El Gobierno avanzó en su plan de pacificar el frente sindical y les acaba de regalar a los gremialistas un año más de mandato sin elecciones en sus organizaciones, lo que le permitirá evitar sus peleas para concentrarse sin interferencias en su objetivo de bajar la inflación y ganar los comicios legislativos.

Mediante la resolución 2021 de la Secretaría de Trabajo, se extendió la suspensión de las elecciones, asambleas y congresos de los sindicatos por seis meses más a partir del 28 de febrero, a la vez que amplió la prórroga de los mandatos de los dirigentes gremiales y de los delegados por el mismo plazo, hasta el 31 de agosto próximo.

En la práctica, la resolución del Ministerio de Trabajo, que se publicó el viernes pasado, suspenderá la renovación de autoridades de la CGT que estaba prevista para este año y también los comicios en los que se ponían en juego las reelecciones de importantes sindicalistas como Héctor Daer (Sanidad), Luis Barrionuevo (gastronómicos), Antonio Caló (UOM), Rodolfo Daer (Alimentación), Amadeo Genta (municipales porteños), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), Guillermo Pereyra (petroleros) y Omar Maturano (La Fraternidad), entre otros.

Entre los fundamentos de la decisión tomada por el ministro Claudio Moroni se mencionan “la vigencia de la emergencia sanitaria y el desconocimiento sobre el momento en que la evolución de la pandemia permita dar por finalizada” la actual situación y “la posibilidad de un rebrote del COVID-19, como ya acontece en distintas regiones del mundo, no obstante el ponderable plan de vacunación que en nuestro país está ejecutando el Poder Ejecutivo Nacional en coordinación con las jurisdicciones locales” (curiosamente, la medida se dictó el día en que estalló el escándalo por el “vacunatorio VIP”).
Más allá de la formalidad, hay fuertes motivaciones extrasindicales que explican esta resolución de la Casa Rosada: es impensable que una decisión de alto voltaje político como la renovación de autoridades de la CGT se haga cerca de las PASO y de unos comicios legislativos en los que Alberto Fernández pondrá en juego la gobernabilidad de su administración y la suerte del Frente de Todos para los comicios presidenciales de 2023.

La vigencia legal de las actuales autoridades de la CGT finalizó en agosto pasado, en plena pandemia, cuando el Gobierno ya había dispuesto, desde el 16 de marzo, la suspensión de las elecciones sindicales y la prórroga de los mandatos con la excusa de que la cuarentena obligatoria y la emergencia sanitaria tornaban imposible que los gremios realizaran elecciones, congresos y asambleas, por lo que suspendió por un mes todo lo que implicara movilización o aglomeración de trabajadores. La decisión fue prorrogada dos veces más y la última resolución de este tipo llevó la continuidad de los mandatos de los dirigentes gremiales hasta este 28 de febrero.

Por eso la CGT debió postergar el congreso para renovar sus autoridades, previsto para marzo de 2020, y hasta el momento había planes para concretarlo en julio de este año. La nueva suspensión de los procesos electorales, que ahora llegará hasta el 31 de agosto, obligará a pasar la elección cegetista para el primer semestre de 2022.

El temor predominante en la Casa Rosada es que la pelea entre los principales contendientes para conducir la futura central obrera (Héctor Daer, actual cotitular de la CGT, y Pablo Moyano, secretario adjunto de Camioneros) se agudice y termine dinamitando los esfuerzos oficiales para bajar la inflación en un año electoral tan decisivo.
el Presidente les pidió a líderes sindicales como Daer y Hugo Moyano (el papá de Pablo) que bajaran los decibeles de sus enfrentamientos y compartieran pacíficamente la instancia de diálogo tripartito que se abrió la semana pasada con el acuerdo de precios y salarios.

Para ayudar a que los dirigentes gremiales moderaran sus reclamos en las paritarias en 2021, el oficialismo ofreció a través de Sergio Massa el proyecto de ley para que sólo paguen Ganancias los trabajadores que ganan más de $150.000 por mes. Y el eslabón que faltaba para completar el plan de pacificación del movimiento obrero fue el congelamiento del mapa sindical actual hasta 2022 que acaba de disponer el Ministerio de Trabajo.

Así, además de la CGT, también se postergarán hasta el año próximo la renovación de autoridades en la poderosa Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT), que lidera Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento) y la definición de las rebeldías en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), donde Antonio Caló, su secretario general, buscará una nueva reelección en medio del malestar de algunas seccionales disidentes como La Matanza, Córdoba, Morón y Villa Constitución, que en abril pasado frenaron el acuerdo impulsado por el titular del gremio para preservar las fuentes de trabajo mediante suspensiones pagas con el 70% de los salarios.

También quedará pendiente la competencia en el Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA) entre su líder, Rodolfo Daer, y las listas del trotskismo y del maoísmo, mientras que su hermano Héctor evitará, además de la disputa en la CGT, una nueva elección contra la izquierda en ATSA Buenos Aires.
Lo mismo sucederá con Sergio Palazzo, que tenía previsto ratificar en octubre su liderazgo en las elecciones de la Asociación Bancaria, así como Luis Barrionuevo, que debía realizar los comicios en 2021 para procurar una nueva reelección al frente de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA), al igual que los jefes de los principales gremios ferroviarios, Omar Maturano (La Fraternidad) y Sergio Sasia (Unión Ferroviaria).

Otros dirigentes que extenderán su mandato hasta 2022 son Guillermo Pereyra (líder del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa); Amadeo Genta (titular del Sindicato Unico de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires; Sonia Alesso (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, CTERA); Roberto Baradel (Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, Suteba) y Víctor Santa María (Sindicato de Encargados de Edificios).

La lista de beneficiados con el año de mandato adicional se completa con Osvaldo Iadarola (Federación de Obreros y Empleados Telefónicos, FOETRA), Héctor “Etín” Ponce (Asociación de Trabajadores Lecheros), Hugo Benítez (Asociación Obrera Textil, AOT), Raúl Durdos (SOMU), Alejandro Crespo (Sindicato del Neumático), Carlos Bonjour (trabajadores de entidades deportivas y civiles) y Roberto Coria (Sindicato de Guincheros).

Además del privilegio de algunos dirigentes como Hugo Moyano o de otros que pasaron por el “vacunatorio VIP”, Alberto Fernández les garantiza otra vacuna a unos 20 sindicalistas de primera línea que será clave en un año complejo por la combinación de pandemia, crisis económica y elecciones legislativas: los acaba de inocular contra el riesgo de enfrentarse a los opositores internos o al desinterés de los afiliados.