El Gobierno se prepara para encarar, desde la semana próxima, su apuesta más fuerte para encarrilar los precios y salarios y llegar sin sobresaltos a las decisivas elecciones legislativas: el acuerdo con los empresarios y sindicalistas que se explorará no es imaginado como el pacto social de 1974 sino más bien como una metodología de trabajo para analizar las posibilidades de cada sector y llegar a compromisos no escritos para ajustar las expectativas inflacionarias a las previsiones del presupuesto 2021.

Mientras la Jefatura de Gabinete apura las invitaciones a los sindicalistas para el miércoles y al empresariado para el jueves, está previsto que se ponga sobre la mesa la necesidad de cumplir la pauta presupuestaria oficial, que incluye una inflación del 29%, un tipo de cambio para el dólar de $102,4 en diciembre y un crecimiento del PBI de 5,5%.

Los funcionarios juran que no existirán techos, topes ni sugerencias para los aumentos salariales de 2021, aunque la Asociación Bancaria, alineada con la Casa Rosada, se convirtió en el sindicato que firmó este jueves el convenio que se convertirá en el modelo que busca el Gobierno para el resto: un 29% de incremento para este año (más una actualización salarial del 2,1% pendiente para 2020 y una cláusula clave que prevé revisiones en septiembre y noviembre para compensar la inflación).

Para que no queden dudas, el Presidente recibió a Palazzo y luego publicó en Twitter un sugestivo respaldo: “Celebro que en pleno funcionamiento de paritarias libres, bancarios y bancarias bajo el liderazgo de Sergio Palazzo hayan logrado un acuerdo que no sólo atiende aspectos salariales ventajosos, sino que ofrece un enorme avance en materia de derechos vinculados al género”.

Por su parte, el gremialista declaró: “Todos los gobiernos tratan de fijar algún parámetro a las paritarias. No nos tiene que asustar. Los dirigentes sindicales hacemos lo que tenemos que hacer”. Y admitió: “Si bien firmamos un acuerdo que va en línea con lo que se presume de inflación en el presupuesto, resguardamos a los trabajadores con dos cláusulas de revisión para poder seguir discutiendo el poder adquisitivo y, si es posible, mejorarlo”.

Lo que le interesa al oficialismo es que se respete el tope del 29% para el período enero-diciembre de 2021 y el “truco” para exhibir cifras razonables es aprovechar un dato de la realidad: hace mucho que la mayoría de las paritarias no tiene la misma vigencia del año calendario, por lo cual el Gobierno tratará de que las negociaciones acompañen las metas del presupuesto, que se miden en esos plazos.

El propio ministro de Economía, Martín Guzmán, negó esta semana que la Casa Rosada “quiera instalar techos en las discusiones paritarias”, aunque admitió que se busca que “se alineen los precios y los salarios a la pauta inflacionaria”. Allí aparece, obviamente, el número “mágico” del 29%.

Es que el techo salarial existirá en la práctica para este año, aunque no para el bolsillo de los trabajadores. La expectativa oficial es que cuando se anuncien los aumentos otorgados entre enero y diciembre de 2021 ninguna paritaria debería superar el 29%, pero la cifra podrá ser mayor si se pactan revisiones salariales para el año pasado (como hicieron los bancarios) o anticipos a cuenta para 2022 en aquellos convenios de una vigencia distinta a la del año calendario (que son la mayoría).

En materia de precios, por otra parte, la intención oficial es sumar al diálogo no sólo a las centrales empresariales sino también a los “formadores de precios”, como los supermercados, a quienes Alberto Fernández ya cuestionó en varias oportunidades por considerarlos responsables de la remarcación.

En la Casa Rosada aseguran que no hay ninguna idea de un control estricto de precios (una fórmula que siempre ha fracasado), pero sí de establecer parámetros objetivos para los aumentos. En 2020, destacan los funcionarios, algunos precios subieron un 70% y otros, un 10%. Por eso en este rubro, a diferencia del salarial, no hay un número que sirva de orientador para los incrementos.

