Un «oficial de Justicia ad hoc», un ingeniero agrónomo y dos o más martilleros son los designados hasta el momento para cumplir con esa orden en una fecha que todavía no se fijó, aunque la jueza en lo Comercial María José Gigy Traynor ya fijó una premisa: le indicó a la «sindicatura liquidadora» (conformada por el Estudio «Stupnik – Stupnik – Varnavoglou») que debe concretarse antes de que otra eventual curva de contagios de Covid-19 pueda complicar el avance del expediente, como ocurrió durante 2020.

Por ese motivo, Gigy Traynor, como jueza a cargo de la quiebra de Austral Construcciones, le dio órdenes precisas a la sindicatura. En particular, dadas las eventuales dificultades que podrían presentarse al ingresar en, por ejemplo, las estancias «Río Bote», «Cruz Aike», «Campamento», «La Porteña» y «Laguna del Asador», a medida que se acerca el otoño.

«Quienes intervengan en las diligencias», explicó, «se encuentran autorizados a violentar cerraduras de tranqueras, galpones, cascos de estancias y de depósitos (tanto referido a accesos externos como internos para poder abrir y/o violentar tranqueras, portones y/o cualquier cerradura interna y/o de puertas internas y/o muebles, y/o de cualquier elemento que obstaculice la diligencia, etcétera), y/o cualquier obstáculo de ingreso y/o requerir los servicios de un cerrajero o persona idónea a los efectos del cumplimiento de la orden judicial».

Pero a la pandemia se sumó otro escollo: acaso sea necesario un helicóptero o una avioneta.

El grupo que coordina la «sindicatura liquidadora» desde Buenos Aires recibió una buena noticia días atrás. La jueza rechazó el intento de Báez por desplazarlos tras atribuirle a los síndicos un presunto mal desempeño en sus funciones. Pero ya abocado al viaje a la Patagonia, sin embargo, el grupo lidiará con dos limitantes. La primera tiene relación directa con la pandemia, ya que deberán respetar todos los protocolos vigentes en Santa Cruz -además del barbijo y otras medidas de higiene-, incluida la posibilidad de tener que someterse a una cuarentena, como así también a efectuarse un hisopado cuando completen sus tareas.

La otra limitante podría resultar un obstáculo clave para completar su tarea: no contarán con el auxilio de la fuerza pública. Como la jueza carece de jurisdicción para disponerlo por sí misma en la provincia de Santa Cruz, indicó que el operativo deberá darse por concluido si alguien se resiste a dejarlos entrar e informarle de inmediato «a efectos de adoptar las medidas que pudieran corresponder».

Por el contrario, el auxiliar «ad hoc» de Justicia, el ingeniero agrónomo y los martilleros públicos sí cuentan con la autorización de avanzar hacia otros domicilios, siempre que «estimen o presuman que se trata de lugares donde pudiera haber más bienes, documentación o ser un domicilio de la fallida Austral Construcciones SA, en cuyo caso la custodia deberá ser brindada igualmente».

Los síndicos liquidadores no quedaron del todo conformes con la decisión judicial. El cuadro sanitario en Santa Cruz es preocupante, según plantearon en uno de sus escritos. «En particular, en El Calafate», indicaron, donde «no hay camas de terapia intensiva disponibles a esta época», aunque la situación podría variar -y, por tanto, mejorar- cuando se concrete el viaje.

Un helicóptero o una avioneta

¿Cuándo sería? Dependerá de varios factores, explicó la sindicatura. Entre otros, de la respuesta que todavía debe enviar el Tribunal Oral Federal que juzga a Báez por presunto lavado de US$54 millones, de la coordinación necesaria con la Gendarmería en El Calafate y Río Gallegos, y de la disponibilidad de pasajes, entre otros.

El ingeniero agrónomo Carlos Moras sumó otro factor: contar con un helicóptero o avioneta a disposición en El Calafate para cumplir con su tarea, con un costo de $270.000 por un total aproximado de 15 horas de vuelo.

Austral Construcciones, argumentó Moras, es «una empresa que posee grandes extensiones de campo en cada una de las Estancias en que se deben realizar los peritajes requeridos, extensiones de más de 60.000 hectáreas de campo, la posibilidad de contar con un helicóptero o avión, me permitiría en un día recorrer 20.000 hectáreas aproximadamente, por lo que la tarea sería más eficiente y por supuesto con una mayor celeridad». Esa eficiencia, abundó, le permitiría «una mejor inspección y monitoreo de instalaciones y obras de infraestructura, topografía y cartografía temática, geología y prospección petrolífera y gasífera teniendo en consideración la zona a constatar y la existencia de pozos petrolíferos».

Ahora deberá ser la jueza Gigy Traynor quien defina si admite el costo presupuestado por una avioneta, para avanzar luego con los remates de los bienes de Austral Construcciones y distribuir el dinero que se recaude entre los acreedores de Báez; entre ellos, la AFIP y el Banco Nación a los que adeuda más de $3200 millones.