantuvo una comunicación vía zoom con la titular del Fondo, Kristalina Georgieva, en la que “ambos coincidieron en que se continuará trabajando en un programa apoyado por el organismo multilateral y diseñado y conducido por la Argentina”, informó luego Presidencia. Cuatro días después fue el turno de Angela Merkel, la canciller alemana, con la que también dialogó sobre “las negociaciones que mantiene la Argentina en pos de reestructurar de manera sostenible la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el estado de las negociaciones con el Club de París”.