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ECONOMIA

14 de junio de 2023

El Senado Bonaerense trata la Ley de Alquileres

Se trata de un artìculo de la Ley de Alquileresde viviendas con destino urbano y rural se cobre en concepto de honorarios "hasta un 4% a cargo del locador/a, sobre el monto total del primer año de contrato".

Un proyecto de Ley de Alquileres que plantea que el cobro del 4 por ciento de honorarios y los gastos administrativos queden a cargo de los propietarios quedó en condiciones de ser tratado en el recinto del Senado bonaerense luego de haber obtenido dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos de esa Cámara.

La iniciativa, impulsada por la bancada del Frente de Todos junto con asociaciones de inquilinos, busca modificar la Ley de los Martilleros y Corredores Públicos para que en los alquileres de viviendas con destino urbano y rural se cobre en concepto de honorarios "hasta un 4% a cargo del locador/a, sobre el monto total del primer año de contrato".

La propuesta, presentada por el senador Francisco 'Paco' Durañona, prohíbe expresamente en las locaciones de inmuebles en la provincia de Buenos Aires "requerir y/o percibir, mediante cualquier forma de pago, comisiones inmobiliarias y/u honorarios por la intermediación o corretaje a locatarios/as, sublocatarios/as y/o continuadores de la locación" cuando se trate de "una persona física".

La prohibición resulta extensiva a los honorarios por la administración de esas viviendas, y se determina que, "en caso de no existir contrato por escrito, no podrá cobrar honorarios a ninguna de las partes".

Además, en el proyecto que ahora cuenta con dictamen de comisión y que podría ser tratado en el recinto de la Cámara alta bonaerense en las próximas semanas, se determina que "en alquileres por temporada podrá cobrarse hasta el 2% del monto total del contrato a cargo exclusivamente del locador/a".
Con la iniciativa parlamentaria, además se busca que la solicitud de informes de dominio, que se realiza en el Registro de la Propiedad, sea sin costo para los inquilinos, y se pretende que los costos de las certificaciones de firmas y averiguación de informes de garantía también sean afrontados por los propietarios.

El proyecto a la vez establece que el Estado deberá ser quien garantice que las inmobiliarias y martilleros públicos publiquen en los locales y páginas web, sus honorarios y las alícuotas que se cobran en los alquileres, con el objetivo de que el inquilino tenga la información de manera más transparente y accesible.



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