En un giro de 180 grados con respecto a su posición de hace unos meses, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) decidió no apelar el desprocesamiento en Bahía Blanca del presunto testaferro de los Kirchner, Lázaro Báez, quien logró así quitarse de encima la acusación que afrontaba en esa ciudad como presunto jefe de una asociación ilícita fiscal destinada a evadir cientos de millones de pesos.

La AFIP concluyó ahora que Báez utilizó facturas truchas generadas por usinas localizadas en Bahía Blanca –lo que también dio por probado la Cámara Federal con asiento en esa ciudad-, pero que no lideró, ni coordinó la operatoria ilícita que le permitió evadir fortunas con Austral Construcciones.

La nueva postura de la AFIP en Bahía Blanca que benefició a Báez y a su hijo Martín se sumó así al retiro de la acusación que el organismo levantó ayer contra los empresarios patagónicos Cristóbal López y Fabián de Sousa, y el ex titular del organismo, Ricardo Echegaray, en los tribunales de Comodoro Py.

La AFIP fundó su decisión de no apelar el desprocesamiento de Báez como presunto jefe de una asociación ilícita fiscal tras considerar que el presunto testaferro de los Kirchner ya afronta otras investigaciones en el fuero Penal Económico, con sede en Buenos Aires, por la utilización de esas facturas truchas del sur bonaerense.

“Si sostuviéramos ambas acusaciones, estaríamos ante una doble persecución penal”, argumentaron desde la AFIP ante la consulta de LA NACION, argumento que compartió la Fiscalía Federal General de Bahía Blanca.

La posición de la AFIP, como también de la Fiscalía sorprendió, sin embargo, en los tribunales bahienses. Entre otros motivos, porque sus abogados, al igual que los de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la propia Fiscalía habían solicitado a la Cámara que confirmara todos los procesamientos. Es decir, una postura opuesta a la actual en unos pocos meses.

De este modo, Lázaro y Martín Báez quedaron en los tribunales bahienses sólo como usuarios de facturas apócrifas, en tanto que los empresarios Silvio, Franco y Enzo Ficcadenti, más José, Denis y Franco Ferreyra, además del contador Rogelio Chanquía quedaron dentro de la supuesta asociación ilícita fiscal.

Según plantearon los camaristas federales Pablo Candisano Mera y Leandro Picado, “en la causa no se logró demostrar que la estructura conformada por las compañías locales haya sido creada por y para el Grupo Báez, es decir, generada por orden suya y para su único beneficio, extremo que los desvincula de esta investigación”.

En la misma senda, la Cámara Federal también modificó la resolución del juez federal de primera instancia, Walter López da Silva, y benefició al dueño de la financiera Crediba, Néstor Manuel Piñeiro, quien estaba procesado como una figura clave en la presunta operatoria ilícita que se desarrolló durante años en Bahía Blanca.

A diferencia de la postura que adoptó con los Báez, en tanto, la AFIP sí apeló la decisión de la Cámara Federal sobre otros acusados, resolución que también fue recurrida por las defensas, por lo que la Cámara de Casación, la máxima instancia penal del país, deberá revisar todas las situaciones procesales, con la excepción de los Báez.

Turbulencias en Bahía
Desde su inicio en 2014, tras una investigación de LA NACION, la tramitación del expediente judicial afrontó múltiples dificultades en Bahía Blanca. Provocó que el entonces titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, ordenara el cierre de la Regional del organismo en esa ciudad, algo que la Cámara Federal consideró que no logró probarse en el expediente.

La sensibilidad del caso causó también el apartamiento del por entonces primer juez subrogante a cargo del Juzgado federal tras ordenar unos allanamientos en 2015. Y dejó en evidencia la pasividad de los fiscales federales Antonio Castaño y su superior, Alejandro Cantaro, procesado luego por la presunta protección que habría brindado a una banda narco. Ahora se encuentra de licencia y debe afrontar un juicio oral, mientras que su Fiscalía la subroga Horacio Azzolín.

Casi seis años después de que comenzó la investigación, el quinto juez federal que tuvo en sus manos el expediente, López da Silva, ordenó en diciembre de 2020 el procesamiento de Báez como presunto jefe de una asociación ilícita destinada a cometer delitos en perjuicio del Estado por más de $673 millones, y le dictó un embargo por $120 millones. Pero los camaristas revocaron su procesamiento y embargo a fines del mes pasado, y la AFIP ahora decidió no apelarlo.

Mientras tanto, López da Silva debe continuar con la tramitación de esa investigación penal y dos desmembramientos. La primera se centra en la presunta comisión del delito de lavados de activos; la otra, los eventuales delitos que podrían haber cometido los funcionarios de la AFIP para proteger a esa asociación ilícita fiscal y, en particular, a Báez.