En medio de la discusión pública que se desató en las últimas semanas sobre el rol de los planes sociales, el Gobierno define un proyecto para formalizar a unas 8 millones de personas. Se trata de una iniciativa para crear un monotributo productivo, que ya se envió al Congreso, pero que será complementada por otra normativa que apunta a multiplicar el crédito bancario y no bancario para la economía popular. Esto se acompañará con una modificación del compre estatal para darle mayor nivel de prioridad a asociaciones y cooperativas.

“Crecer desde abajo”, así definió la estrategia en cuestión un alto funcionario del Ministerio Desarrollo Social. En esa línea, explica que desde hace cinco décadas, la cantidad de puestos de trabajo registrados en el sector privado está prácticamente estancada. “El derrame no funciona, tenemos que trabajar directamente con ese sector de la sociedad que trabaja por su cuenta o en unidades de la economía popular”, señala.

El Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular marca que en esas condiciones hay actualmente unas 3 millones de personas. Pero escalando la producción y expandiendo la actividad podrían llegar a ser 8 millones. A ese universo buscan formalizarlo a través de un monotributo productivo. A diferencia de la herramienta ya existente, el monotributo social, que permite facturar hasta la categoría “A”, este permitiría registrar una mayor cantidad de ingresos, hasta la categoría “C”.

Según la iniciativa parlamentaria, el Estado se haría cargo por un determinado período de tiempo del componente de salud. Esos fondos no se volcarán en este caso a las obras sociales sino que se utilizarían para fortalecer el sistema público de salud y se le daría a los beneficiarios acceso a los programas oficiales como el Remediar. Quienes estuvieran comprendidos dentro de la nueva herramienta también tendrían cubierto por dos años del componente jubilatorio.
Al mismo tiempo, un grupo de funcionarios termina de pulir la letra final de un proyecto de “Desarrollo de la Economía Popular”. Según detallaron fuentes oficiales, el foco será fortalecer el acceso al crédito. Se apunta a que el 10% de los depósitos bancarios se utilicen para financiar unidades de este tipo aunque el eje central es la creación de un sistema de créditos no bancarios.

Se generaría un fideicomiso que estaría administrado por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). En todos los casos la tasa estaría subsidiada y muy por debajo a la que se ofrece actualmente en el mercado, pero no se utilizaría para gasto corriente. Sería destinada a la compra de maquinarias y a incrementar el capital de trabajo.

En la letra de la normativa que llegará en las próximas semanas al parlamento, también se incluye un nuevo régimen que ayudará a facilitar la formalización de las unidades productivas de la economía popular. Se incluiría la figura de asociaciones, que requieren de menor cantidad de integrantes que las cooperativas, y se apuntará a desburocratizar los trámites.

El proyecto de ley también buscará modificar el régimen de compre estatal para darle un mayor grado de prioridad a este tipo de proyectos. “Está claro que con los planes sociales no alcanza y que el sector privado registrado hoy no puede dar solución a toda la demanda de empleo; hacer crecer a la economía popular es la única manera de romper con la pobreza estructural”, sostuvo uno de los funcionarios que trabaja en el plan que será presentado en el parlamento.