El diputado nacional Facundo Moyano presentó un proyecto de ley que estatiza los peajes y el mantenimiento de las autopista Panamericana y del Acceso Oeste -dos de las vías más lucrativas de la Argentina- y pone su administración a cargo de una nueva empresa de mayoría pública y con participación privada y del sindicato. Se trata de dos concesiones que fueron renegociadas por el gobierno de Mauricio Macri y están bajo la mira tanto de la Casa Rosada como de la Justicia, donde hay una causa en trámite.

La propuesta de estatización, fue presentada por el hijo del camionero Hugo Moyano el mes pasado en la Cámara baja, tiene estado parlamentario y ya fue girada a tres comisiones: la de Obras Públicas, la de Transportes y de Presupuesto y Hacienda. Sin embargo, desde los ministerios involucrados dijeron desconocer su contenido y admitieron que no fueron consultados. El legislador fue contactado por este medio para conocer detalles de su iniciativa, pero declinó hacer comentarios.
En el artículo quinto de la iniciativa que presentó Facundo Moyano -que encabezó durante años el gremio de trabajadores del peaje- le asigna a la nueva empresa a crearse, Autopistas Metropolitanas Sociedad Anómina (AUMET SA), la función de “construcción, mejora, reparación, conservación, promoción, ampliación, remodelación, mantenimiento, operación, financiación, administración, explotación, prestación de servicios al usuario, en las trazas, rutas y autopistas que conforman los Accesos Norte y Oeste a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en jurisdicción nacional resguardando el medio ambiente y la seguridad vial”.

Además, le asigna la responsabilidad de desarrollar “la explotación de áreas de servicio, explotaciones complementarias, explotaciones accesorias y toda actividad comercial que pueda desarrollarse dentro la traza de los Accesos Norte y Oeste”.

En el proyecto se crea AUMET SA, con un capital social que se conformará “en acciones que representen al Estado Nacional en un ochenta y tres por ciento (83%) cuyos tenedores serán el Ministerio de Obras Públicas en un treinta y cinco por ciento (35%), el Ministerio de Transporte en un treinta y cinco por ciento (35%) y la Dirección Nacional de Vialidad en un trece por ciento (13%), el diez por ciento (10%) corresponderá a un operador privado y el restante siete por ciento (7%) será destinado a los empleados de AUMET SA representados por la respectiva organización sindical”.
Entre las particularidades de la iniciativa -además de la asignación del 7% de esa empresa al sindicato que fundó y presidió durante años el propio Facundo Moyano- se destaca que los dos ministerios tomaron conocimiento del proyecto que los involucra al ser consultados por este medio. “Desconocemos los alcances del proyecto y su relación con las empresas concesionarias de los Accesos Norte y Oeste a la Ciudad de Buenos Aires”, respondieron fuentes de los ministros Gabriel Katopodis (Obras Públicas) y Alexis Guerrera (Transporte).

La iniciativa también destaca que “la fuente de ingresos de AUMET S.A. provendrá exclusivamente de la recaudación por aplicación del régimen tarifario que fije anualmente el Poder Ejecutivo y cuyo incremento anual no podrá ser inferior que la variación anual del índice de precios internos al por mayor (IPIM) nivel general. Los valores mínimos así determinados serán de aplicación automática”. Es decir que se aplicará, en caso de que prosperara el proyecto, una actualización directa que no tiene ningún otro servicio público ni actividad pública ni privada.

Una concesión polémica

Las concesiones de las dos autopistas -que encabeza la española Abertis- fueron renegociadas por el gobierno de Macri, en un proceso que fue cuestionado ante la Justicia por los diputados kirchneristas Rodolfo Tailhade y Leopoldo Moreau. Los legisladores denunciaron en el expediente que, antes de asumir Macri, la empresa presentó un reclamo por USD 1.100 millones ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (CIADI) y que en base a esa petición, se acordó en 2018 retirar el reclamo a cambio de 750 millones y la extensión de la concesión hasta 2030. Esa operatoria quedó bajo una auditoría por parte de la Casa Rosada, cuya conclusión todavía no se conoce.

A principios de mes, la jueza María Eugenia Capuchetti dictó la falta de mérito de los ex funcionarios macristas Guillermo Dietrich, Nicolás Dujovne, Bernardo Saravia Frías y Javier Iguacel, y ordenó una serie de medidas de prueba para reactivar la causa que investiga las presuntas maniobras fraudulentas que beneficiaron a Abertis, la corporación ligada a las concesiones viales en todo el mundo, y al Grupo Macri en los peajes de los principales accesos a Buenos Aires.

Además, la magistrada ordenó un examen pericial interdisciplinario que quedó en manos del Cuerpo de Peritos Especializados en Casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como así también la extracción de testimonios para que sea otro juzgado el que investigue la hipótesis de lavado de dinero que planteó la Unidad de Información Financiera (UIF) como querellante.