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ECONOMIA Y POLITICA

26 de abril de 2015

Con una solicitada, gremios del transporte pidieron una reunión con la Presidenta

Es para insistir con su protesta por el impuesto a las ganancias y en reclamo de mayor seguridad contra el delito.

La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte pidió a través de una solicitada que publicó en los diarios una audiencia con la presidenta Cristina Kirchner para insistir con su protesta por el impuesto a las ganancias y en reclamo de mayor seguridad contra el delito.

El consejo directivo nacional de la CATT le record a la mandataria que “en diciembre del año pasado” ya habían publicados sus reclamos “sin que hasta la fecha se logre una alternativa a nuestro pedido”.

Los gremios también le reprocharon a la jefa de estado que haya calificado de “oligarcas” a los choferes que ganan ms de 15 mil pesos mensuales y deben aportar al impuesto a las ganancias porque, advirtieron, su labor requiere “idoneidad y profesionalismo porque genera riesgos y sacrificios”.

“Calificar de oligarcas a los que trabajan diariamente en un sistema de transporte colapsado y callar con quienes acumulan descaradamente ganancias con el juego o la especulación financiera, aleja al gobierno del principio de Justicia Social disociando el Concepto Nacional y Popular al que los trabajadores pertenecen por principio y convicción”, apuntó la solicitada avalada por la CGT de Hugo Moyano.

Además, el texto indicó que “la presidente debe comprender que nuestros reclamos son de estricta justicia”.

Tras insistir con que habían “agotado todas las instancias” para buscar solución a sus reclamos, los dirigentes de la CATT pidieron a Cristina Kirchnerque les “conceda audiencia presidencial”.

Y, le anticiparon el temario que llevaran a un eventual encuentro para hablar sobre “inflación e impuesto al trabajo, equiparación del mínimo jubilatorio con el sueldo mínimo vital y móvil y sinceramiento de las prestaciones de naturaleza previsional y de las asignaciones familiares”.

Asimismo, renovaron sus reclamos por “mayor seguridad contra el delito, retención indebida de los fondos de las obras sociales y una ley federal de transporte”



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