El kirchnerismo logró anoche uno de sus objetivos más relevantes del año en la módica actividad del Congreso: la Cámara de Diputados convirtió en ley un controvertido paquete de proyectos judiciales para implementar el nuevo Código Procesal Penal, avanzar con un régimen de designación de jueces subrogantes y crear una Cámara Federal de Apelaciones en Santa Cruz. Los legisladores opositores lo consideraron un paso en la “búsqueda de impunidad” para los funcionarios del Gobierno, a seis meses del final del mandato de Cristina Kirchner.

Tres de los siete proyectos acapararon las mayores polémicas, en una sesión con el recinto semivacío casi toda la tarde –con los legisladores pendientes del cierre de los frente electorales y ya en campaña o en discusión por las listas–, aunque por momentos con fuertes cruces entre oficialistas y opositores. Y en el inicio hubo también un contrapunto por la ofensiva del kirchnerismo en el Congreso contra el juez de la Corte Suprema, Carlos Fayt (ver “Nuevos choques...”).

“Deslegitimar la discusión por alguien en particular no me parece honesto. Yo no tengo que defender a nadie ni lo blindaría. Hay gente en el recinto y también afuera que quiere que este Gobierno no termine en paz”, aseguró por el oficialismo Graciela Giannettasio –titular de la Comisión de Justicia– en el inicio del debate, en referencia a las críticas que abundarían sobre las atribuciones que dará la reforma del Ministerio Público Fiscal a la procuradora Alejandra Gils Carbó, alineada con el Gobierno.

El radical Manuel Garrido cuestionó varios aspectos del paquete: denunció “un acuerdo con la Justicia federal para que no avancen con las causas de corrupción”, dado que la implementación del Código en los juzgados federales quedará para más adelante; consideró “una monarquía dentro del sistema democrático” la estructura vertical y sin controles del Ministerio Público; cuestionó por “inconstitucional” el nuevo régimen de designación de jueces subrogantes para los Tribunales inferiores a la Corte y lo adjudicó a la intención del Gobierno de “pasar en tiempo récord a la Cámara Penal federal” a Sebastián Casanello para reemplazar a Eduardo Farah.

“Si sumamos las atribuciones al titular del Ministerio Público y la designación arbitraria de jueces y fiscales, el resultado de estos proyectos será buscar la impunidad de la Presidenta, sus funcionarios y su familia”, dijo el macrista Pablo Tonelli. Margarita Stolbizer (GEN) se refirió en su discurso a los más de 2.300 cargos que se abrirán con el paquete de proyectos. “El Gobierno viene usando la administración pública para reclutar militantes, la proliferación de cargos públicos produce la destrucción de la carrera judicial”, aseguró.

Ya entrada la noche, la kirchnerista Diana Conti replicó con dureza y acusó a los opositores de “hundir” a la democracia. “Es ridícula, mezquina e intolerable la campaña difamatoria. No necesitamos ninguna impunidad, el pueblo necesita una Justicia penal rápida y transparente”, defendió los proyectos. 

El temario incluyó la creación de una Cámara Federal en Luis Piedra Buena, una localidad de Santa Cruz con 4.100 habitantes.