El fiscal Marcelo Colombo dictaminó a favor de que la vicepresidenta Cristina Kirchner y varios de los acusados por la firma del Memorándum con Irán se defiendan en una audiencia oral, como una instancia previa a definir sobre los planteos de nulidad presentados durante el último mes.

Los acusados buscan evitar el juicio oral y plantearon que, como los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky visitaron la Quinta de Olivos y la Casa Rosada durante el gobierno de Mauricio Macri e intervinieron en esta causa, se efectuó una violación a la garantía de imparcialidad y juez natural.

El abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, intenta una estrategia similar a la adoptada con el caso dólar futuro, y busca que el Tribunal convoque a una audiencia pública, que sea transmitida por los medios de comunicación. La causa por la firma del Memorándum con Irán fue iniciada por la denuncia de Alberto Nisman, quien fue encontrado muerto cuatro días después.

El Tribunal Oral Federal 8, integrado por los jueces José Antonio Michilini, Gabriela López Iñiguez y Daniel Obligado, tiene que definir si convoca a una audiencia pública para que la vicepresidenta Cristina Kirchner exponga sus argumentos de defensa, y luego deliberar si acepta o no su planteo, al que ya adhirieron otros acusados, como el ministro bonaerense Andrés “El Cuervo” Larroque, el senador Oscar Parrilli y el secretario de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena.

La querella que representa a un grupo de familiares de víctimas del atentado a la AMIA ya contestó, ante los planteos de nulidad, que estos deben ser rechazados y que debe hacerse el juicio oral. La querella de la DAIA respondió en el mismo sentido.

En el dictamen escrito por el fiscal, al que accedió LA NACION, Colombo pidió la digitalización y acceso a todas las resoluciones firmadas por la Sala IV de la Cámara de Casación Penal en rechazo a planteos que habían sido presentados por el excanciller Héctor Timerman.

También requirió a la Casa Militar de la Nación que informe si los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky tuvieron ingresos a la Quinta de Olivos durante los años 2015 y 2016. “En caso afirmativo, deberán informar las fechas y horas exactas de sus ingresos y egresos, y adjuntar copias certificadas de las planillas correspondientes”, agregó Colombo. Lo mismo pidió respecto de visitas a la Casa Rosada y a los ministerios de Justicia y de Seguridad.

Por otro lado, como medida previa a dictaminar sobre el planteo de nulidad, el fiscal también pidió información que surgió de la causa por presunto espionaje ilegal relacionada a partir del secuestro del celular de Darío Nieto, el secretario de Mauricio Macri, en el que se habría encontrado un apunte sobre una reunión con Borinsky.

Colombo pidió, por último, que el Consejo de la Magistratura informe sobre las denuncias efectuadas por las visitas de los jueces a Olivos y a la Casa Rosada. Ahora resta que el TOF 8 decida si convoca a la audiencia oral y, luego, qué camino tomará: si hace lugar a los planteos de nulidad, si archivan el expediente por inexistencia de delito -como plantearon otros acusados- o si rechazan los planteos y se avanza hacia el juicio oral.

“Para las defensas, aquellas reiteradas visitas al expresidente, recientemente conocidas, ponen en evidencia la pérdida de imparcialidad en la que habrían incurrido los Dres. Hornos y Borinsky al decidir la reapertura de este proceso o, cuanto menos, constituyen una sospecha tan intensa de esa pérdida que impiden sostener la validez de las decisiones judiciales atacadas”, escribió Colombo.

“La entidad de los hechos investigados, su trascendencia, el impacto y consecuencia que las resoluciones impugnadas tuvieron en el destino de este proceso (determinaron su reapertura), sumado a la complejidad y gravedad de las hipótesis planteadas por los incidentistas, justifican la necesidad de incorporar la información que mediante este dictamen solicitaré”, concluyó.

El juicio oral por esta causa, iniciada hace seis años, no tiene una fecha de inicio prevista. Desde que se conocieron las visitas de jueces a Olivos y a la Casa Rosada, los acusados apuntaron al corazón del proceso judicial: la reapertura del expediente dispuesta por la Cámara de Casación en diciembre de 2016, con los votos de los jueces Hornos, Borinsky y Ana María Figueroa. La causa había sido cerrada por el juez federal Daniel Rafecas, a quien luego la Casación apartó, al considerar que desestimó la denuncia de Nisman de manera “prematura, arbitraria y parcial”.