En un mismo acto, el oficialismo ejecutará dos jugadas contradictorias entre sí y por ello polémicas. Primero, pedirá un examen psicofísico del veterano juez Carlos Fayt para apurar su salida de la Corte Suprema. Aducirá sospechas sobre su capacidad mental para ejercer la magistratura. Segundo, rechazará in limine la decena de pedidos de juicio político contra el vicepresidente Amado Boudou, procesado por la Justicia por distintos delitos de corrupción. Pese a que hay semiplena prueba de su responsabilidad -no sospechas-, el kirchnerismo lo salvará una vez más.

Ambas jugadas tendrán lugar en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, presidida por Anabel Fernández Sagasti, joven dirigente de la agrupación La Cámpora. La comisión tiene mayoría oficialista.

En el temario a debatir hoy figuran el caso Fayt y el pedido del kirchnerismo para abrir un "proceso investigativo" que permita conocer el estado de salud del magistrado. Además, en el orden del día se incluyeron, a reclamo de la oposición, los pedidos de juicio político contra Boudou; la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y el canciller Héctor Timerman.

"Nuestra intención es agotar el temario. Vamos a tratar todos los temas y a definir si es conveniente o no iniciar los procesos respectivos", indicó  la jefa del bloque oficialista, la diputada Juliana Di Tullio.

Se descarta que, por una cuestión de lealtad política, el kirchnerismo rechazará in limine los pedidos de enjuiciamiento contra los funcionarios del Gobierno. Aducirá que estos pedidos no reúnen las condiciones objetivas de la causa ni subjetivas del denunciante como para iniciar la apertura de un sumario de investigación. En suma, los condenará al archivo. No es la primera vez que los diputados oficialistas salen en auxilio de funcionarios kirchneristas con pedidos de juicio político en su contra. Sin ir más lejos, el 12 de agosto del año pasado también rechazó in limine 19 pedidos de juicio político formulados contra Boudou. Argumentó por entonces que las denuncias sobre supuestos hechos ilícitos se encontraban en etapa de investigación judicial, sin resoluciones firmes.

"La presidencia de esta comisión [de Juicio Político] entiende que avanzar en cualquiera de ellos resulta a todas luces violatorio del principio de división de poderes, al intentar utilizar un instrumento excepcional para entrometerse en una decisión pendiente en otro poder y cuya única finalidad sería la de instalar una presión al magistrado lesionando su independencia e imparcialidad", justificó el oficialismo en su dictamen.

Pese al archivo de las denuncias, en los últimos meses se presentaron nuevos pedidos de enjuiciamiento contra Boudou. Los más recientes se fundamentan en la resolución que emitió, en febrero pasado, la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital: en ella confirmó el procesamiento de Boudou sin prisión preventiva "como autor del delito de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública".

Habrá que ver qué argumentos utilizará ahora el oficialismo para archivar estos nuevos pedidos de enjuiciamiento: difícilmente podrá aducir, como la vez anterior, que se trata de denuncias políticas sin fundamento.

Podrá argumentar, otra vez, que se violaría la división de poderes. ¿No sucede lo mismo con el caso Fayt?, acicateará la oposición.