El Gobierno distribuirá antes de fin de año 11.400 millones de pesos entre las obras sociales sindicales en dos tramos para compensarles el costo adicional que afrontaron durante la pandemia por servicios a sus afiliados discapacitados. El diseño técnico de ambos desembolsos, uno previsto para los próximos días y el restante, para el último trimestre, ya estaba plasmado en una resolución de la Jefatura de Gabinete de junio pasado y fue parte de la charla que la CGT mantuvo con Alberto Fernández este lunes en la Casa Rosada. Una vez concretada la distribución será la primera vez en la historia del sistema de salud de los gremios en que el Tesoro nacional realiza un aporte extraordinario sin apelar a los recursos propios del rubro.

Los pagos forman parte de un reconocimiento parcial de la administración de Alberto Fernández a un reclamo histórico de la central obrera: que los gastos en discapacidad por servicios de educación y transporte, es decir no estrictamente médicos, puedan correr por cuenta de los ministerios correspondientes sin salir de las arcas de las obras sociales. Por tratarse de un aporte extraordinario y por única vez el Ejecutivo optó por una solución intermedia sin obligarse hacia adelante a cubrirles a las prestadoras sindicales por esos servicios.

Los desembolsos empezaron a estructurarse hace dos meses con decisiones administrativas de la Jefatura de Gabinete que modificaron el Presupuesto 2021 para incrementar en poco más de 5.500 millones de pesos los recursos del Ministerio de Educación y otro tanto de la cartera de Transporte. El compromiso oficial, ratificado por el Presidente el lunes en la reunión con la CGT, es que ambas partidas serán derivadas por el Tesoro nacional a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) para su aplicación a los programas de discapacidad que compensa el Sistema Único de Reintegros (SUR), la canilla principal de recursos que el Estado les gira a las obras sociales.

La decisión política es clave para la CGT: del total de gastos de las obras sociales, más de la mitad la insume el rubro discapacidad, y de esa porción alrededor de 50% corresponde a servicios educativos y de movilidad (que pueden ir desde el costo de trasladar al afiliado al establecimiento lectivo hasta la necesidad de instalar un ascensor especial para acceder), dijeron los funcionarios del área. En julio la central sindical ya había sido beneficiada con una medida comprometida por Alberto Fernández: la limitación de los traspasos entre obras sociales sindicales durante el primer año de contrato de cada trabajador.

Las prestadoras gremiales habían negociado arrancaron la negociación con Eugenio Zanarini, el primer superintendente de Salud de la gestión del Frente de Todos y quien falleció de un paro cardíaco en mayo pasado. Terminó de firmar las herramientas legales su sucesor, Daniel López, y para los próximos días se espera la inyección de recursos al sistema SUR de la SSS.

El cumplimiento del compromiso de limitar los traspasos y la garantía de Alberto Fernández de que saldará también el desembolso extraordinario por discapacidad alivió a la CGT, que venía de un malestar difundido con el Gobierno por haber sido marginada en el diseño de las listas de candidatos del oficialismo para las próximas elecciones. El lunes, tras el encuentro con el jefe de Estado y su Gabinete, sólo hubo elogios para el Ejecutivo por parte de los sindicalistas. Incluso, como anticipó este diario, la semana que viene se reunirá en la sede de Azopardo 802 el Gabinete socioeconómico con empresarios y gremialistas en un primer simulacro de pacto social para después de las elecciones.