Para el Gobierno nacional el fallo de la Corte Suprema es “de imposible cumplimiento” por el cual se restituye de manera inmediata el dinero que había perdido la Ciudad de Buenos Aires en su momento.

El comunicado dado a conocer pasadas las 20 horas se titula “Un fallo político en contra de las provincias argentinas y de imposible cumplimiento” sintetizando que el gobierno nacional no acatará la disposición judicial, asimismo se informa que se “recusará a los jueces de la Corte Suprema”.
El comunicado reza lo siguiente:
“En la actualidad, según la ley 27.606 vigente y aprobada por el Congreso Nacional en el año 2020, la Ciudad de Buenos Aires recibe, como lo hace desde el año 2002, el equivalente al 1,4% del total de los fondos coparticipables y, además, el monto equivalente al costo de funcionamiento de la policía de la Ciudad de Buenos Aires que se le transfirió en el año 2016.

En un fallo inédito, incongruente y de imposible cumplimiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin fundar el modo por el cual construye dicho monto, decide aumentar ese porcentaje al 2,95; es decir, le otorga a la Ciudad de Buenos Aires más de 180 mil millones de pesos adicionales a los que ya percibe.

Sostiene también que, de manera insólita, que transferirle estos montos millonarios a la CABA no afecta a las provincias argentinas. Esto es completamente falso: esos recursos saldrían del presupuesto nacional, que se ejecuta en políticas públicas, en todo el territorio de la Nación.

En síntesis, en un fallo político, de cara al año electoral, la Corte Suprema pretende sustraerles recursos a todas las provincias para dárselos al jefe de gobierno de la CABA.

Esta medida es, en las condiciones actuales, de imposible cumplimiento, toda vez que el Congreso Nacional aprobó por ley el presupuesto 2023 sin contemplar crédito presupuestario para tal finalidad.

Ante ello, el presidente de la Nación ha decidido instruir a los órganos competentes del Estado Nacional a RECUSAR A LOS MIEMBROS DE LA CORTE SUPREMA y a presentar el pedido de revocatoria “in extremis” de la resolución cautelar dictada.

Por su parte, los gobernadores y gobernadoras de las Provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucumán, al verse afectadas las mismas en forma directa por la arbitraria decisión adoptada por la CSJN, instruirán a las autoridades competentes de sus jurisdicciones para que los estados provinciales soliciten ser tenidos por parte en el expediente acompañando la recusación de los ministros firmantes de dicha medida cautelar y para que soliciten la revocación “in extremis” de la misma.

El comunicado oficial fue firmado por el presidente Alberto Fernández y 14 gobernadores.
Argumentos
La medida cautelar dictada por la Corte Suprema establece que se devuelva a la Ciudad un 2,95% de la coparticipación una cifra inferior al 3.5% que reclamó Horacio Rodríguez Larreta.

El fallo dispone que los envíos de los fondos comiencen ya remitirse y que se efectué de manera "diaria y automática por el Banco de la Nación Argentina". Resta aún conocer la cuestión de fondo respecto a los recursos que la CABA dejo de percibir en 2020.

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella afirmo a través de un tuit que el acuerdo alcanzado en la reunión que mantuvieron los mandatarios provinciales este jueves por la mañana. “Las y los Gobernadores coincidimos en que el fallo de la Corte Suprema tiene una mirada unitaria, netamente centralista del país, que es de imposible cumplimiento para el Gobierno nacional”.

Cabe recordar que, en septiembre del 2020, el presidente Alberto Fernández, a través de un decreto que luego fuera avalado por el Parlamento se redujo en 1 punto los fondos a la Ciudad. Estos fondos fueron utilizados para mejorar la situación salarial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Justamente el tema de los fondos o la ausencia de ellos es uno de los argumentos, que esgrime el gobierno nacional, según trascendió, al afirmar que la orden judicial no es posible de cumplir “porque no están los fondos”.

También el Ejecutivo sostiene que “estos recursos no están contemplados en el Presupuesto Nacional y que por lo tanto se debe enviar al Parlamento una modificación al presupuesto”.

Especialistas en temas presupuestarios sostienen que el Jefe de Gabinete puede reasignar partidas. Pero, el argumento oficial es dichos recursos no están y que, por lo tanto, para cumplir el fallo, el país debería “endeudarse” herramienta que le está vedada por el FMI, sostienen.

Otro de los argumentos jurídicos a utilizar es la Ley de Cautelares que en su artículo 9, sostiene que “los jueces no podrán dictar ninguna medida cautelar que afecte, obstaculice, comprometa, distraiga de su destino o, de cualquier forma, perturbe los bienes o recursos propios del Estado”.

De acuerdo a especialistas en temas legales, sostienen que el Poder Ejecutivo no puede desconocer un fallo de la Corte Suprema. Que, en caso de no contar con los recursos, puede proponer un esquema de pagos, pero no desconocer la sentencia.

La reunión de los gobernadores con el presidente Alberto Fernández fue al mediodía y participaron 14 mandatarios provinciales entre ellos, Axel Kicillof, Gustavo Bordet y Gerardo Zamora, Gildo Insfrán de Formosa, Sergio Zilotto de La Pampa, Mariano Arcioni de Chubut, Osvaldo Jaldo de Tucumán, Sergio Uñac de San Juan, Raul Jalil de Catamarca, Ricardo Quintela de La Rioja y Jorge Capitanich.

Justamente el gobernador de Chaco una vez conocido el fallo a través de las redes sociales sostuvo que el presidente no debía acatar la decisión del Alto Tribunal.

El análisis técnico de la decisión de la Corte fue llevado a cabo por el propio jefe de Estado, el ministro del Interior, “Wado” De pedro, la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos. La conclusión fue que el fallo es inaplicable por razones “técnicas y administrativas”,

Asimismo, consideran que es una “intromisión” de la Corte sobre dos poderes el Ejecutivo y el Legislativo. Argumenta que el Alto Tribunal interviene sobre temas que no le competen, como el presupuesto”