El Gobierno analiza adelantar la revisión pautada para septiembre del Consejo del Salario Mínimo para adecuar la suba acordada este año, de 35%, a valores más cercanos a la actual ronda de paritarias en torno del 45 por ciento. La posibilidad está en estudio y tiene el aval del Gabinete económico y fue sugerida por la CGT como parte de un combo mayor de medidas orientadas a proteger el poder adquisitivo frente a la inflación. Si bien el impacto sobre el mercado laboral formal es limitado, el ajuste en el piso de ingresos tiene incidencia directa sobre unos 900 mil beneficiarios de planes sociales y a la larga también tiene a adecuar los valores de 4,5 millones de programas para sectores vulnerables.

En abril la administración de Alberto Fernández convocó por segunda vez en este mandato al Consejo del Salario y consiguió el acuerdo de empleadores y representantes sindicales para llevar de 21.600 a 29.160 pesos el piso formal en siete tramos que terminarán de pagarse en febrero próximo. Desde este mes el valor es de 25.272 pesos. En caso de alinearse con las últimas paritarias el salario mínimo podría trepar antes de tiempo a 31.320, más cerca de la mitad del costo actual de una canasta básica de bienes y servicios.

El 35% de aquel entendimiento era conteste con la pauta salarial que había impulsado el ministro de Economía, Martín Guzmán, que se proponía superar por unos puntos la inflación plasmada en el Presupuesto 2021, de 29 por ciento. En esos parámetros fueron también los cierres paritarios de algunas de las actividades más influyentes, como la de los gremios de Comercio, metalúrgicos (UOM) o estatales (UPCN).
Desde entonces, sin embargo, y a caballo de una dinámica inflacionaria que no dio tregua, una nueva ronda de negociaciones barrió con aquella pauta y estableció subas en un rango superior al 40%, incluso por arriba del 45 por ciento. El puntapié inicial lo dio la propia administración pública en los sectores controlados por el kirchnerismo: Cristina de Kirchner, de hecho, validó con su firma y su foto una suba para los empleados del Congreso del 40% nominal pero que, al ser acumulativas las cuatro cuotas en que se dividió, lleva el ajuste de sueldos en el rubro a 46,41%, tal como reveló este diario. Le siguieron el PAMI y Anses en valores similares.

En el sector privado primereó Hugo Moyano con un incremento pactado para los camioneros de 45% en tres tramos. Y la semana pasada se habilitó un nuevo sendero con la renegociación antes de tiempo de dos paritarias que habían cerrado a principios de año: los encargados de edificios (Suterh), que treparon de 32% a 44,8 por ciento vía un adicional de $ 8.000 hasta febrero, y la Asociación Bancaria, que llevó su 29% original a 43 por ciento. Ambos gremios adelantaron tres meses las revisiones que habían pautado en sus respectivos acuerdos paritarios.

En ese contexto la CGT procuró mostrar iniciativa al avisar, en boca de Héctor Daer, que el Ejecutivo debía dar su aval a todas las revisiones paritarias que fuesen necesarias para acomodar los números de aumento a la dinámica inflacionaria. Durante el fin de semana el Gobierno respondió con dos señales: avisó que se prorrogaba hasta fin de año la prohibición de los despidos sin causa y las suspensiones sin acuerdo sindical, y el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, ratificó que en adelante “se van a reabrir todas las paritarias que hagan falta” para compensar las subas de precios por encima de las pautas de ingresos.

La eventual revisión anticipada y hacia arriba del salario mínimo tiene para el sindicalismo un efecto más simbólico que concreto. El piso de ingresos tiene incidencia directa en un universo brumoso calculado en 300 mil trabajadores no regidos por convenios colectivos. Pero también, sobre el “salario social complementario” que perciben 870 mil beneficiarios de planes sociales y que equivale a la mitad del sueldo mínimo y se ajusta a los movimientos de esa variable. En el Ejecutivo reconocen, además, que otros 4,5 millones de programas dirigidos a poblaciones vulnerables se terminan modificando en sus valores en función de la suba del salario mínimo, vital y móvil.

La nueva pauta salarial en torno del 45%, inaugurada por el kirchnerismo y asentada por gremios como Camioneros, terminó por convertirse en política de Estado una vez que Alberto Fernández participó la semana pasada del congreso de La Bancaria en el que se presentó el reajuste pactado con las entidades financieras. Y luego, cuando el ministro Guzmán, que venía de prometer que “salarios, jubilaciones y planes sociales” debían ganarle este año a la inflación, agregara el término “considerablemente” a esa premisa.