Para llegar las metas se crearán mesas sectoriales, con empresarios y sindicalistas de cada actividad, con el fin de analizar en forma detallada su situación, en un esquema de trabajo “artesanal” que, desde la óptica oficial, deberá transformarse en permanente para evitar los desfases de precios y salarios.

El plan para la semana próxima es explicar a empresarios y sindicalistas cuál es la expectativa del Gobierno y la forma de trabajo propuesta (aunque los funcionarios de Economía y de Trabajo ya anticiparon la información a ambas partes). Pilotearán las reuniones los miembros del gabinete socioeconómico, encabezados por los ministros Martín Guzmán, Santiago Cafiero y Claudio Moroni.

El problema inesperado que se insinúa es la representación sindical: el Gobierno advirtió que “no se meterá en la interna sindical”, pero que la CGT tiene que ser “lo suficientemente adulta como para representar a todos los sectores”. Es difícil imaginar un acuerdo de las características que imagina el oficialismo sin la participación de sindicatos que no están hoy en la central obrera, como Camioneros y Bancarios. Sin embargo, ¿alguien se imagina a la cúpula cegetista, liderada por Héctor Daer y Carlos Acuña, invitando a un archienemigo como Hugo Moyano a sumarse a su delegación?
La encrucijada, eminentemente política, quedó en manos de la Jefatura de Gabinete, pero en los despachos oficiales advirtieron que si la CGT no abre el juego será la Casa Rosada la encargada de invitar en forma individual a gremios estratégicos que no deberían quedar afuera del acuerdo.

En la CGT, de todas formas, anticiparon a Infobae que están considerando incluir a Camioneros y Bancarios como parte de la comitiva que irá al acuerdo de precios y salarios.

Todo parece indicar, además, que el Gobierno marginará una vez más a la CTA Autónoma, la central obrera combativa que lidera Ricardo Peidró, porque algunos funcionarios nacionales creen que no es suficientemente representativa y, aunque no lo admitan, hay una clara decisión de privilegiar a la CTA de los Trabajadores, encabezada por el diputado ultra K Hugo Yasky, que es la central favorita de Cristina Kirchner y la más alineada con las políticas que aplica el Gobierno.

Mientras, el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, apura la creación por decreto del Consejo Económico y Social, prometido varias veces por Alberto Fernández desde que asumió, aunque, a diferencia del acuerdo de precios y salarios, será para analizar medidas de mediano y largo plazo.
Por esa desconcertante lógica que domina a veces al oficialismo, el Gobierno pasaría de tomar decisiones socioeconómicas en forma unilateral e inconsulta a llevarlas a dos instancias de diálogo diferentes con empresarios y sindicalistas para coordinar medidas de corto, mediano y largo plazo.

Para Gerardo Martínez, líder de la UOCRA y secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, el acuerdo de precios y salarios que busca el Gobierno “puede ser una buena propuesta siempre que tenga algo de innovación y genere un potencial en la reactivación económica productiva”.

“Los precios y salarios, en realidad, son la consecuencia porque la causa es el programa económico: hay que tener definiciones claras en la macroeconomía porque si la convocatoria se hace sobre la base de la incertidumbre saldremos todos con desconfianza”, dijo el sindicalista a Infobae.

Casi en la misma sintonía, el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, dijo que “en una concertación económica de emergencia, el Gobierno tiene que definir las políticas de estabilización macroeconómica, las pautas cambiarias y monetarias y las perspectivas de inflación dentro de la cual nos vamos a desenvolver, ya que no son los acuerdos de precios y salarios per se los que van a condicionar los resultados, sino que es ese marco lo que va a condicionar una política de precios y salarios, que es un instrumento más, no el único”.

“Los acuerdos de precios y salarios que no tienen un contexto económico definido son medidas muy coyunturales y de muy poco resultado efectivo” señaló el directivo industrial y titular de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL).