Así se los hizo saber la ANSeS en una resolución que firmó hace una semana. La decisión generó preocupación en el mundo judicial, que interpretó esta decisión como una nueva embestida contra el Poder Judicial.

Es que jueces y fiscales tienen la posibilidad de hacer sus papeles de jubilación cuando cumplen la edad de 60 años, para que ello quede asignado el día en que decidan presentar la renuncia. Entre los que están en esa situación aparecen los camaristas como Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun, el fiscal Carlos Stornelli o el juez de Casación Eduardo Righi, a quien denunció el abogado de Cristina Kirchner en el Consejo de la Magistratura. Sin embargo, también está, por ejemplo, la jueza María Servini, con competencia electoral y quien advirtió que no hará las PASO en la Capital Federal si no vacunan a los empleados de su juzgado.

Pero la decisión no solo afecta al “mundo Py”. Es que hay magistrados de todos los fueros que entran en esta lista de jueces en esta situación. Por eso, la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial convocó a una reunión interna para informar a sus socios la situación que se genera con la resolución PREV-11-16 de ANSeS.

“Son jueces y fiscales que presentaron ellos mismos su pedido de jubilación y no terminaron el trámite. ANSeS los está intimando a que definan si se quieren jubilar como ellos mismos lo pidieron o retirar la carpeta”, confirmaron a Infobae desde fuentes del organismo para bajarle el tono a la polémica.

La resolución dice que aquellos magistrados que tienen jubilación otorgada serán intimados y tienen 30 días para presentar renuncia. Si no, se reservan el derecho de revisar todo el trámite jubilatorio ya concedido, indicaron las fuentes.

En fuentes judiciales, no ven con inocencia la movida oficial. Y de hecho recuerdan que lo primero que hizo el Gobierno de Alberto Fernández fue presentar una ley para modificar el régimen jubilatorio para los jueces y fiscales. Eso generó que muchos magistrados decidieran renunciar para no perder los beneficios que le otorgaba la reglamentación anterior.

La nueva ley elevó del 11 al 18 por ciento el aporte sobre el sueldo de los integrantes del Poder Judicial; mantuvo el 82 por ciento para la jubilación pero con el cálculo sobre las últimas 120 remuneraciones mediante una comisión que todavía no se creó; y elevó para los hombres la edad para retirarse de 60 a 65 años de manera escalonada año tras año hasta llegar en 2025 a los 65. Con esa ley, además, las jubilaciones del Poder Judicial dejó de regularlas el Consejo de la Magistratura y pasaron a quedar bajo la órbita de ANSeS.

La Asociación de Magistrados, no obstante, presentó una demanda por la inconstitucionalidad de esa ley. Es que el de las jubilaciones es un tema muy sensible para el mundo judicial porque se trata de lo que ellos entienden son sus derechos. Ya no se trata de cuestionamientos por un fallo particular.

“No tengo idea. Yo tramité como todos los que cumplen los 60 años. Desde que tengo uso de razón, los que reunen los requisitos tramitan el reconocimiento de los servicios”, dijo a Infobae un fiscal consultado por Infobae al enterarse de la decisión de la ANSeS.

“Todos los que estamos con el tramite de jubilación concedida y estamos trabajando le estamos ahorrando plata al Estado. ¿Por qué? Porque podríamos estar en nuestras casas cobrando casi el 100 por ciento de nuestros salarios en concepto de jubilación y tendría que haber otros jueces reemplazándonos, cobrando su respectivo sueldo... Acá no hay ni justificación de por qué esta resolución se firma ahora. Es claramente una ‘apretada’ para que algunos se vayan”, dijo otro magistrado consultado por Infobae.

La noticia llegó en medio de las críticas que el presidente Alberto Fernández y la ministra Marcela Losardo hicieron contra el Poder Judicial el último fin de semana en donde hablaron del “desprestigio” de la Justicia. Fue en la misma semana en que la Corte Suprema de Justicia ratificó una condena contra la dirigente jujeña Milagro Sala y la Cámara Federal de Casación Penal decidiera que el caso del espionaje ilegal de la AFI macrista, en donde Cristina Kirchner es querellante, fuera sacado de los tribunales de Lomas de Zamora y remitido a Comodoro Py.

Por lo pronto, ninguno de los jueces consultados por este medio había recibido aún la intimación de ANSeS para definir su jubilación. El debate por la decisión oficial promete seguir creciendo.