El ministro Guzmán se sabe bajo presión, sobre todo de la de Máximo Kirchner, jefe del bloque de diputados del Frente de Todos. La semana próxima el titular de la cartera económica deberá rendir examen ante el bloque que comanda el hijo de la vicepresidenta. Deberá defender allí las pautas de inflación, tipo de cambio y la proyección de déficit fiscal que prevé para 2022, aún más reducida que la de este año. Pero, sobre todo, deberá dar cuentas de la ejecución presupuestaria de este año y de la política de “ajuste fiscal equivocada” que le reprochó Cristina Kirchner en su carta pública. Guzmán tomó el guante y se atrevió a contradecir a la vicepresidenta. “No es lo mismo una política de ajuste fiscal que una reducción del déficit”, retrucó.

Ahora el ministro deberá vérselas con la legión de diputados oficialistas, la mayoría de los cuales –empezando por el hijo de la vicepresidenta- responde al kirchnerismo. Deberá convencerlos de que el rumbo que trazó es el correcto, aunque ya se escuchan algunas voces –otrora disciplinadas- que expresan sus reparos.
Los proyectos económicos del Poder Ejecutivo, que antes solían aprobarlos sin chistar o con apenas con algún retoque cosmético en su articulado, ahora son motivo de un fuerte debate interno puertas adentro del oficialismo, donde, por primera vez, se escuchan voces críticas sobre los parámetros que plantea el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Pruebas al canto: los dos proyectos de ley que el presidente Alberto Fernández y su ministro Guzmán presentaron después de las primarias, el presupuesto 2022 y la nueva ley de hidrocarburos, corren serios riesgos de sufrir modificaciones de fondo a instancias de la propia tropa oficialista. Es altamente probable, además, que el debate y eventual aprobación de ambas iniciativas se postergue para después de las elecciones, con el riesgo que ello implica: si se replica el resultado de las primarias en las elecciones del 14 de noviembre, el Frente de Todos perderá legisladores y verá disminuido su poder de fuego en ambas cámaras.
“Las cuentas fiscales tienen que cerrar, pero con la gente adentro”, se le escucha decir a un conspicuo diputado del kirchnerismo bonaerense. “Es importante la orientación del presupuesto, pero no bajo los parámetros ortodoxos del FMI”, desliza otro. “No hay lugar para más ajuste; la subejecución de partidas debería revisarse”, insisten a coro en el bloque.

Respecto del presupuesto 2022, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller, anticipó lo que es un secreto a voces: el proyecto va a ser modificado. “A pesar de que es un envío del Poder Ejecutivo, es habitual que los ministerios pidan ampliaciones por determinadas cuestiones. Ahora mismo no descartaría que en función de las medidas económicas que se anunciaran, algunas tengan repercusión en los números que mandó el Ejecutivo. No me extrañaría que antes de tratarlo haya correcciones en algunas proyecciones de las medidas que se planteen”, avizoró Heller.

Ley de hidrocarburos
En el Senado, el bloque oficialista descuenta que incluirá cambios en el ambicioso proyecto de hidrocarburos que promociona Guzmán. La iniciativa propone, en líneas generales, un esquema destinado a estimular la producción y las exportaciones de gas y de petróleo en un horizonte a 20 años mediante una serie de beneficios, que incluyen el acceso parcial a divisas y la rebaja de impuestos.

Si bien los legisladores están de acuerdo con estas premisas, oficialistas y opositores objetan dos aspectos claves del proyecto: uno, que el Poder Ejecutivo asuma el monopolio en la toma de decisiones en desmedro de las provincias petroleras. “Es inconstitucional”, bramó el rionegrino Alberto Weretilneck, aliado del oficialismo.

Otra legión de legisladores sospecha que la iniciativa fue diseñada a medida de YPF –empresa mixta encabezada por el santacruceño Pablo González- y sus inversiones en Vaca Muerta, ya que le permitiría compensar quebrantos con beneficios impositivos.

“¿Por qué una empresa, tal vez dos, que en su conjunto suman más del 65% de la producción de petróleo crudo y refinación de gas, gozarán de estos incentivos diferenciales no a las más de 50 empresas que son más pequeñas y que también son del sector?”, acicateó la senadora neuquina Lucila Crexell.

No sólo los legisladores plantean sus dudas. También las empresas del rubro reprochan que la ley ofrezca beneficios fiscales a los productores grandes de petróleo pesado (Escalante) -que se encuentra en Santa Cruz y Chubut-, como son YPF y Pan American Energy (PAE). Algunos de los senadores de Neuquén, Río Negro y La Pampa, que expusieron el jueves último en la comisión de Energía, también lo hicieron notar.
En el sector privado la noticia de que el propio oficialismo modificará proyecto no sorprendió a nadie. “No es una ley mala, pero se desperdicia la oportunidad de armar una norma de promoción de hidrocarburos que genere el marco para que aumenten las inversiones. Para lo que proponen, no se necesita una ley, solo hay que cumplir las normas actuales. Tiene sabor a poco”, señalaron en una compañía.

En otra empresa privada indicaron que el proyecto no deja satisfecho a nadie, ni a las compañías, ni a los sindicatos ni a algunas provincias.

“Hay múltiples intereses de múltiples actores y esto termina siendo un engendro que sirve de poco. Si sale esta ley, no es que la realidad empeorará, pero había una gran expectativa y finalmente no hay ningún beneficio interesante. Además, la Secretaría de Energía se atribuye cierta discrecionalidad en algunos puntos, que genera más incertidumbre. La ley estaba armada para generar más exportaciones y divisas, y finalmente genera lo contrario”, indicaron.

Justamente, lo que critica kirchnerismo es lo que reclaman las empresas: que les aseguren más exportaciones en firme (con contratos que no se interrumpan) y que les permitan tener más libre disponibilidad de esas divisas que generan por las ventas al exterior, ya que se trata de una industria intensiva en dólares. Es decir: más beneficios para desembolsar inversiones. El kirchnerismo no está dispuesto a tanto.