El oficialismo activará la creación de una comisión bicameral en el Congreso para investigar y hasta citar a jueces y fiscales de todo el país, luego del duro discurso que dio Alberto Fernández durante la inauguración del período de sesiones ordinarias.

Sin embargo, el kirchnerismo duro va más allá de la sola idea de un "órgano de control" del Poder Judicial y hasta piensa en la posibilidad de remover a los jueces de la Corte Suprema.

“El Presidente dijo que el Poder Legislativo tiene que asumir el rol que le corresponde de control de los poderes y sugirió la creación de una comisión bicameral que discuta y que la sociedad vea como está actuando el poder judicial y cuales son los cambios que hay que hacer para que la justicia le sirva a la gente, los humildes, los vulnerables, los desprotegidos", afirmó el senador ultrakirchnerista Oscar Parrilli.

Y ante una pregunta en El Destape Radio, el legislador confirmó que los citarán para que se presenten en la bicameral: "Esperemos que los Jueces y fiscales concurran a la comisión bicameral que los va a investigar. Estamos acostumbrados a fiscales que no se presentan a la Justicia como el caso de Stornelli".

Si bien el lunes el mandatario no habló de la creación de ninguna comisión de diputados y senadores para citar a miembros del Poder Judicial a que den explicaciones, sí pidió un control "cruzado" del Poder Legislativo.

"Quiero pedirle al Congreso con muchísimo respeto que asuma su rol de control cruzado sobre el Poder Judicial", expresó durante su discurso de apertura de sesiones. Y agregó que "así lo prevé nuestra Constitución Nacional."
"Institucionalmente, alguien debe ocuparse de ver lo que ha ocurrido y ver lo que está ocurriendo en la administración de justicia de nuestra república. No para interferir en sus decisiones, sino para que sirva cumpliendo el rol que el Estado de Derecho le ha asignado". remarcó Alberto Fernández.

Sin embargo, Parrilli quiere una Bicameral para investigar jueces ante el "descrédito que tienen en la sociedad argentina". Puntualmente criticó las "fallas estructurales de la Justicia que le complican la vida al ciudadano común".

"Necesitamos una justicia independiente que falle en base a las pruebas y no responda a la presión de nadie, ni del poder político, económico o mediático”, sentenció el senador.

Graciana Peñafort abogada de Cristina Kirchner

La advertencia de Peñafort
Más allá de la activación de la comisión bicameral anticipada por Parrilli, Graciana Peñafort, abogada de Cristina Kirchner y directora general de Asuntos Jurídicos del Senado de la Nación, fue más allá también con El Destape y remarcó que "el control del Poder Judicial por parte del Congreso está dentro de la distribución de competencias".

En ese marco, recordó que, llegado el caso, el Congreso "tiene la facultad ni mas ni menos que de revisar y al punto de remover -si llegara el caso- a los jueces de la Corte". 
Andrés Larroque, en tanto, aseguró que el "control cruzado" del discurso presidencial tiene el objetivo de que "exista entre los poderes un marco de control, de seguimiento, de auditoría".

"Hemos visto escenas extrañas, complejas o bizarras inclusive en lo que remite al funcionamiento de la justicia, con una diferencia de vara notable y con una vulneración de los procesos", sostuvo el ministro de Desarrollo de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires.

El dirigente de La Cámpora afirmó que la propuesta se hace "sin ánimos de revanchas". "Queremos que las instituciones funcionen y que sean creíbles", concluyó en la misma emisora.

La reacción de la oposición
Desde la oposición, calificaron las palabras del Presidente como un "ataque al poder judicial". Este martes, el ex ministro de Justicia, Germán Garavano, señaló que el Gobierno busca "socavar la independencia e influir en los jueces" en aquellas causas que involucran a funcionarios y ex funcionarios del oficialismo".

Mientras que los fiscales advirtieron por la intención de reformar el Ministerio Público y calificaron la propuesta como un "pelotón de fusilamiento". Además, aseguraron que los cambios apuntan a impedir las investigaciones contra la corrupción.