Con nulo ingreso de animales al mercado de hacienda de Liniers y la paralización de la venta de granos y oleaginosas, tres de las cuatro gremiales agropecuarias arrancaron esta medianoche un paro por 72 horas, en demanda a cambios inmediatos en las políticas públicas para el sector.

Entre el lunes y el martes, los ganaderos se apuraron a enviar animales a Liniers, que recibió en dos días 21.176 cabezas, contra las 10.108 que habían ingresado a esa plaza entre el lunes 2 y el martes 3 de marzo. También en las últimas jornadas se activaron los negocios con granos. Se calcula que se negociaron unas 100.000 toneladas de soja disponible, entre el viernes y ayer.

Sociedad Rural (SRA), Confederaciones Rurales (CRA) y Coninagro motorizan la protesta que, por primera vez en siete años no cuenta con el aval de Federación Agraria (FAA), que prefirió mantener su propio cronograma de asambleas y protestas en procura de la segmentación de retenciones para los pequeños y medianos productores, entre otros reclamos (ver aparte).

El cese comercial arrancó con el primer minuto de este miércoles y se extenderá hasta el último minuto de este viernes. Para esa tercera jornada, además, está previsto que no se comercialice leche (dado que es un producto perecedero, los tamberos no puede frenar la venta por más de 24 horas) y habrá un cierre de la protesta con una asamblea de productores en la provincia de Salta. En tanto, los productores de las economías regionales (como frutas y verduras) dispondrán la modalidad con la que adherirán al paro.

Este mediodía, los presidentes de SRA, Luis Etchevehere; de CRA, Rubén Ferrero; y de Coninagro, Egidio Mailland, darán una conferencia de prensa desde Sociedad Rural para hacer la primera evaluación de la protesta y detallar pasos a seguir.

El cese comercializador coincide con el séptimo aniversario del anuncio de la resolución 125, que fijaba retenciones móviles para la soja, el maíz, el trigo y el girasol, y que desató un conflicto que se extendió durante cuatro meses entre el gobierno de Cristina Fernández y las gremiales rurales, que nunca se superó del todo. La 125 dio inicio además a la mesa de enlace, que con mayor o menor exposición pública se movió en bloque durante estos siete años, hasta esta oportunidad.

El nuevo paro rural se gestó en “rechazo a las políticas agropecuarias que el Gobierno lleva adelante y que han provocado una situación crítica para todos los sectores productivos del país”. Federación Agraria resolvió priorizar sus reclamos por lograr diferenciación de los pequeños productores, lo que fue cuestionado por el ex presidente federado, y actual dirigente massista, Eduardo Buzzi, quien pronosticó que “muchas bases adherirán al paro”.

Desde el Gobierno, se tildó al cese comercializador de las entidades agropecuarias como “un planteo político”. El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, rescató el “giro” en la conducción de FAA, y consideró que Coninagro “tiene poco que ver” con la mesa de enlace.

Maillard salió al cruce del jefe de ministros. “Hemos estado siempre en la mesa de enlace y en absoluto nos iremos”, le dijo el dirigente cooperativista a la agencia NA.

El presidente de Coninagro indicó que “por la situación crítica de los productores, el cese de comercialización interpreta la voz de protesta de todo el campo argentino, no sólo de la Pampa Húmeda sino también de las economías regionales que la están pasando mal y nadie los escucha”.

NOTA RELACIONADA
A siete años de ‘la 125’, poco cambió entre el Gobierno y el campo
A siete años de la implementación de la Resolución 125, que instauró por cuatro meses las retenciones móviles, el campo inicia otra medida de fuerza contra la política oficial. Aquel largo conflicto fue el puntapié de una etapa de confrontación general que sólo fue en ascenso. 
Hoy, otra mesa de enlace, esta vez sin la conducción de la Federación Agraria, completa un paro comercial, con otros disparadores pero la misma causa: protestar contra la política oficial hacia el campo que, según repiten en el sector, presiona con impuestos, abandona con infraestructura y discrimina con restricciones comerciales. 
El enfrentamiento por ‘la 125’ dejó vencedores y vencidos, aunque ninguno definitivo en esta Argentina que nuevamente se encamina hacia un proceso eleccionario.
La presidenta dejará su cargo y debe ungir a un postulante para continuar su modelo; Julio Cobos es precandidato presidencial; Martín Lousteau compite por ser jefe de Gobierno porteño; Eduardo Buzzi aspira a la gobernación de Santa Fe; Alfredo de Ángeli es senador nacional por el PRO; Hugo Moyano es el líder sindical de mayor peso enfrentado con el Gobierno y Carlos Garetto es asesor de Sergio Massa. Todo esto ocurre a siete años del arranque del enfrentamiento que, sin destruir el liderazgo kirchnerista, le hizo mella y logró reposicionar a la dirigencia rural. 
Cuando Martín Lousteau anunció la imposición de las retenciones móviles, la soja rondaba los u$s 520 por tonelada, unos u$s 160 por encima de la cotización de ayer. El impuesto a la exportación de la oleaginosa pasó automáticamente de 35% a 44%, donde se ubicó –puntos más, puntos menos– hasta que el voto "no positivo" de Julio Cobos echó por tierra la medida, después de su paso por el Congreso, a donde la presidenta envió la norma convertida en proyecto, tras un trimestre de enfrentamientos y desgaste.
Los reclamos del campo fueron más allá de las retenciones y apuntaron a los frenos a la comercialización de cereales y carnes impuestos en 2006, que recrudecieron durante el conflicto; a las distorsiones de costos de producción y precios de venta que, con el avance de la inflación empeoraron e inclusive, a la situación de desamparo de los pequeños productores, más directamente representados por la Federación Agraria cuya conducción hoy no va al paro, pero que encauzó también incansables protestas. 
Siete años después, nadie dio el brazo a torcer. Tampoco se interrumpió un gobierno democrático. Pero no se encontró el diálogo eficaz entre el Gobierno y un sector claves de la economía argentina.